Tribunal de EE. UU. aprobó un acuerdo que finaliza una demanda colectiva contra la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo crediticio del Banco Mundial
La demanda, iniciada en 2017, acusaba a la CFI de financiar abusos violentos y acaparamiento de tierras por parte de Corporación Dinant en Honduras.
Las familias campesinas fueron víctimas de violencia armada promovida por agentes de Dinant, con el objetivo de expandir sus plantaciones de palma.
La CFI deberá financiar proyectos comunitarios en la región, administrados por EarthRights Defenders, en beneficio de los afectados.
Tegucigalpa. – Un tribunal estadounidense aprobó un acuerdo que pone fin a una demanda colectiva contra la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo crediticio del Banco Mundial, alegando que es responsable de financiar la violenta campaña de acaparamiento de tierras por parte de la reconocida empresa de aceite de palma, Corporación Dinant, en Honduras.
La información fue publicada por EarthRights International, organización que acompañó el proceso. A través de un pronunciamiento publicada el 3 de octubre, señaló que es “la primera vez que una institución financiera internacional acepta ofrecer una reparación para poner fin a una demanda interpuesta por una comunidad perjudicada”.
El caso Juana Doe contra la CFI fue presentado en 2017 en nombre de familias campesinas del Valle del Aguán en Honduras. La causa expone que estas personas fueron víctimas de agentes armados de la Corporación Dinant, la cual aterrorizó a las comunidades locales con el fin de expandir sus operaciones de aceite de palma. Argumenta, además, que la CFI sabía o debió haber sabido que su dinero fomentó asesinatos y otros tipos de abusos.
“Las familias de las víctimas estamos satisfechas con el acuerdo. Desde el fondo de nuestros corazones, esperamos que la violencia armada deje de ser una herramienta en las zonas de todo el mundo en las que operan las instituciones financiadas por los acusados de la CFI, para que esta historia de sangre, muerte y dolor no se repita”, reportó EarthRihgts Defenders que declaró una de las víctimas.
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Bajo el acuerdo aprobado por una jueza de la Corte del Distrito de Delaware, la CFI deberá aportar fondos a intervenciones de apoyo comunitario, identificadas y seleccionadas por los demandantes y los miembros del grupo y administradas por EarthRighst Defenders, en beneficio de las personas afectadas en la región.
La directora jurídica de EarthRights en Estados Unidos, Marissa Vahlsing, declaró que el acuerdo es “un testimonio de la tenacidad de los demandantes y de su voluntad de enfrentarse a riesgos personales” durante años, con el propósito de responabilizar a una institución financiera internacional.
Esta demanda interpuesta por personas campesinas del Bajo Aguán, con apoyo de EarthRights Intenational, fue posible luego que la Corte Suprema de Estados Unidos decidió que organizaciones internacionales, como el Banco Mundial, no están por encima de la ley y pueden ser demandadas en Cortes estadounidenses.
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En el caso Juana Doe contra CFI, el mismo supervisor interno de la entidad determinó que la CFI violó sus propias normas y emitió un informe en relación a los prestamos de Dinant en 2013 señalando que al menos 40 asesinatos contra el movimiento campesino del Valle del Aguán estaban vinculados a Dinant entre 2010 a 2013.
La consejera adjunta de Earthrights, Michelle Harrison, expresó que la causa Doe contra la CFI, ejemplifica lo que ocurre cuando una institución financiera internacional no proporciona una solución y deja a las comunidades sin opción alguna, más que llevarles a los tribunales.
En diciembre de 2023, la CFI señaló a través de un comunicado que “desembolsó un préstamo de USD 15 millones a Dinant en noviembre de 2009 y ya no mantiene inversiones en la empresa”. Aunque admitió que “sigue vigente una garantía de financiamiento al comercio internacional otorgada por IFC a Ficohsa, un banco hondureño que ha proporcionado financiamiento a Dinant”.
EarthRights International también formó parte del equipo legal que llevó a Chiquita Brands ante los juzgados estadounidenses por financiar al escuadrón paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 1997 a 2024. El resultado de la causa fue que en junio de 2024, el jurado ordenó a la multinacional reparar a 16 víctimas cuyos familiares fueron asesinados por las AUC. Recientemente, el tribunal estadounidense ratificó el veredicto a favor de las víctimas del escuadrón paramilitar.
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