Por: Edmundo Orellana
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El Poder Judicial, como órgano de gobierno, aplica la política del Estado. Siempre ha sido así. Nuestro Código Civil, por ejemplo, es la expresión de un nuevo sistema político y económico, surgido de la revolución francesa, del que Napoleón se jactaba y reconocía ser su mejor legado a la humanidad. Y el Civil es, probablemente, el más antiguo código en vigencia que aplican nuestros tribunales.
Cuando la producción industrial comenzó a insinuarse en el sistema de producción artesanal prevaleciente, el previsor gobierno del momento, impulsó un Código de Comercio regulador de las nuevas relaciones comerciales que ese novísimo modo de producción generaría. Desde la aprobación del Código de Comercio, a la fecha, el desplazamiento de las reglas civiles por las mercantiles en el país, ha sido más que obvio. Todo gracias a decisiones políticas oportunas, cuya aplicación corresponde a los jueces.
La justicia, entonces, no está divorciada de la política; es más, le es consustancial. De lo que sí está divorciada, es de la política partidista, porque ésta, por su carácter tóxico, contamina. Por eso, la ley prohíbe a los jueces militancia política partidista, pero no les inhibe de asumir posiciones políticas, como ha quedado claramente reconocido en la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación con el tema de los jueces destituidos por la Corte Suprema de Justicia, por sus posiciones políticas asumidas en ocasión del Golpe de Estado.
El juez, entonces, debe ser un sujeto capaz de asumir y manifestar posiciones en relación con las circunstancias que lo rodean. La diferencia con los demás, es que sus manifestaciones, aunque pueden consistir en declaraciones generales, contentivas de sus percepciones, de ordinario, no exceden los límites de sus sentencias, proferidas con apego, no solo a letra de la ley, sino también al espíritu del legislador, sin sustraerse, desde luego, de las circunstancias sociales, económicas, políticas y culturales de su entorno.
Las posiciones políticas del juzgador enriquecen la jurisprudencia, innovando el derecho y beneficiando al país. La apreciación de las circunstancias económicas del momento, le permitió, por ejemplo, al juez francés innovar el derecho de los contratos, cuando aceptó como causa de modificación del contrato, en el célebre “caso del gas de Burdeos” (en 1916), la “imprevisión por causas sobrevinientes”, en clara oposición al dogma de la época, la “cláusula pacta sunt servanda”, cuando esas “causas sobrevinientes” causen una excesiva onerosidad al contratista, garantizándole a éste una adecuada compensación; es el caso también de la suprema corte de Estados Unidos, cuando, eliminando la segregación racional, liberó a una gran masa de su población de las cargas socio-económicas que la discriminación imponía, permitiendo, a los segregados de entonces, acceder a un mundo de infinitas oportunidades.
Necesitamos, pues, jueces conscientes de nuestra realidad, con posiciones políticas claras sobre la misma. Capaces de juzgar, no solo apegándose a la ley material, sino también apreciando la dinámica social, política y económica, en la que esa ley debe aplicarse.
Los jueces político- partidistas no garantizan ni siquiera fidelidad al partido que los postula, como pudo comprobarse con la participación de la Corte, mayoritariamente liberal, en la conspiración golpista contra el gobierno liberal de Zelaya. Los jueces con posiciones políticas definidas en relación con la realidad nacional, son más independientes, por el proceso de formación de su criterio, y menos susceptibles de ser presionados por los partidos políticos, de quienes se sienten distantes, cuestión que quedó ampliamente demostrada con la participación de los jueces favorecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ese aciago evento, del que la Corte Suprema fue promotora principal.
Mal hacen, entonces, los políticos exigiendo porcentajes de participación en la Corte Suprema. Si realmente quieren que Honduras sea segura, estable, creíble y atractiva- incluso para la inversión extranjera- deben, por el contrario, promover la independencia judicial, asegurándose de que los jueces, en lugar de compromisos político- partidistas, asuman la responsabilidad de contribuir, con su imparcialidad, al desarrollo económico, social, político y cultural del país, directa y decididamente.
