Instan a gobiernos de Canadá y Honduras para que Randy Jorgensen enfrente cargos por usurpación y posesión ilegal de tierra. Además, llaman a proteger los derechos indígenas e implementar políticas que eviten su desplazamiento
A través de un comunicado de prensa, instaron a los gobiernos de Canadá y Honduras a tomar medidas para que el empresario canadiense, conocido como el “Rey del Porno Canadiense”, enfrente los cargos en su contra por usurpación y posesión ilegal de tierra.
Jordan Giger, cofundador de Black Lives Matter South Bend y cocoordinador de Co-Redes, indicó durante una conferencia de prensa que están demandando que tanto Jorgensen como sus socios comerciales enfrenten la justicia por la ocupación ilegal del territorio garífuna.
Giger también llamó a la protección de los derechos de los pueblos indígenas e invitó a otras organizaciones internacionales de derechos humanos a monitorear la situación y garantizar justicia.
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Previamente, en el pronunciamiento remarcaron la necesidad de “implementar y hacer cumplir políticas que protejan los derechos de las poblaciones indígenas en Honduras, previniendo futuras exploraciones y desplazamientos”.
La coalición de organizaciones–conformada por Black Lives Matter Canada, Co-Redes Negras por la Paz y la Justicia, Global Exchange, el Movimiento Popular por la Paz y la Justicia y Black Lives Matter South Bend– recordaron que “la lucha contra el racismo sistémico y la explotación colonial trasciende fronteras”.
En abril de 2024, el Ministerio Público aseguró más de 233 bienes inmuebles a Randy Roy Jorgensen, Malik Zoharan y Darren Wade tras una denuncia por estafa y lavado de activos presentada por sus compatriotas canadienses.
El llamado “Rey del Porno Canadiense” arribó a Honduras desde antes de 2008, cuando fue denunciado por el pueblo garífuna ante la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural por el delito de usurpación del territorio ancestral de las comunidades garífunas en la Bahía de Trujillo.
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Durante el proceso judicial contra Jorgensen, el Ministerio Público presentó documentos del Instituto Nacional Agrario (INA) que confirmaban la usurpación del territorio ancestral de las comunidades garífunas de Cristales y Río Negro en Trujillo. Pese a esto, el canadiense fue sobreseído.
Miriam Miranda, coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), señaló en junio de 2024 que, a pesar de existir una orden de captura contra Randy Jorgensen, la Policía hondureña le protege y prefiere perseguir a la población garífuna que esta recuperanado la tierra usurpada por el canadiense.
En noviembre de 2024, la Ofraneh denunció nuevamente a Randy Jorgensen ante el Ministerio Público, por la supuesta comisión del delito de tráfico ilegal de bienes patrimoniales arqueológicos.
