Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-La atención de la niñez y adolescencia en Honduras se ha visto fuertemente afectada con el recorte del 70 por ciento del presupuesto durante el 2015, lo que impacta de manera negativa en los programas a favor de este sector, especialmente el que se encuentra en riesgo social.
El director de la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (Coiproden), Wilmer Vásquez, señaló que la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) recibió durante el 2015 apenas 90 millones de lempiras, mientras que en el 2014 al Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA se le asignaron 300 millones.
A juicio de Vásquez con los fondos asignados, el DINAF difícilmente podrá cumplir su función y con el rol para el cual fue creado y mucho menos podrá financiar los programas y servicios que fueron tercerizados a través de los gobiernos municipales, iglesias y de las organizaciones no gubernamentales.
“Para ahora en el 2016 hemos podido ver que en la mayoría de los rubros que tienen que ver con este sector de la población hay una disminución en el presupuesto, situación que preocupa enormemente porque éste sector representa el 50% de personas menores de 18 años en Honduras y es el sector al cual menos recursos se les estaría dando por parte de este presupuesto general”, acotó Vásquez.
Las cifras asignadas a los niños y jóvenes fueron analizadas este jueves en el marco de la presentación del informe “Honduras: la política fiscal no mejora el presente ni construye el futuro”, presentado este jueves por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
El informe apunta que un ejemplo del deterioro del gasto social durante el presente gobierno, es el relacionado con las inversiones en la niñez y adolescencia, que pasará de representar 8.6% del PIB en 2013 a 7.7% en 2016. En términos reales (considerando la inflación), se observa una reducción de la asignación diaria, la cual pasa de US$0.86 (2013) a US$0.75 (2016).
En términos del PIB, no sería esta la primera vez que la inversión pública en niñez y adolescencia (IPNA) se reduzca en aproximadamente un 1.0% del PIB, pues esto ya sucedió en 2011, con los consecuentes impactos en el bienestar de este grupo etario, señala el Icefi.
Cabe anotar, como aspecto ilustrativo de esos impactos, que la niñez deportada y recibida por el IHNFA, entre 2012 y 2014 (cifras a octubre) pasó de 1,832 a 9,469 niños migrantes. También, que la cobertura en vacunación para menores de 2 años de edad bajó de un 95.6% en 2012, a un 87.4% a finales del 2014.
El director de la red Coiproden, Wilmer Vásquez, quien fue parte de los panelistas, apuntó que las asignaciones del gasto social que hace el actual gobierno son incongruentes con los presupuestos orientados a seguridad y defensa, los que han incrementado en un 161% y en 101 %, respectivamente.
“Quiere decir que si la mayor cantidad de recursos están asignados a defensa y seguridad ahí está puesto el corazoncito del presidente de la República y de los representantes de los otros poderes del Estado y hacia ahí se están orientando las acciones para fortalecer, entre comillas, la seguridad ciudadana en el país, pero lo que realmente se está profundizando es la militarización de la sociedad”, sentenció.
En virtud de la carente asignación presupuestaria para la educación y salud durante el 2016, Vásquez pronosticó que las escuelas y colegios del sector público no podrán contar con laboratorios de computación e inglés, ni con bibliotecas o libros de textos que permitan el desarrollo didáctico y pedagógico de la enseñanza en los centros educativos.
Asimismo, “los centros de salud y hospitales seguirán desabastecidos de medicamentos porque la demanda será siempre mayor en función de la oferta, cuando no hay una verdadera inversión social en los grupos vulnerabilizados por el sistema”.
En resumen, dijo, habrá muchos más jóvenes que no van a estudiar, que no van a trabajar, “jóvenes que se convierten en presa fácil del crimen organizado, de las maras y pandillas, del narcotráfico, del tráfico de armas, del tráfico de personas; niños y niñas tendrán que seguir migrando buscando mejores oportunidades de vida, las familias enteras emigraran buscando salvar sus vidas, en un Estado que les está negando las oportunidades”.
Para el director de Coiproden la dotación de más fondos para la militarización, tiene un propósito político partidistas e intereses continuistas en el poder por parte del presidente Juan Hernández.
