Tegucigalpa, Honduras. – El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, no ha agendado la ratificación de las prórrogas de 45 días al estado de excepción durante más de siete meses en 2024, -y la mayoría de las de 2023- debido a que no cuenta con el respaldo de al menos 65 diputados para aprobar, rechazar o modificar esta controvertida herramienta jurídica.
Lo anterior fue afirmado por el jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, quien justificó que no se agenda la ratificación de esta medida porque simplemente no cuentan con el respaldo de los diputados opositores. Esta falta de apoyo ha ganado fuerza en los últimos meses debido a la división interna que ha dejado al oficialismo con menos congresistas debido a que un grupo de sumó a las filas del Partido Liberal.
“No logramos los votos. Es sencillo: no tenemos los votos, no podemos someter el tema a votación y perderlo. Así que esperamos que en la próxima sesión del Congreso podamos contar con el apoyo necesario para aprobar la extensión del estado de excepción”, mencionó en medios de comunicación Sarmiento, quien recientemente fue vinculado con el narcotráfico por el exsecretario del Poder Legislativo, Carlos Zelaya.
Llegar a consensos en el Congreso Nacional para aprobar temas como la ratificación del estado de excepción, que se mantiene bajo cuestionamientos por su inconstitucionalidad, es ahora más complicado. Aunque Luis Redondo ocupa la presidencia del Congreso, el principal mediador y negociador, Carlos Zelaya, ya no forma parte de los 128 diputados. Esto se debe a la aparición de un video grabado en 2012, donde se le ve negociando sobornos con narcotraficantes para financiar una campaña política de esa época.
Zelaya, tras ser llamado a rendir cuentas ante el Ministerio Público, reconoció su presencia en el video y, en consecuencia, presentó su renuncia al cargo, la cual fue aceptada por el pleno de diputados. Sorprendentemente, Zelaya implicó a Rafael Sarmiento, afirmando que este había intermediado para organizar la reunión con los narcotraficantes. Sin embargo, Sarmiento negó dichas acusaciones e incluso presentó su renuncia ante la bancada, la cual no fue aceptada debido a la falta de pruebas concluyentes, ya que solo existía un testimonio sin vinculación legal.
“Hace 11 años, en 2013, fui invitado a participar en una reunión. Esta reunión fue coordinada por el abogado Carlos Muñoz y el abogado Rafael Sarmiento. Hoy quiero decir esto porque estoy convencido de que la reunión fue grabada; caí en una trampa. Aparentemente, existe un video. El único que pude reconocer fue al señor Ramón Matta, pero ahora entiendo que también estaban el señor Cachiro y Adán Fúnez (alcalde de Tocoa, Colón)”, fueron las palabras de Zelaya que posteriormente fueron desmentidas por Sarmiento.
Mientras tanto, representantes de las bancadas opositoras (Partido Salvador de Honduras, Partido Liberal y Partido Nacional) respaldan lo expuesto por Sarmiento en relación con la ratificación del estado de excepción, argumentando que la falta de apoyo se debe a que no hay positividad en los resultados de esta medida inconstitucional. Al contrario, han incrementado las denuncias por violaciones a los derechos humanos perpetradas por policías y militares.
“El estado de excepción no debe continuar por un factor: no hay positividad en los resultados. Los resultados obtenidos son fruto de la labor cotidiana de los policías y militares, que se realizan con normalidad. No se debe ratificar una medida que se ha utilizado para vulnerar los derechos humanos de la población”, dijo en medios de comunicación el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano.
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ABUSOS DURANTE EL ESTADO DE EXCEPCIÓN
El estado de excepción en Honduras fue implementado el 6 de diciembre de 2022, bajo el gobierno de Xiomara Castro, con el objetivo principal de combatir la extorsión y la violencia generada por el crimen organizado. Esta medida, que suspende varias garantías constitucionales, se ha prorrogado por periodos de 45 días y actualmente está vigente hasta el 16 de noviembre de 2024, tras 15 extensiones. A pesar de la gestión del gobierno, la medida ha sido fuertemente cuestionada por su efectividad y la violación de derechos humanos durante su implementación.
Uno de los principales motivos de las críticas es que, aunque se esperaba reducir significativamente la extorsión, solo un 1.4% de las detenciones realizadas durante este periodo han sido por este delito. La mayoría de los arrestos han sido por otras infracciones no relacionadas con el crimen organizado, lo que ha generado dudas sobre la falta de una estrategia clara y efectiva para combatir la extorsión.
A nivel social, el estado de excepción ha provocado inquietud por el abuso de poder por parte de las fuerzas de seguridad. Se han registrado más de 400 denuncias contra policías y militares por actos arbitrarios, lo que ha puesto en evidencia la falta de control y supervisión en los operativos. Esto ha llevado a que muchos detenidos sean liberados por falta de pruebas o por detenciones irregulares.
No obstante, las autoridades gubernamentales han defendido la medida, señalando que ha contribuido a la reducción de los índices de homicidios. Según la Policía Nacional, el estado de excepción ha permitido ejecutar operativos más efectivos, incluyendo la captura de líderes criminales. Sin embargo, el impacto sobre otros delitos, como los feminicidios y la violencia doméstica, sigue siendo objeto de análisis.
A pesar de los resultados mixtos, el gobierno sigue apostando por la extensión del estado de excepción como una herramienta clave para mejorar la seguridad pública. Sin embargo, organizaciones como el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) sostienen que la medida carece de una estrategia de política pública bien definida, lo que ha generado más incertidumbre que soluciones concretas.
El debate sobre la continuidad del estado de excepción sigue abierto, y es probable que su futuro dependa de la presión política y social. Con más de 600 días de vigencia, la población y los analistas cuestionan si los costos en términos de derechos humanos y libertades individuales justifican los escasos avances en la lucha contra la extorsión y otros delitos.
