Por: Redacción CRITERIO
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La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), consideró hoy que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), propuesta por la Organización de Estados Americanos (OEA), debe ser independiente, autónoma, efectiva y debe generar cambios sistémicos en el combate a la corrupción e impunidad, dijo el director Omar Rivera.
La APJ, plantea una serie de propuestas, detalladas en ocho puntos fundamentales, que tienen como objetivo hacer eficaz las mismas y tener éxito y resultados inmediatos de alto impacto para el país.
Los ocho puntos son: 1) Mandato de la MACCIH, 2) Independencia y calidad de los recursos, 3) Efectividad de la acción anticorrupción, 4) Resultados inmediatos, 5) Juzgados especializados anticorrupción, 6) Transparencia y rendición de cuentas, 7) Acciones complementarias, y 8) Paquete integral de reformas.
En resumen, la APJ, considera que el Grupo de Fiscales, Investigadores y Jueces Anticorrupción debe poseer atribuciones, facultades, competencias y capacidades claramente definidas, para la ejecución de acciones de investigación de delitos y la acción coordinada y articulada, con la contraparte nacional, es decir los operadores de justicia nacional debidamente certificados. En el pasado otras misiones internacionales fracasaron en su objetivo por no tener un mandato claro y poder delimitado.
Un mandato claro y un poder delimitado permitirá a la MACCIH, escoger, priorizar y construir los casos emblemáticos que investigará y tener la independencia para desarticular patrones y redes de corrupción.
Sumado a eso es imperativo que la MACCIH, sea independiente, de cualquier poder del Estado, así como presupuestariamente, para evitar el riesgo de obstáculos políticos, legales, administrativos y logísticos en la investigación y sanción de la corrupción en Honduras; asimismo, la Misión, deberá ser trasparente en su gestión y rendir cuentas de sus ejecutorias de forma periódica.
La APJ, propone que la contraparte nacional, es decir el equipo de operadores de justicia que trabajará hombro a hombro con la MACCIH, deben ser sometidos a las pertinentes pruebas de confianza y certificados que los declaren competentes, aptos e indicados para sobrellevar esta responsabilidad.
Para la APJ es de vital importancia que las pesquisas sobre actos ilícitos culminen –cuando existan méritos- en requerimientos fiscales y acciones judiciales que castiguen a delincuentes y criminales que han afectado el patrimonio nacional y el de individuos y empresas.
Se debe establecer un mecanismo de cumplimiento de las recomendaciones que formule la MACCIH, así como un sistema de seguimiento, evaluación de las mismas así como un régimen de sanciones a quienes incumplan esas recomendaciones.
Rivera expresó que se sugiere, a la comunidad internacional que financiará la MACCIH, que establezca precondiciones, condicionalidades e indicadores de resultados de esta iniciativa. Asimismo la Sociedad Civil debe implementar procesos de auditoría social y de verificación de la efectividad de la Misión.
El abordaje pragmático de la acción anticorrupción en Honduras, debe privilegiar los resultados de corto plazo, los efectos positivos inmediatos y las victorias tempranas, que sean fulminantes contra el núcleo político, burócrata y empresarial de la corrupción en Honduras. No se deben admitir “paños tibios”, apuntó Rivera.
Tampoco se debe permitir la injerencia, inveterada, de los partidos políticos y poderes económicos para obstaculizar y dilatar las investigaciones de la MACCIH, ya que eso otorgaría a los corruptos la oportunidad para organizarse, comprar impunidad, mover sus activos o fugarse del país.
Las acciones de la MACCIH, deben efectuarse en el marco de la absoluta transparencia y rendimiento de cuenta, tanto a la comunidad internacional que la patrocinará, como al Estado, las diferentes expresiones de la sociedad civil, medios de comunicación y ciudadanía en general.
La APJ, ratificó su propuesta, hecha pública en junio pasado en el documento Acción Anticorrupción en Honduras (AACH), de impulsar un paquete integral de reformas que asegure: transparencia y rendición de cuentas en el financiamiento de las campañas políticas, regular fideicomisos públicos, fortalecer marco jurídico de compras y contrataciones públicos (bienes, servicios y recurso humano) y que el secreto de Estado no sea un impedimento al control social y combate a la corrupción.
