Desde que Ramiro Fernando Muñoz asumió el cargo de Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional el 21 de junio de 2023, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado abusos de autoridad por parte del militar
Según la defensora de derechos humanos Rihanna Ferrera, aunque se ha logrado cierto avance en el control de los centros penitenciarios, aún queda una importante deuda en cuanto al respeto y cumplimiento de los derechos humanos.
Tegucigalpa, Honduras. – Ramiro Fernando Muñoz fue oficialmente separado de su cargo como comandante de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) el miércoles 8 de enero de 2025, durante la ceremonia de ascensos de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.). En su lugar asumió el coronel Melvin Edgardo Flores.
El acto de traspaso de mando tuvo lugar en el Complejo de la Policía Militar del Orden Público, donde también se oficializaron cambios en diversos batallones. Entre los asistentes destacaron la precandidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, y el actual jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevet Hernández.
La destitución de Ramiro Fernando Muñoz ha sido el cambio más destacado, pero siempre mantiene responsabilidad sobre la intervención de los centros penales, una función que asumió en junio de 2023 tras la masacre en la que 40 mujeres perdieron la vida en la Penitenciaría Nacional de Mujeres en Támara.
La Intervención que duraría hasta junio de 2025 pero se amplió un año más es decir hasta el 2025 del mismo mes.
Su salida de la PMOP implica que ya no podrá formar parte de la Junta de comandantes, lo que también lo excluye como posible candidato a jefe del Estado Mayor Conjunto, cargo que quedará vacante en diciembre de este año cuando Roosevet Hernández lo deje.
La salida de Ramiro Fernando Muñoz de su cargo desató especulaciones sobre posibles conflictos internos dentro de las Fuerzas Armadas de Honduras. (Foto: cortesía redes sociales).
En declaraciones a los medios de comunicación, Muñoz comentó sobre su salida y dijo que, durante sus dos años al frente de la PMOP, no utilizó las fuerzas para cometer abusos o colaborar con organizaciones criminales en el país.
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QUEJAS DE ABUSO
Aunque Ramiro Fernando Muñoz aseguró no haber abusado de su cargo, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos habían solicitado reiteradamente su destitución, especialmente de su puesto en los centros penitenciarios de Honduras.
Estas solicitudes se basan en denuncias de abusos de autoridad y violaciones a los derechos humanos atribuidas al militar.
Por ejemplo, el 20 de agosto de 2023, diez organizaciones defensoras de derechos humanos enviaron una carta conjunta a la presidenta Xiomara Castro solicitando el retiro del coronel Ramiro Fernando Muñoz de su cargo como Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional.
La petición se basó en los desaciertos ocurridos durante su gestión, especialmente en materia de derechos humanos. El texto de la carta resaltó las críticas hacia Muñoz por ignorar las recomendaciones relacionadas con el trato a los privados de libertad, lo que constituye una violación a la prohibición de la tortura y afecta negativamente la imagen del país y de la presidenta Castro.
Ese mismo mes, se filtró un audio en el que se escucha a Muñoz insultando y amenazando a un subalterno que, presuntamente, apuntó su arma contra él. En el audio, Muñoz insinuó que, en otras circunstancias, habría ordenado su asesinato.
Tras la controversia, Muñoz ofreció disculpas, argumentando que sus palabras fueron resultado del incidente con el arma y negando haber violado procedimientos de seguridad, sin embargo, abogados especialista en derechos mencionaron que lo ideal era una investigación por parte del Ministerio Público.
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DEUDA EN DERECHO HUMANOS
En relación con la situación del sistema penitenciario, Rihanna Ferrera, presidenta de la organización defensora de derechos humanos Cozumel Trans, expresó que, a pesar de un aparente control en los centros penitenciarios bajo el mando de Ramiro Fernando Muñoz, las violaciones a los derechos humanos siguen ocurriendo.
Ferrera explicó que, aunque se han dado órdenes para que se respete y se maneje a los privados de libertad de acuerdo con los derechos humanos, algunos subalternos continúan cometiendo abusos.
En este contexto, destacó que su propuesta siempre ha sido trabajar de la mano con las organizaciones, abordando el tema desde una perspectiva integral, y no solo a través del control y el uso de la fuerza.
Según Bessy Almedares, integrante del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT), la militarización del sistema penitenciario es un claro retroceso en su manejo.
Almendares argumentó que recurrir a esta práctica demuestra que no se están promoviendo medidas integrales. Esto se refleja en las constantes quejas recibidas de los familiares de los privados de libertad, ya que las leyes establecen que los militares no deben asumir estas funciones.
