Aunque Honduras reportó una reducción significativa en la tasa de homicidios durante 2024, el país sigue registrando la cifra más alta de Centroamérica.
Este descenso permitió que las principales ciudades salieran de los rankings de las más violentas del mundo, pero la persistencia de la criminalidad evidencia las deficiencias en materia de seguridad.
Tegucigalpa, Honduras.- Honduras mantiene la tasa de homicidios más alta de Centroamérica, a pesar de haber registrado una caída del 26.5% en 2024. Según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) cotejados por InSight Crime, la tasa se redujo a 25.3 homicidios por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, el país sigue encabezando los índices de violencia en la región, superando a Costa Rica, que ocupa el segundo lugar con 16.6 homicidios por cada 100,000 habitantes.
El gobierno de la presidenta Xiomara Castro atribuye la reducción al estado de excepción que ha estado vigente desde el 6 de diciembre de 2022, afectando a más del 92% de la población en 226 de los 298 municipios del país.
Bajo estas medidas, las fuerzas de seguridad (Policía Nacional y Fuerzas Armadas) han operado con poderes extraordinarios debido a la suspensión de seis derechos fundamentales (69, 78 ,81, 84, 93 y 99) establecidos en la Constitución de la República, facultándolos para, por ejemplo, hacer allanamientos sin orden judicial.
Sin embargo, un análisis detallado de los datos muestra que la disminución de homicidios no es exclusiva de las zonas bajo estado de emergencia. Mientras que en los municipios con estas medidas la tasa promedio en los últimos seis meses de 2024 fue de 26.3, en aquellos donde no se aplicaron las medidas la caída fue aún mayor, con un descenso del 34% en comparación con 2022.
A nivel departamental, las Islas de la Bahía registraron la tasa de homicidios más alta del país, con 43.7 asesinatos por cada 100,000 habitantes, concentrados en su mayoría en Roatán, la principal isla turística de Honduras. Islas de la Bahía podría situarse en la punta porque fue el escenario de varios asesinatos múltiples durante el año anterior. En contraste, el departamento de Valle reportó la tasa más baja, con 10.1 homicidios por cada 100,000 habitantes.
En el ámbito municipal, Tegucigalpa y San Pedro Sula lograron mejoras relevantes, con tasas de 17.4 y 18.1 homicidios por cada 100,000 habitantes, respectivamente. Ambas ciudades lograron salir del ranking de las 50 más violentas del mundo, según el análisis de datos. Sin embargo, la violencia sigue siendo extrema en municipios rurales como San Miguelito, en Intibucá, donde la tasa de homicidios alcanzó los 111.2, la más alta registrada en el país en 2024, aunque representa una disminución en comparación con los últimos seis años.
El Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) maneja registros propios sobre homicidios en Honduras, los cuales históricamente han mostrado cifras ligeramente más altas que las reportadas por Sepol, de acuerdo con el análisis de datos. Estas diferencias responden a variaciones en las metodologías utilizadas y la actualización de cifras oficiales, lo que ha generado cuestionamientos sobre la veracidad de los datos presentados por el gobierno y su uso como justificación de las políticas de seguridad implementadas.
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El análisis por género muestra que el 91% de las víctimas de homicidio en 2024 fueron hombres, con una tasa de 47.5 homicidios por cada 100,000 habitantes, mientras que las mujeres representaron el 9% de los casos, con una tasa de 4.4. Si bien ambos indicadores se encuentran en los niveles más bajos desde 2013, los feminicidios siguen siendo una preocupación debido a la falta de estrategias específicas para su prevención y el alto grado de impunidad en estos casos.
Cortesía: InSight Crime
SIN EFECTIVIDAD
En conclusión, de acuerdo con el análisis de datos elaborado por InSight Crime, a pesar de la reducción general en la tasa de homicidios, los números sugieren que la violencia sigue siendo un problema estructural en Honduras. La militarización y la suspensión de derechos constitucionales no han demostrado ser la única causa de la caída en los asesinatos, y el hecho que municipios fuera del estado de emergencia hayan registrado reducciones similares refuerza las dudas sobre la efectividad de estas medidas. Mientras el gobierno continúe atribuyendo mejoras en seguridad a estrategias sin evidencia clara de su impacto real, la crisis de violencia en el país seguirá latente.
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En términos simples, el promedio de seis homicidios diarios en el país, el auge de la extorsión y delitos conexos, junto con los múltiples asesinatos registrados, refuerzan posturas como la del director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, quien sostiene que el estado de excepción es una medida desgastada, politizada, sin objetivo claro y sin resultados efectivos.
Además, Castañeda advierte que el estado de excepción podría convertirse en una herramienta del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) en el contexto electoral, beneficiándose del poder ampliado que ostentan los cuerpos de seguridad pública. A pesar de las expectativas de un enfoque distinto bajo esta administración, estas fuerzas han terminado por consolidarse como los principales instrumentos de control de la presidenta Xiomara Castro.
