Además del acto público de reconocimiento realizado esta mañana, la sentencia ordena indemnizar a cada exmagistrado con 515,000 dólares, sumando un total de 2,060,000 dólares. Esto equivale a 12.7 millones de lempiras por persona
Tegucigalpa, Honduras. – El Estado de Honduras reconoció hoy su responsabilidad por la violación de garantías judiciales y del principio de legalidad en la destitución irregular de cuatro de los cincos exmagistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en 2012.
Esta mañana, los titulares de los tres poderes del Estado—Legislativo, Ejecutivo y Judicial—participaron en el acto público de reconocimiento de responsabilidad, en el caso: “Gutiérrez Navas y otros vs. Honduras”.
En el panel también estuvieron, la secretaria de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, y el procurador de la República, Manuel Díaz Galeas.
Durante el acto, los funcionarios recordaron los hechos ocurridos y reafirmaron su compromiso de evitar que situaciones similares se repitan. La secretaria de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, destacó que este reconocimiento no solo implica la violación de los derechos de los exmagistrados, sino también una pérdida de confianza en el sistema judicial.
Además, recordó que la destitución fue una represalia por haber declarado inconstitucionales leyes como la de las Redes Especiales de Desarrollo (RED) y las pruebas de confianza a policías, entre otras.
Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, aseguró que el Estado asumirá las reparaciones, pero insistió en que los responsables deben responder por los daños.
Por ello, instó a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Ministerio Público (MP) a tomar medidas para resarcir no solo a las víctimas, sino también a la población hondureña.
SOBRE EL CASO
El caso Gutiérrez Navas y otros vs. Honduras refiere a la destitución de cuatro magistrados la madrugada del 12 de diciembre de 2012, durante la gestión de Juan Orlando Hernández como presidente del Congreso Nacional (2010-2014).
Pero, fue hasta el 1 de abril del 2024 cuando, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) condenó al Estado de Honduras por violar los derechos de los exmagistrados José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira.
Meses antes la ilegal destitución de cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, -caso por el que hoy el estado reconoció su responsabilidad internacional-, declararon inconstitucionales las Redes Especiales de Desarrollo (RED), y las pruebas de confianza a policías
Entre las violaciones señaladas están la falta de garantías judiciales, la independencia judicial, los derechos políticos, la estabilidad laboral y la integridad personal.
Además del acto público de reconocimiento realizado esta mañana, la sentencia ordena indemnizar a cada exmagistrado con 515,000 dólares, lo que en total suma 2,060,000 dólares, cifra que equivale, aproximadamente 12.7 millones de lempiras por persona.
La Corte-IDH calificó como arbitraria e ilegal la destitución de los exmagistrados, señalando que el Estado hondureño violó sus derechos e interfirió en la independencia judicial, además, recomendó reformar la legislación para garantizar la estabilidad de los jueces.
