Por: Joaquín Mejía R.
En la historia de Honduras nunca ha existido un sistema judicial que se entienda y que actúe como tal, sino que hemos tenido —con algunas excepciones de funcionarios y funcionarias judiciales honestas— un “servicio judicial” que se obtiene en el mercado de las influencias en donde los grupos económicos, políticos y religiosos tienen el poder para comprarlo.
Por eso es que a estos grupos les importa tanto controlar la Corte Suprema de Justicia, pues con la existencia de un poder judicial sin independencia e imparcialidad, logran proteger sus intereses con celeridad y diligencia, y garantizar la impunidad de sus delitos y perversiones políticas.
Al leer la lista de 97 candidatos y candidatas que continuarán participando en el proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, se reafirma que la Junta Nominadora es cómplice de continuar con la lógica del reparto político en materia de justicia. Para muestra un botón.
En esta lista aparecen 4 de los actuales magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia -Rosa de Lourdes Paz Haslam, Jacobo Antonio Cálix, Raúl Antonio Henríquez Interiano y Víctor Manuel Martínez Silva-, y 1 ex magistrado que fue destituido de la Sala de lo Constitucional -Gustavo Enrique Bustillo Palma-.
Durante la ruptura del orden constitucional estas personas se pusieron al servicio del gobierno de facto, profundizaron el estado general de impunidad, propiciaron la abstención y desidia judicial, y dejaron a las víctimas en una situación de absoluta indefensión y vulnerabilidad. En palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estas personas participaron en pleno en el golpe de Estado defendiendo la ilegalidad.
También en esta lista aparecen 3 concejales del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial -Celino Aguilera, Liliam Maldonado y José Francisco Quiroz-, quienes desde su nombramiento iniciaron un cuestionable proceso de “depuración judicial” que viola el principio de legalidad y representa un efectivo obstáculo a la independencia de jueces y juezas.
Que estas 8 personas hayan pasado el primer filtro del proceso de elección para magistrados y magistradas, pone en tela de juicio los criterios y controles ejercidos por la Junta Nominadora pues la sola participación directa en un golpe de Estado y el irrespeto a la legalidad, los deslegitima y descalifica súbitamente.
Sin negar que haya candidatos y candidatas idóneas en dicha lista, pareciera que solo servirán como un caballo de Troya que una vez más asaltará la “Casa de la Justicia” y la llenará de “jueces y juezas sombrías” para que continúe siendo, como decía el poeta Sosa, “un templo de encantadores de serpientes” que garantice que “todo se consuma bajo esa sensación de ternura que produce el dinero”.
