Por: Maggie Trejo Ayala
“Los que para tener libertad de prensa
y derechos constitucionales
compraron diarios y radios y plantas de TV
con todo y periodistas y locutores y camarógrafos
y compraron la constitución política con todo y
Asamblea Legislativa y Corte Suprema de Justicia”.
– Roque Dalton
La noticia se esparcía rápidamente y acaparaba los titulares en todos los medios de comunicación: la historia se repite y después de seis rondas de votación, las élites gobernantes, a través del bipartidismo, se reparten el número de magistrados y se apoderan nuevamente de la Corte Suprema de Justicia.
En el año 2008, la Comisión Internacional de Juristas realizó un análisis sobre la elección de magistrados para el período 2009-2015; en aquel momento se logró constatar diversas irregularidades en la elección de los candidatos desde los entes proponentes. Quedó evidenciada la ausencia de debates al interior del Congreso Nacional sobre los candidatos propuestos, lo cual comprobó la existencia de acuerdos políticos ajenos a los criterios primordiales para un nombramiento dentro del Poder Judicial.
Los magistrados electos en aquella ocasión cumplieron su objetivo, avalaron un Golpe de Estado y todos los crímenes cometidos en el marco de éste, se ensañaron contra el pueblo y protegieron a los poderosos y, finalmente, abrieron las puertas a uno de los intereses principales de Juan Orlando Hernández: la reelección presidencial.
En los últimos meses fuimos testigos de un proceso de selección igual o más cuestionable que el anterior, con evidentes conflictos a lo interno de los sectores proponentes y una Junta Nominadora con muy poca credibilidad. Entre todas estas irregularidades se recibieron los 200 candidatos, para luego reducirlos a los 45 presentados en la nómina al Congreso Nacional; nuevamente se observó que esa selección no tomó en consideración los méritos ni los resultados de las diversas pruebas realizadas a los candidatos.
La votación dentro del Congreso Nacional generó una enorme expectativa, particularmente por los distintos planteamientos de los miembros de la Alianza de Oposición. Mientras el bipartidismo destinaba todos sus recursos a obtener la cantidad de votos requerida para la elección, las Bancadas Opositoras debían consensuar una estrategia que permitiera frenar aquellas intenciones. En medio de esa incertidumbre, llegó la primera votación y con ella, el primer triunfo de la Oposición: la lista de los 15 candidatos del oficialismo no fue aprobada.
Con el respaldo del pueblo, la Oposición mantuvo su postura negándose al voto secreto; en tres ocasiones seguidas, se veían frustradas nuevamente las intenciones de las élites. Fue entonces cuando se intensificaron las ofertas para los diputados, poniendo sobre la mesa cantidades millonarias a cambio de sus votos. Los eslabones más débiles de la Oposición cedieron y fue así como hasta la sexta votación se logró validar a los 15 escogidos para dar continuidad al proceso de manipulación de la justicia.
Esta nueva CSJ, presidida por Rolando Argueta, asume sus funciones dentro de un ambiente de duda y bajo el severo escrutinio de la sociedad. Recibe la línea de garantizar impunidad a los responsables del saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, además de allanar el camino de la reelección. Aún más importante, se encuentra con un pueblo sediento de justicia y cansado de la opresión; un pueblo plenamente consciente de que mientras sigamos siendo gobernados por estas élites mezquinas, no obtendremos la justicia que tanto necesitamos.
