Por: Jonathan Blitzer
Cuando la activista Berta Cáceres fue baleada en su casa, el mes pasado, el gobierno de Honduras, durante años había sido advertido sobre las crecientes amenazas contra ella, había sido atacada, procesada y ultrajada; entonces se prometió una investigación.
En Honduras, que tiene la tasa de homicidios más alta del mundo, estas investigaciones rara vez concluyen bien: el noventa y ocho por ciento de los crímenes quedan sin resolver. Así que el presidente Juan Orlando Hernández, uno de sus aliados, de forma rápida afirmó estar trabajando con el F.B.I. para obtener respuestas sobre el asesinato de Cáceres. Su gobierno también buscó la ayuda de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Pero era una trampa. El F.B.I. no está involucrado en la investigación. (Un detective retirado de Nueva York está ayudando con el caso, pero no es afiliado con ninguna agencia de aplicación de la ley estadounidense.) Y, como la familia de Cáceres ha señalado, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU no es el grupo correcto a ser llamado, porque su trabajo es observacional, no de investigación. El candidato ideal, como ya los funcionarios estadounidenses como el senador Patrick Leahy, han argumentado, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (I.A.C.H.R.), cuya ayuda el gobierno Hernández ha evitado en gran medida.
La organización tiene una historia turbulenta con el gobierno de Honduras: se advirtió repetidamente a Honduras a tomar medidas para proteger a Cáceres. Última medida del gobierno fue proponer que su grupo anticorrupción recién formado, la Misión de Apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, debe conducir la investigación, aunque no está aun totalmente instalada y no es todavía operacional. (La Misión de Apoyo se creó, a principios de este año, por Honduras y la Organización de los Estados Americanos después de que el gobierno de Hernández intentó, y fracasó, para crear un organismo nacional creíble para hacer frente a la corrupción del Estado.)
Cáceres estuvo involucrada en una disputa de tres años con una empresa hondureña denominada, Desarrollos Energéticos S.A., o DESA, quien estaba tratando de construir una presa a lo largo del río Gualcarque, en el occidente de Honduras. La comunidad indígena local, el pueblo Lenca, se ha opuesto desde hace tiempos al compromiso del proyecto que se contrajo con la empresa para construir la presa en 2010, pero la construcción ha continuado con el apoyo del gobierno de Honduras, quien ha prestado sus fuerzas de seguridad policial para ayudar contra las protestas. En 2013, Cáceres y el grupo que lideró, el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue noticia internacional después de convencer a dos de prominentes apoyos extranjeros del proyecto para retirarse. Alrededor de ese tiempo, DESA presentó cargos criminales contra el Cáceres, y ella se vio obligada a esconderse por una nueva explosión de amenazas.
Dos semanas después del asesinato de Cáceres, me encontré con su hija, también llamada Berta, que se encontraba en Nueva York con otros miembros de para hablar frente a la U.N. y se extendió entre N.G.O.s sobre qué, exactamente, ha estado ocurriendo en Honduras. Dos días antes, otro activista de la protesta, Nelson García, había sido asesinado cuando salía de un pueblo llamado Río Chiquito, donde él y un grupo de activistas indígenas estaban luchando contra una orden de desalojo del alcalde de la ciudad.
Cáceres estaba molesto, pero sin sorprenderse por la muerte de García. Tres de los colegas de su madre en COPINH habían muerto antes que ella al resistirse contra el proyecto de la represa de DESA. “Esto es lo que sucede cuando el gobierno nos demoniza” (estigmatiza), dijo acerca de la comunidad Lenca, que ha luchado contra una serie de proyectos de desarrollo respaldados por el gobierno en el oeste de Honduras.
DESA era un lugar obvio para las autoridades comenzar su investigación, pero tardó once días para que los investigadores del estado visitaran la sede de la empresa. En lugar de ello, las autoridades aplicaron una teoría de que el asesinato de Cáceres fue perpetrado por un compañero activista, ya sea como un “crimen pasional” o como parte de una lucha de poder dentro de la organización. Se interrogó a ocho de los organizadores en locales del grupo, hasta por doce horas a la vez, según The Guardian, y se detuvo a uno durante dos días antes de dejarlo en libertad sin cargos.
El único testigo del asesinato, un activista mexicano de nombre Gustavo Castro Soto, que estaba con Cáceres en su casa cuando los hombres armados irrumpieron, fue tratado como un sospechoso durante los dos días en que permaneció bajo custodia. Le habían disparado dos veces en el ataque, y fue cubierto en su sangre y la de Cáceres. Sin embargo, como escribió en un e-mail a sus colegas al día siguiente, “Durante toda la mañana de ayer y hasta bien entrada la noche, no podía cambiar mi ropa ensangrentada.”
