Denuncian 365 días de inacción estatal ante medidas de protección de la CIDH en Tocoa

El defensor ambiental y regidor de Tocoa, Juan López, fue asesinado a pesar de ser beneficiario de medidas cautelares. Su muerte refleja la falta de acción por parte del Estado, aseguran

Reportan que, aunque defensores han sostenido reuniones con el Mecanismo Nacional de Protección, la Secretaría de Derechos Humanos y la Procuraduría General, no han recibido medidas efectivas

Tegucigalpa. – A un año de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) y su equipo legal, el Bufete Justicia para los Pueblos, el Estado de Honduras sigue omitiendo su obligación de protección y sin implementar medidas efectivas para abordar el riesgo.

En esas líneas se expresó el Observatorio por la Justicia de los Defensores del Río Guapinol a cuarenta días del asesinato de Juan López, defensor y regidor de Tocoa, quien era uno de los beneficiarios de las medidas que a la fecha y pese al crimen, siguen sin ser ejecutadas.

Desde el Observatorio, integrado por organizaciones nacionales e Internacionales, señalaron que los incidentes de violencia contra las personas defensoras en Tocoa no cesan. Incluso, señalaron, se agravaron tras el asesinato de Juan López, quien coordinaba el CMDBCPT.

Noticia relacionada: Asesinato de Juan López reafirma falencias del sistema de protección para defensores en Honduras

Recalcaron la urgencia para que el Estado asuma la crisis de violencia contra quienes defienden el ambiente y enfrente el debilitamiento institucional, previamente denunciado, del Mecanismo Nacional de Protección. Además, recordaron que más allá del Mecanismo de Protección, el Estado de Honduras tiene la responsabilidad de implementar las medidas acordadas para las personas beneficiarias.

“Hoy son más de 365 días sin que el Estado haya implementado medidas a cabalidad; son más de 365 días con crímenes mortales contra personas defensoras de los bienes comunes, como Juan López, y son más de 365 días con múltiples familias desplazadas de manera forzada por la violencia”, subrayó el pronunciamiento.

En 2023, previo al asesinato de Juan López, fueron asesinados Jairo Bonilla, Alí y Oquelí Domínguez, estos dos últimos hermanos del presidente de la junta de agua de la comunidad de Guapinol, Reynaldo Domínguez. Las cuatro personas eran defensores de los bienes comunes e integrantes del CMDBCPT.

INSTITUCIONES SIN EJECUTAR COMPROMISOS DE PROTECCIÓN A DEFENSORES

Sobre el tema, Adilia Castro, integrante del CMDBCPT, expresó a Criterio.hn que a más de un año de que las medidas fueran otorgadas por la CIDH, la respuesta por parte del Estado ha sido mínima con relación a la implementación de estas. Afirmó que han sostenido reuniones con el Mecanismo Nacional de Protección, la Secretaría de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, sin embargo, no han recibido ningún tipo de medidas.

“En la búsqueda de esas medidas, desgraciadamente se dio el asesinato de nuestro compañero Juan López, quien no gozaba hasta la fecha de su muerte [de las medidas de protección], cabal un año, después de haber sido otorgados aún con todas las amenazas que ya se habían puesto en conocimiento”, compartió Castro.

Tras el asesinato de López, les ofrecieron la instalación de cámaras del Sistema Nacional de Emergencia 911 en las cercanías de las casas de las y los beneficiarios, las cuales a la fecha no se han implementado, reportó Adilia, quien comentó que tampoco creen que una cámara les de seguridad.

Lea también: Honduras sigue sin adoptar medidas de la CIDH para defensores del ambiente de Tocoa

“Estamos preocupados porque vemos que hay muchas dificultades para el Mecanismo poder implementar estas medidas […] que la CIDH otorgó”, dijo. A la vez que apuntó a la ausencia de presupuesto y carencia de toma de decisiones como impedimentos para resolver la implementación de las medidas.

Adilia Castro indicó que antes de la semana morázanica (del miércoles 2 al viernes 4 de octubre) se reunieron con la titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Angelica Álvarez, para abordar cuáles eran los mecanismos más rápidos para implementar las medidas, entre estas la instalación de las cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911, pero “todavía no se ha concretado nada de estas promesas que se hicieron”.

“Estamos muy preocupados y tanto que estamos en reuniones con representantes de la CIDH para ver cómo desde esa instancia también puede haber presión para que el Estado asuma esta responsabilidad que tiene”, detalló.

ESTADO EN DEUDA CON DEFENSORES Y CAMPESINOS BENEFICIARIOS DE MEDIDAS CAUTELARES

Para Joaquín Mejía, abogado y doctor en derechos humanos, el asesinato de Juan López “es una evidencia clara de que las medidas de protección no han sido implementadas efectivamente”, pese a que fueron ordenadas por la CIDH.

El doctor en derechos humanos compartió con Criterio.hn que a casos como el de Juan López se suman crímenes contra personas que forman parte de las organizaciones campesinas del Aguán, quienes también tenían medidas cautelares de la Comisión Interamericana y pese a esto fueron asesinadas al no contar con medidas efectivas que garantizarán sus vidas.

“[E]sto refleja nuevamente que por un lado el Estado no tiene la capacidad ni la voluntad política para proteger efectivamente a estas personas, […] y por otro lado el Estado se ha convertido en una herramienta de represión, porque recordemos que, desde el Poder Judicial, desde la policía y desde el ejército y desde el Ministerio Público han criminalizado las luchas agrarias y ambientalistas de la región”, pormenorizó Mejía.

De interés: Violento desalojo en La Sarrosa: guardias de Azunosa impiden acceso a bomberos

Agregó, que no se puede negar que existe un cambio de actitud por parte del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, aunque “sin duda alguna, todavía hay una deuda pendiente en el sentido de que es necesario proteger a la gente que sigue con vida en el Aguán”.