El Bufete Justicia para los Pueblos denunció colusión entre el Ministerio Público y terceros interesados en despojar tierras a la población lenca
Según el abogado Junior Zúniga, los requerimientos fiscales por usurpación son aceptados sin cumplir los parámetros del delito ni realizar las investigaciones necesarias
Foto cortesía: Bufete Justicia para los Pueblos
Tegucigalpa, Honduras. –– En audiencia inicial y ante la ausencia de pruebas que sustenten el delito de usurpación, fueron sobreseídos de forma definitiva cinco liderazgos lencas en Siguatepeque, Comayagua.
De acuerdo con el Bufete Justicia para los Pueblos, este es un nuevo caso que muestra “la colusión entre el MP [Ministerio Público] y terceros con intereses en despojar tierras” a la población lenca.
El abogado Junior Zúniga apuntó que, tanto en este caso, como en otros que involucran la reivindicación del territorio, se admiten requerimientos fiscales por el delito de usurpación sin que se concreten los parámetros del delito o se realicen las diligencias de investigación necesarias.
“[H]ay una gran falencia, tanto a nivel investigativo como en el Poder Judicial a la hora de evaluar la prueba”, indicó Zúniga, al momento de señalar que en muchos casos los jueces se dejan llevar por historias que la fiscalía o acusadores privados dan sin que exista un sustento del delito.
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Los liderazgos lencas que fueron criminalizados son: Thelma Sánchez Vásquez, Saúl Núñez Avelar, Melvin Alberto Hernández Gonzáles, Julián Cardona Enamorado y Mario García González, quienes forman parte de los Consejos Indígenas Lenca de Potrerillos, que abarcan a los consejos de Alianza, Unidos por el Trabajo y Gracias a Dios.
Zúniga indicó que las personas sobreseídas se dedican al trabajo de campo y han realizado solicitudes de adjudicación de tierras. Incluso, como representantes legales de los liderazgos, lograron rastrear una solicitud en la que el Instituto Nacional Agrario (INA) mandó a adjudicar la tierra y se les otorgue un título definitivo en dominio pleno a la comunidad, sin embargo, se realizó un cambio de tierra nacional a propiedad privada, comentó.
“Ni el mismo INA, ni ellos [los afectados] se dan cuenta cómo sucedió eso, pero de un momento a otro, algo que era nacional, que iba a pasar a mano de los compañeros [del consejo indígena], de repente apareció privado”, manifestó Zúniga.
El profesional del derecho señaló que los liderazgos de Potrerillos no son los únicos en el municipio de Siguatepeque que enfrentan procesos de persecución penal bajo la figura de usurpación. Este delito también esta siendo utilizado contra otros defensores del territorio, entre estos el Consejo Indígena Rincón de Alonso y Río Bonito.
Tras la audiencia celebrada el lunes 13 de enero, el Bufete Justicia para los Pueblos afirmó mediante un comunicado que, si bien celebraban la victoria para la y los defensores, advirtieron “que el Estado de Honduras continúa procesando maliciosamente a las y los defensores con el propósito de despojarles de su territorio indígena, sometiéndoles injustamente a procesos legales emocionalmente costosos”.
El uso de la figura del delito de usurpación para criminalizar la defensa de la tierra y el territorio es herencia del régimen del expresidente Juan Orlando Hernández, hoy encarcelado en EE. UU tras ser condenado por delitos ligados al narcotráfico.
Las organizaciones de sociedad civil y movimientos sociales han solicitado al Congreso Nacional la reforma o derogación parcial del delito de usurpación, contemplado en el decreto 93-2021, sin embargo, no ha existido voluntad política para abordar la problemática.
