Tegucigalpa, Honduras.– En la maratónica sesión del Congreso Nacional entre la noche del 4 y la madrugada del 5 de febrero, en la que se aprobó bajo cuestionamientos el presupuesto general de 2025, también se dio el primer debate para ratificar el estado de excepción, una medida que, en esta última prórroga, sigue sin ser constitucional al no haber sido aprobada en un tercer debate por el pleno.
La diputada del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, leyó en primer debate el dictamen al decreto ejecutivo PCM-032025 que extiende hasta el 19 de febrero el estado de excepción, pero no progresó. Aún quedan dos debates pendientes, en los que los diputados deberán decidir si lo ratifican, lo modifican o lo rechazan.
“Lo suscritos miembros de la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana, nombrados para emitir dictamen sobre la convocatoria del Poder Ejecutivo, que tiene como propósito conocer, ratificar o improbar el decreto PCM-032-2025, que busca suspender por 45 días las garantías constitucionales establecidas en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99 de la Constitución de la República, a partir de las 6:00 p.m. del domingo 5 de enero hasta las 6:00 a.m. del miércoles 19 de febrero de 2025”, leyó Silvia Ayala, secretaria alterna del Congreso Nacional.
En su intervención, la diputada Silvia Ayala, quien busca reelegirse por cuatro años más en el Congreso Nacional, afirmó que la Comisión de Seguridad, tras evaluar los resultados de la medida, determinó que el estado de excepción debe continuar vigente al menos hasta el 19 de febrero, última prórroga emitida por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, al no contar con el respaldo de los diputados opositores, el decreto no avanzó a un tercer debate para su aprobación, por lo que sigue sin tener validez legal.
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PARTIDO NACIONAL NO APOYARÁ UNA NUEVA RATIFICACIÓN
El diputado del Partido Nacional, Hernán Guevara, explicó que el procedimiento legislativo establece que cualquier decreto debe pasar por tres debates antes de su ratificación, a menos que se solicite una dispensa para avanzar directamente a la votación final. En este caso, no se solicitó ninguna dispensa, por lo que el decreto deberá seguir el trámite regular. Además, aseguró que su bancada se mantiene firme en su postura contra la medida, al considerar que ha sido utilizada con fines políticos y no ha logrado frenar la criminalidad.
“El oficialismo no tiene los votos necesarios para ratificar el estado de excepción. Para aprobarlo, requieren al menos la mayoría simple de 65 votos, y no cuentan con ese respaldo”, sostuvo Guevara, quien también advirtió que, en un año electoral, esta medida podría afectar el proceso democrático al restringir la movilidad de los ciudadanos.
Hernán Guevara consideró que está posiblemente no se ratifique esta nueva prórroga al estado de excepción.
Según el legislador, que también busca la reelección, su bancada ha votado en contra de las prórrogas del estado de excepción en reiteradas ocasiones, argumentando que los resultados han sido cuestionables y no han representado una solución efectiva a la criminalidad. Sin embargo, el oficialismo ha logrado ratificar la medida en las pocas ocasiones que la ha sometido a votación, gracias al respaldo de algunos diputados del Partido Nacional y del Partido Liberal, pese a que ambos representan la principal fuerza opositora.
“Nosotros hemos mantenido una postura firme contra esta medida porque no ha dado los resultados que prometieron. El estado de excepción se ha convertido en un instrumento político más que en una estrategia real de seguridad, y por eso no lo hemos apoyado”, afirmó Guevara.
Este escenario deja abierta la posibilidad de que el decreto sea sometido a votación en la sesión que debería celebrarse el próximo martes, aunque su aprobación sigue en incertidumbre debido a la firme oposición de las bancadas contrarias al oficialismo. Los diputados opositores, como lo expuso Guevara, al contrario de lo dictaminado por la Comisión de Seguridad, han cuestionado la efectividad del estado de excepción, señalando que no ha logrado una reducción sostenida de la criminalidad y que, en cambio, ha servido como un mecanismo de control sin abordar las causas estructurales de la violencia.
Para el doctor en derechos humanos Joaquín Mejía, la discusión sobre la prórroga del estado de excepción no debe limitarse a un cálculo político, sino centrarse en un análisis riguroso de sus resultados en materia de seguridad y derechos humanos.
De acuerdo con lo expuesto por Mejía, se debe evaluar si la criminalidad ha disminuido de manera sostenible y si las garantías fundamentales han sido respetadas es crucial para determinar su continuidad.
“Hablamos de la ‘Bukelización’ de la seguridad en Honduras porque esto es una copia de lo que hizo Bukele en El Salvador”, advirtió Mejía, señalando que la militarización no ha sido una respuesta efectiva al crimen. En un país con un 87% de impunidad, las fuerzas policiales y militares continúan operando sin controles ni consecuencias por los abusos cometidos durante la implementación de la medida.
