Tegucigalpa, Honduras. – Las y los pobladores de las comunidades de Colón, en la costa del Caribe hondureño, continúan exigiendo se someta a la justicia a los autores intelectuales del asesinato del líder ambiental, Juan López, y la cancelación de los proyectos mineros instalados en el Parque Nacional Carlos Escaleras.
A casi tres meses del asesinato de López, las comunidades no han descansado exigiendo un alto a la impunidad y corrupción responsables de los asesinatos de defensores ambientales. Este es el caso de las y los feligreses de la iglesia católica en Sonaguera, Colón, quienes recientemente expusieron la necesidad de aplicar la justicia a los implicados en los daños ecológicos en la reserva natural.
Recalcaron la responsabilidad que tiene el estado hondureño en la protección a la integridad física de los familiares de Juan López, así como sus compañeras y compañeros defensores de los bienes comunes en Tocoa, Colón.
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El Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía se ubica entre los departamentos de Colón, Yoro y Olancho. Cuenta con tres proyectos mineros distribuidos en los municipios de Tocoa, Sabá y Gualaco.
En el pronunciamiento, recalcaron la necesidad de liberar definitivamente el Parque Nacional Carlos Escañeras del “control ilegal de las concesiones mineras que incluyen los proyectos Pinares Ecotek en Tocoa, Las Golondrinas en Sabá, ambos ubicados en Colón, y finalmente El Venado en Gualaco, Olancho.
Agregaron que es urgente la aplicación diligente del decreto 18-2024, no solo en este parque nacional, sino también en todas las áreas protegidas de Honduras, incluyendo las microcuencas declaradas.
De igual forma, solicitaron la adhesión del Estado de Honduras al Acuerdo de Escazú, que promueve “el derecho de acceder, oportuna y efectivamente a la información ambiental, participar en la toma de decisiones que afecten el ambiente y acceder a la justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes y derechos ambientales”, señalaron en el pronunciamiento.
Además, exigieron a la presidenta Xiomara Castro dar cumplimiento a la promesa realizada durante su discurso inaugural, en el que afirmó que se procedería a la cancelación definitiva de todas las concesiones mineras a cielo abierto a nivel nacional.
El asesinato de Juan López fue el cuarto crimen contra integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCP) en los últimos dos años. En enero de 2023 fueron asesinados Alí Domínguez y Jairo Bonilla, y cinco meses después, en junio fue asesinado Oquelí Domínguez. Alí y Oquelí eran hermanos del también defensor ambiental y presidente de la junta de agua de Guapinol, Reynaldo Domínguez, quien fue desplazado de la comunidad tras los crímenes.
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Actualmente, están bajo prisión preventiva tres de los supuestos actores materiales en el asesinato de Juan López. Entre las pruebas que los implicarían y que fueron presentadas por el Ministerio Público hay videos, vaciado telefónico y georreferenciación.
