Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- Aunque suene como a chiste mal contado, todos los acuerdos, traslados y cancelaciones de personal hechos durante los últimos 12 meses a través del Consejo de la Judicatura serán sujetos a un proceso de revisión por la Dirección de Administración de Personal del Poder Judicial.
Los nombramientos que han sido aprobados por el departamento de personal, serán sujetos a investigación tras quedar al descubierto presuntas irregularidades en la gestión del recurso humano en el Poder Judicial, la pregunta que cabe aquí es: ¿Dónde estaban cuando se hicieron esos nombramientos?
Las ilegalidades comenzaron a aflorar tras el autonombramiento del concejal Francisco Quiroz, quien se vio obligado a renunciar al cargo de magistrado de la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, que asumiría dentro de dos años, una vez que salga de concejal.
El titular del poder judicial, Jorge Rivera Avilés, confirmó que la Dirección de Administración de Personal del Poder Judicial analizará en menos de un mes los nombramientos realizados en más de un año por el Consejo de la Judicatura y aquí surge otra interrogante: ¿Dónde estaba Rivera Avilés cuando se dieron esos nombramientos si él es el presidente del Consejo de la Judicatura? ¿Significa esto que Teodoro Bonilla manejaba ese consejo a su antojo?
Y vean ustedes amigos lectores que irrisorio esta situación, porque entre los casos señalados se menciona la designación del motorista del presidente de la Corte como defensor público, el nombramiento de su hijastro como secretario general del Juzgado Civil y otra serie de traslados y designaciones de personas que cumplen con los requisitos de ley.
Las autoridades de la Corte Suprema de Justicia han señalado que de llegar a comprobarse la falta de algún requisito legal y que el mismo sea insubsanable se procederá a su anulación inmediata.
El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, fue creado por el Congreso Nacional (CN) para despolitizar los nombramientos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero desde que entró en funciones ha permanecido envuelto en la polémica y entre denuncias de prevaricato y de intervención en la aplicación de la justicia.
