El exsecretario de Transparencia, Edmundo Orellana, respaldó la denuncia de la subsecretaria Julissa Villanueva y señaló que los 80 diputados que votaron a favor de los ascensos policiales sin investigar previamente demostraron una evidente falta de ética. En su criterio, estos legisladores deberían ser castigados por el pueblo hondureño al no ser reelegidos como “padres de la patria”
Tegucigalpa, Honduras.– La subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, cuestionó al pleno de diputados del Congreso Nacional por aprobar, la noche del 21 de noviembre, los ascensos de los uniformados de la Policía Nacional correspondientes a 2024 sin antes conocer, analizar e investigar a los uniformados promovidos.
Villanueva, exdirectora de Medicina Forense de Ministerio Público (2013-2018), aseguró que algunos de los uniformados ascendidos supuestamente tienen vínculos con el crimen organizado, han participado en diversas actividades ilícitas y fueron piezas clave en la administración del expresidente narcotraficante Juan Orlando Hernández.
“¿Hasta cuándo el Congreso Nacional dejará de aprobar ascensos policiales sin investigar a sus miembros? ¿Acaso no les interesa saber que muchos de esos oficiales de alto rango han participado en actos deshonestos e irregulares y han colaborado con el crimen organizado?”, cuestionó la funcionaria, sin detallar qué elementos ascendidos podrían tener vínculos estrechos con maras y pandillas.
Por lo anterior, Villanueva afirmó estar a disposición del Ministerio Público, el Poder Judicial y el Congreso Nacional para sustentar la denuncia pública que realizó, con el objetivo de impulsar un verdadero saneamiento en la institución dirigida por el general Gustavo Sánchez. Según la funcionaria, este proceso es necesario para expulsar a los agentes que han servido como enlace entre la Policía y diferentes agrupaciones criminales.
“Honduras necesita una depuración policial auténtica. Basta con analizar quién promovió esta lista, y encontrarán a muchos colaboradores y facilitadores que, en el pasado y presente, convirtieron a nuestro país en un narcoestado”, señaló Villanueva, añadiendo que los nombres en la lista de ascensos responden al favoritismo, no a la meritocracia.
El 21 de noviembre, el Congreso Nacional, presidido por Luis Redondo, ahora integrante del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), logró consensuar y aprobar los ascensos policiales tras varios intentos fallidos en la discusión de otros temas de interés nacional. En esta ocasión, se obtuvo el respaldo de 80 diputados de las tres principales bancadas.
Además de los ascensos anuales, el Congreso Nacional tiene pendientes con el tema de seguridad. Por ejemplo, debe reformar el Código Penal y al Código Procesal Penal para garantizar que la labor de los uniformados en sus nuevos grados sea efectiva. También está pendiente la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, considerada clave en la lucha contra el crimen organizado en el contexto del estado de excepción.
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El exsecretario de Transparencia, Edmundo Orellana, respaldó la denuncia de la subsecretaria Julissa Villanueva y señaló que los 80 diputados que votaron a favor de los ascensos policiales sin investigar previamente demostraron una evidente falta de ética. En su criterio, estos legisladores deberían ser castigados por el pueblo hondureño al no ser reelegidos como “padres de la patria”.
“Es la Viceministra de Seguridad quien valientemente denuncia. Si los diputados la ignoran, demuestran su absoluta falta de ética y su total desinterés por ofrecer seguridad a la población. Si no investigan antes de votar, no votemos por ellos en las próximas elecciones”, escribió Orellana, el primer fiscal general en la historia de Honduras.
Lo expuesto por Villanueva tiene sentido, pero debe previamente ser investigado y tampoco es una novedad. La Policía Nacional de Honduras ha enfrentado múltiples señalamientos por vínculos entre altos mandos y el crimen organizado, particularmente con redes de narcotráfico. Investigaciones realizadas por la Administración de Control de Drogas (DEA) y cortes estadounidenses han señalado a oficiales activos como facilitadores clave en el transporte de drogas hacia Estados Unidos.
Exuniformados han sido acusados de brindar protección a cargamentos de cocaína y colaborar en operaciones de los carteles. Entre los casos más emblemáticos se encuentra el deJuan Carlos Bonilla, alias “El Tigre”, quien fungió como director de la Policía Nacional y enfrentó cargos en Nueva York por conspiración para traficar drogas y uso de armas de guerra.
A pesar de las evidencias, muchos de estos oficiales ascendieron dentro de la institución. Durante años, se beneficiaron de promociones que les permitieron ocupar cargos estratégicos, utilizando su posición para facilitar actividades ilícitas, incluso vinculadas al lavado de dinero y protección de capos del narcotráfico.
Varios exdirectores y altos mandos policiales hondureños hoy cumplen condenas o enfrentan juicios en cárceles de Nueva York. Estos incluyen a Bonilla y otros oficiales que operaban como enlaces directos entre el narcotráfico y estructuras de poder en Honduras, según informes presentados en cortes federales.
Pero no solo ellos enfrentan esa realidad. Exdiputados como Fredy Nájera, quien cumple una condena en Estados Unidos por narcotráfico, también jugaron un papel clave en la promoción de oficiales cuestionados. Durante su gestión, Nájera respaldó ascensos de uniformados que hoy integran la cúpula policial, algunos de los cuales han sido señalados por vínculos con estructuras criminales. Sin embargo, hasta la fecha, estas denuncias no han sido investigadas a profundidad ni se han presentado pruebas concluyentes en su contra.
En conclusión, estos relatos y casos exponen la grave infiltración del crimen organizado en la Policía Nacional, una institución que, en lugar de proteger a los ciudadanos, presuntamente se convirtió en un aliado estratégico para el narcotráfico. Esta realidad plantea serios desafíos para la depuración policial y el restablecimiento de la confianza ciudadana, como lo anticipó la subsecretaria Julissa Villanueva.
