Tegucigalpa, Honduras. -El Ministerio Público informó este sábado que la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) llevó a cabo un allanamiento en la vivienda de un exgerente financiero del Congreso Nacional, en el marco de las investigaciones relacionadas con el caso conocido como Red de Diputados.
Según un comunicado oficial, el allanamiento se efectuó en una residencia ubicada en el municipio de Valle de Ángeles, departamento de Francisco Morazán. El Ministerio Público no reveló la identidad del exfuncionario, quien habría ocupado el cargo de gerente financiero del Congreso Nacional durante el periodo 2018-2022.
La acción fue ejecutada tras nuevas declaraciones obtenidas por UFERCO en sede administrativa, donde testigos proporcionaron información que refuerza los indicios sobre la posible pérdida, destrucción, sustracción y ocultación de documentos vinculados al caso. Estas irregularidades habrían sido denunciadas formalmente en 2022 y forman parte de una investigación más amplia sobre supuestos actos de corrupción en la administración pública.
Hasta el momento, no se ha informado si el exgerente financiero será citado a declarar o enfrentará algún proceso judicial en las próximas semanas. Sin embargo, el Ministerio Público dejó entrever que podrían surgir nuevas acciones legales en contra de otros involucrados en el esquema.
En el allanamiento se decomisaron varios discos duros, sellos y ordenadores en los que se presume existe documentación que podría contener información sobre el caso Red de Diputados. Foto: Redes Sociales
QUEMA DE DOCUMENTOS Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS
El jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) Luis Javier Santos, dijo a medios de comunicación que en este allanamiento se decomisaron documentos y equipos tecnológicos en una capilla y bodega ubicada cerca de la residencia del exfuncionario.
De igual manera, señaló que se identificaron indicios de la posible quema de documentos relacionados con el caso.
“Dentro de la iglesia se guardó información según lo que hemos recabado. Ahí en esa bodega que está a la par encontramos varios discos duros, computadoras y alguna documentación que a lo mejor se les pasó por alto, y lo dejaron ahí y no le prendieron fuego”, manifestó el fiscal Santos.
Agregó que se han realizado diligencias ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y un requerimiento fiscal en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) relacionadas con el caso Red de Diputados.
“Estamos a la espera de su resolución, pero eso va a ser el juez natural que va a determinar cuándo y qué es lo que va a resolver en el mismo”, indicó.
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CASO RED DE DIPUTADOS
Red de Diputados fue el primer caso de corrupción que la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), presentó el 11 de diciembre del 2017, en la que se acusó a los entonces diputados Augusto Cruz Ascencio, Eleazar Alexander Juárez, Audelia Rodríguez Rodríguez, Héctor Enrique Padilla Hernández y Dennys Antonio Sánchez por el presunto delito de malversación de caudales públicos.
El equipo integrado por la desaparecida Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) y la MACCIH descubrió a través de sus fiscales e investigaciones una Red de Diputados que se apropió ilegalmente de fondos públicos destinados a proyectos sociales que fueron desviados para uso personal. Los diputados y la diputada se valieron de una ONG que recibía fondos para proyectos sociales de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional.
“Los diputados y la diputada solicitaban fondos al Poder Ejecutivo, estos eran entregados a la ONG, la cual enviaba los fondos públicos a los propios diputados”, señala el comunicado de la fiscalía.
Asimismo, los diputados implicados en el caso recibieron 15 cheques directamente desde la cuenta de la ONG Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras (ANPIBCH), ente que recibió varias transferencias desde la Secretaría de Finanzas por 3,300,000.00 de lempiras entre el 14 y 21 de diciembre de 2015.
La red de corrupción que develó la MACCIH generó alarma en la clase política hondureña debido que la investigación involucraría a más de un centenar de diputados, incluido el entonces presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, así como a más de 30 ONG.
