Por: Redacción CRITERIO
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), advierte que el Congreso Nacional es el único que de acuerdo a la Constitución puede establecer, modificar y suprimir impuestos; por lo tanto, no se puede justificar razones de emergencia para que el Ejecutivo asuma estas funciones, como se plantea en el proyecto de Ley del nuevo Código Tributario.
El ICEFI considera que el proyecto de Código Tributario es un avance en la modernización del derecho tributario hondureño. Sin embargo, recalca que se deben estudiar algunos aspectos relacionados con el derecho de los contribuyentes, la autonomía funcional y financiera de la administración tributaria, así como el rol de los Poderes del Estado en el ámbito de la tributación.
Además, destaca positivamente que el proyecto aglutine en un solo cuerpo legal, temas tributarios que en la actualidad se encuentran dispersos en diferentes leyes. Asimismo, la propuesta incluye elementos de simplificación tributaria e incorpora las lecciones de mejores prácticas a nivel internacional. En general, se fortalece las actuaciones de la autoridad tributaria. Sin embargo, la propuesta incluye aspectos que deben ser revisados para no debilitar el derecho a la defensa, la resolución expedita de conflictos y peticiones, y otros temas similares.
Otros notorio avance es la mayor claridad sobre el significado y alcance de los conceptos tributarios; la definición de hechos conexos que ayudan a prevenir la evasión fiscal; el establecimiento de derechos del obligado tributario; el acceso a la información bancaria por parte de la autoridad tributaria; el establecimiento de multas diferenciadas de acuerdo a la capacidad económica, y la determinación de períodos específicos de las exoneraciones.
Otros aspectos a analizar son: incluir la revisión periódica de los beneficios otorgados al amparo de las exoneraciones para conocer si están cumpliendo sus objetivos; analizar a fondo si no se violan la presunción de inocencia y el derecho de defensa, como lo reconocen las leyes nacionales; establecer una resolución expedita de solicitudes de parte de la autoridad tributaria; simplificar el cálculo de los montos de las sanciones, algunos de los cuales no fortalecen la obligatoriedad de pagar; y discutir sobre la naturaleza vinculante de las consultas.
En cuanto a la gobernanza, el Instituto reconoce que la fortaleza del sistema tributario es el resultado de un marco legal apropiado y un engranaje institucional desarrollado para una aplicación efectiva de la legislación.
En ese sentido, el Instituto recomienda que la autoridad recaudadora de impuestos sea dotada de autonomía funcional y financiera, recursos humanos calificados, recursos tecnológicos y un marco legal complementario consistente. El Instituto advierte la inconveniencia de que la autoridad tributaria dependa de la presidencia de la República, como es el caso de la Dirección Ejecutiva de Ingresos.
Por otra parte, la renovación del Código Tributario debe estar acompañada de nuevas leyes del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto sobre Ventas, dado que los cambios realizados desde su aprobación son tan numerosos que se prestan a problemas de aplicación y evasión fiscal.
Se destaca también la necesidad de contar con un Poder Judicial capaz, honesto y ágil para llevar a la práctica las nuevas regulaciones establecidas. El Instituto observa con agrado la propuesta de tribunales especializados ya que se impedirían decisiones antojadizas de jueces sin la suficiente preparación en el ámbito tributario.
El nuevo Código debe estar articulado a un marco de política fiscal integral, es decir, más allá de la obtención de recursos, lograr una ejecución eficiente, eficaz y transparente del gasto. Esto significa que la obligación de pagar impuestos debe estar cimentada en la reciprocidad entre los contribuyentes y el gobierno. Lo anterior, exige bienes públicos de calidad, rendición de cuentas, combate a la corrupción y participación ciudadana en las discusiones y decisiones sobre el presupuesto.
En este sentido, el Icefi reitera su apoyo a la iniciativa del Grupo Promotor del Diálogo Fiscal en la búsqueda de un pacto fiscal en Honduras. Asimismo, insta al gobierno de la República a ser receptivo a los diversos puntos de vista de los sectores que han sido consultados y de aquellos que quieran aportar sobre tan importante legislación nacional.