Más tarde, se le ordenó a identificar a los asesinos de Cáceres a partir de una colección de fotos y videos de los miembros de COPINH. Ahora, de vuelta en México, sostiene no sólo que fue intimidado y maltratado durante la detención, sino que la escena del crimen, en la casa de Cáceres, había sido “modificada y alterada.” “Ahora, esto es muy básico,” me dijo la hija de Cáceres. “Si no se puede obtener estas cosas como deben ser, entonces ¿qué esperanza hay para una real investigación?”
Por la ley de Honduras, la familia de una víctima de asesinato puede tener un papel en la investigación, con acceso al expediente del caso y la oportunidad de consultar con expertos de su propia elección. La utilidad de dicha función, sin embargo, está en función de lo que las autoridades investigadoras permiten, y la oficina del fiscal del Estado ha frustrado en varias ocasiones a la familia Cáceres. Cuando la familia pidió que un especialista forense debería estar presente en la autopsia, fue ignorada; cuando pidió ver las afirmaciones hechas por Gustavo Castro Soto, se le negó la solicitud.
A finales del mes pasado, la hija de Cáceres, su abogado, y otros dos activistas se reunieron con el Fiscal General y el fiscal principal en el Ministerio Público, en la capital, Tegucigalpa. Los activistas habían escrito sus preocupaciones en forma de una carta abierta al Fiscal General y Presidente. El fiscal general, me dijo Berta Cáceres (hija), se comprometió a estudiar cada queja. “Me dijo que, personalmente, no tenía ningún problema con la participación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),” dijo. “Pero nos dijo que no él el llamado a hacerlo, y que correspondía al Presidente.”
Él les dijo que iba a redactar una orden y estado que se acompaña esa misma noche para agilizar otras peticiones de la familia para obtener más información acerca de la investigación. (El lunes por la tarde, el gobierno de Honduras invitó a un representante de la CIDH para visitar Honduras y evaluar la investigación, de acuerdo con un comunicado emitido por la Embajada de Honduras. Esa invitación es muy por debajo de lo que el Secretario General de la CIDH ha recomendado -un panel público de investigadores extranjeros de renombre.)
Algo extraño sucedió después. El abogado de Cáceres comenzó la lectura de la carta del grupo, y el tono de los representantes de los gobiernos, hasta entonces cortés, se convirtió de forma explosiva en confortativa. Durante semanas, la familia Cáceres ha estado tratando de conseguir el fiscal líder de la investigación retirado del caso sobre la base de que se enfrenta a un claro conflicto de intereses. En una oportunidad anterior él trabajó en estrecha colaboración con el abogado actual de DESA, y los dos al parecer, se han mantenido amigos.
Cuando el abogado de Cáceres dio lectura a una pregunta sobre su conexión con DESA, el fiscal saltó de su asiento, según Cáceres, y, en elevando la voz, se dirigió al Fiscal General. “No es cierto, pero está bien”, recordó Cáceres decir, con los ojos todavía fijos en el otro oficial. El fiscal (General) dijo que escribiría un pedido formal para su remoción del caso y salió precipitadamente de la habitación. Cáceres aún no sabe si ha renunciado; ella no ha visto ninguna declaración formal en este sentido, ni ha escuchado nada del gobierno. (La oficina del Fiscal General de Honduras no respondió a repetidas solicitudes de comentarios.) “El gobierno habla a las embajadas extranjeras. Escribe declaraciones públicas. Aparece en las ruedas de prensa. Pero no habla con nosotras “, me dijo Cáceres.
A principios de este mes, un periódico de Honduras publicó documentos gubernamentales filtrados que detallan el asesinato del ex zar antidroga del gobierno, temeroso de que él iba a denunciar su corrupción. El jueves, el Presidente anunció medidas de emergencia para eliminar los mil quinientos agentes de policía, y afirmó que quería ir aún más lejos.
“O eliminamos la Policía Nacional o creamos [una fuerza] que goza de la confianza del público”, dijo. Para los activistas de derechos humanos, su propuesta para acabar con la policía por completo plantea preguntas acerca de su sustitución. Desde el inicio de su mandato, en 2014, Hernández ha expandido las filas de una fuerza de seguridad militarizada que ha tomado medidas enérgicas contra los críticos de la administración. Entre esos críticos han sido grupos como COPINH, cuyas manifestaciones en lugares como La Esperanza, donde murió Cáceres, rutinariamente se han encontrado con la represión violenta del gobierno.
La lucha contra la corrupción de la policía se hace afianzada por soldados, en lugar de policías, con las responsabilidades tradicionales de aplicación de la ley es algo así como un cambio de cebo, me dijo Dana Frank, una experta hondureña en la Universidad de California en Santa Cruz. “Hernández está usando esto como un frente para que parezca que está luchando heroicamente contra la corrupción y, con mayor riesgo, por lo que puede abolir la policía, al parecer, y continuar su proyecto a largo plazo con los militares para hacerse cargo de la policía nacional”, dijo, señalando que esto era en abierta violación de la Constitución de Honduras. Esta denuncia y acción contra la policía le sirve a otro propósito, de acuerdo con Frank. “Se desaparece el caso de Berta Cáceres de los titulares.”(Tomado de NewYorker)
