A seis meses del asesinato de Juan López, defensores continuán exigiendo la creación de una comisión técnico cientifica independiente para investigar el crimen, mientras se señala la ausencia de compromiso por parte de la institucionalidad
Personas defensoras indican que pese a la persistente inseguridad en Tocoa y la zona del Bajo Aguán, el Estad de Honduras no asume su responsabilidad como garante de la protección de los derechos humanos
Foto de Portada: Horacio Lorca/Criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras. – A seis meses del asesinato de Juan López, la exigencia para el establecimiento de una comisión técnico-científica independiente que investigue el crimen sigue sin ser atendida por las autoridades.
El Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) de Tocoa denunció, mediante un comunicado el pasado viernes 14 de marzo, que si bien se ha capturado e iniciado un proceso judicial contra tres supuestos autores materiales, no existen avances significativos que identifiquen a los autores intelectuales detrás del asesinato del líder ambiental y regidor de Tocoa.
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Además, indicaron la ausencia de compromiso por parte del Ministerio Público para avanzar en la investigación del crimen, remarcando la falta de capacidades técnico-científicas de dicha institución lo que pondría en riesgo la investigación, al no sustentar integralmente las causas detrás del asesinato.
Lucía Vijil, analista socioambiental, dijo a Criterio.hn que, ante la falta de credibilidad de la institucionalidad, así como la forma en que operan tanto los operadores de justicia y la Policía en la investigación de asesinatos, sentaría un precedente relevante que identifique factores e información clave para el esclarecimiento del crimen.
“Casos como el Berta Cáceres, por ejemplo, también han tenido comisiones o grupos de trabajo independientes que realmente han identificado nuevos factores o información clave para encontrar a los culpables de los asesinatos”, compartió Vijil.
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Desde el CMDBCP apuntan que las causas que originaron la violencia que finalizó en el asesinato de Juan López, Alí Domínguez, Jairo Bonilla y Oquelí Domínguez, así como el desplazamiento de decenas de familias de las comunidades, sigue operando en Tocoa, a la vez que la empresa minera Pinares Ecotek continuaría trabajando de forma ilegal en el Parque Nacional Carlos Escaleras.
Otras exigencias, incluyeron el manejo integral por parte del Ministerio Público de las investigaciones que involucran los requerimientos por daños ambientales, falsificación de documentos públicos y el asesinato de Juan López; así como la cancelación del megaproyecto minero energético Pinares-Ecotek y la implementación del decreto 18-2024 que prohíbe la minería en áreas protegidas, así como la restauración de zonas afectadas por esta actividad.
Si bien en julio de 2024, el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) negó a Inversiones Los Pinares las prórrogas de concesiones mineras ASP y ASP2 en el Parque Nacional Carlos Escaleras, a través de Inversiones Ecotek se ha continuado insistiendo, a través de la institucionalidad, en la instalación de una planta termoeléctrica. Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek, son filiales del Grupo Emco, presidido por Lenir Pérez.
El pasado 12 de marzo, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) acompañó, junto a otras organizaciones defensoras de derechos humanos, la petición de un acompañamiento internacional en los procesos de exigencia de justicia en casos como el de Juan López.
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