Empresa minera ha desplazado comunidades, destruido cementerios y afectado fuentes de agua en el occidente de Honduras, incluyendo la reciente destrucción del cementerio maya chortí de San Andrés en 2023.
La causa Maya Chortí de La Unión, Copán, afectada por la minera Minerales de Occidente (Minosa), fue aceptada ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas.
Tegucigalpa. – Tras más de veinte años de lucha contra una minera que desplazó comunidades y destruyó tres cementerios en el occidente de Honduras, la causa del pueblo maya chortí fue admitida ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de las Naciones Unidas.
La notificación fue confirmada este jueves 14 de noviembre durante un foro en el que participaron Fredy García de La Ceibita, y Javier Madrid de Azacualpa, ambas comunidades ubicadas en La Unión, Copán, y que han resultado perjudicadas por la expansión de Minerales de Occidente S.A. (Minosa), filial en Honduras de la transnacional Aura Minerals.
Tras la destrucción, en 2023, del histórico cementerio maya chortí de San Andrés, Minosa busca expandirse hacia La Ceibita, donde además de vulnerar el territorio, estaría afectando la fuente de agua que abastece a esa y a otras comunidades.
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En el foro también estuvieron presentes los abogados Víctor Fernández y Pedro Mejía del Bufete Estudios para la Dignidad (BED) y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ); Isabel Albaladejo, representante en Honduras de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); y Lucas Valderas de Abogados Sin Fronteras Canadá.
El propósito del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por los estados parte, y está compuesto por 18 expertos independientes.
Isabel Albaladejo expresó que la causa maya chortí en La Unión no es un caso aislado, y se inserta en el marco de una serie de proyectos mal llamados de desarrollo que no prioriza a las mayorías sino a unos pocos, y en los que son evidentes los vicios de ilegalidad y corrupción.
La representante en Honduras de OACNUDH reconoció que el Estado de Honduras no ha otorgado concesiones mineras a casi tres años de la actual administración, pero remarcó la necesidad que las concesiones existentes en los territorios sean canceladas.
Albaladejo enumeró entre las afectaciones causadas por la presencia de la empresa minera a la población maya chortí la ruptura del tejido social, desplazamiento, criminalización, interrupción al libre tránsito de las personas y exhumaciones de cadáveres incumpliendo fallos judiciales.
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Lucas Valderas de Abogados Sin Fronteras Canadá remarcó que quienes integran el Comité DESC y emiten fallos, no actúan en representación de los países sino a partir de sus capacidades, conocimientos y criterios, y su labor marca el estándar actual del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Pormenorizó que tanto el Estado de Honduras como quienes representan al pueblo Maya Chortí deberán presentar argumentos y pruebas, previo a que el Comité DESC emita un fallo, el cual si bien no es vinculante se espera que el Estado actúe de buena fe y cumpla sus resoluciones.
El abogado Víctor Fernández indicó que no hay autoridad que diga en donde se encuentran más de 44 cadáveres de once de las familias que representan a través del Bufete Estudios para la Dignidad.
Fernández señaló que el respeto a los camposantos es un tema de importancia cultural en la región, mediante el cual la población mantiene interacción permanente con quienes ya partieron. Indicó, además, que es necesario defender el honor de quienes ya no están.
Dos sentencias judiciales que dictaban la preservación del camposanto maya chortí de San Andrés –emitidas por la Sala de lo Constitucional y la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán– fueron ignoradas por Aura Minerals en Azacualpa y las autoridades locales en La Unión, Copán.
