Por: Redacción CRITERIO
Aunque avanza con el mismo esquema a la elección anterior, la escogencia de los 15 magistrados que integrarán el pleno de la corte suprema de justicia para los próximos siete años, cubre la expectativa de un antes y un después en la aplicación de justicia en la honduras de hoy.
La junta nominadora que desde septiembre de 2015 dirige el proceso de selección y depuración de candidatos, está cerca de entregar al Congreso Nacional la lista final de 45 candidatos, profesionales del derecho que han pasado un tortuoso proceso de selección, análisis y calificación de idoneidad, pruebas de confianza y audiencias públicas para llegar hasta ese sitial.
El tamiz para discriminar a los mejores candidatos, incluye la vigilancia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), embajada de Estados Unidos, misión de observadores electorales de la Unión Europea y la comisión internacional de juristas, entre otros.
En el plano nacional, la veeduría de organismos de sociedad civil, entes de derechos humanos, medios de comunicación y la vindicta popular, que hoy más que nunca está atenta a que los diputados del Congreso Nacional escojan a los mejores candidatos para mejorar la interpretación, aplicación y bajar la mora judicial en el país.
Este proceso no ha estado ausente del acoso de algunos sectores sociales y partidos de oposición política, particularmente Libertad y Refundación (LIBRE), Partido Anti Corrupción (PAC), e Innovación y Unidad (PINU-SD), que cuestionan el mecanismo de selección ante la posible injerencia del oficialismo.
En otro ángulo, liberales, udeistas, democristianos y nacionalistas ven en esta elección un parte de aguas e indicativo por dónde andará la justicia, en un compromiso generalizado para restituir la credibilidad a la impartición y cumplimiento de la ley.
Lo novedoso en la elección de los nuevos magistrados es la omnipresencia de Estados Unidos que ante la debilidad de la ley en Honduras ha demandado extraditar al menos 19 ciudadanos y ha asegurado bienes en su país y en el extranjero.
Asimismo, será el nuevo poder judicial el que tomará decisiones trascendentes en la resolución de casos de corrupción, revalidar reformas constitucionales como la reelección presidencial y emitir el marco jurídico que derogue el auto acordado que permite la extradición de ciudadanos hondureños a los Estados Unidos de América.
Sin embargo, la prueba final está en el terreno de la clase política, representada en el hemiciclo legislativo donde la disposición de fuerzas es más ruidosa como nunca antes.
Será en ese espacio donde se consume la elección de la nueva corte, que en sus hombros carga el imperativo categórico de determinar si Honduras entrará a un parte de aguas en aplicar, interpretar e impartir justicia en el país.
Los organismos internacionales sobre todo los vinculados a lo jurídico y a los Derechos Humanos han recomendado hasta el cansancio que el pueblo debe participar más activamente, sin embargo aún seguimos a la espera de esas manifestaciones del pueblo- pueblo, que al fin y al cabo, siempre es el más afectado con las decisiones tomadas en el Poder Judicial.
Quedamos pues con los ojos bien abiertos sobre que pasa y a quienes se elige en esta nueva Corte Suprema de Justicia.
