La exclusión de casi cien mil jóvenes en la UNAH

Por: Andrés Molina 

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Tegucigalpa.-La Constitución de la República de Honduras establece en su artículo 151, que “la educación es función esencial del Estado para la conservación, el fomento y difusión de la cultura, la cual deberá proyectar sus beneficios a la sociedad sin discriminación de ninguna naturaleza”.

El derecho a la educación está considerado por expertos internacionales como un medio indispensable de realizar otros derechos y como el principal medio que le  permite a millones de personas en el mundo a salir de la pobreza y pasar a formar parte de las capas medias de la sociedad. La educación abre las puertas a mejores empleos, mejores ingresos económicos y es el camino perfecto para la liberación del hombre o la mujer.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) establece en el artículo 13, que “los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

Más adelante en el inciso “c” del mismo capítulo dice que “la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita”.

De acuerdo con un informe de la Dirección de Sistema de Admisión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH),  hasta el año 2014, noventa y tres mil quinientos  estudiantes, fueron excluidos de la posibilidad de continuar sus estudios superiores en la principal universidad estatal de Honduras.

Desde esa visión excluyente, quienes tienen el control de la UNAH, se consideran a sí mismos una raza superior capaz de decidir sobre quienes ingresan y quienes no a estudiar a la máxima casa de estudios.

Bajo la excusa de la carencia de recursos se le quita el derecho a miles de hondureños y hondureñas, sin embargo la Universidad se ha dado el lujo de construir un edificio administrativo que le cuesta a la ciudadanía alrededor de mil millones de lempiras, mientras se le cierra las puertas a la juventud. La pregunta es ¿cuándo hemos tenido abundancia o dinero de sobra?, nunca. 

Que están haciendo estos cien mil excluidos, cuántos se han tenido que ir del país sin esperanza, cuántos han perdido la vida por culpa de un Estado que lo único que les ofrece es la muerte, esta es una respuesta pendiente de quienes manejan los recursos en la UNAH.

Está por demás decir que Honduras es el país más violento de América Latina, el más pobre, el más desigual y según datos de la misma Universidad, 8 de cada 10 personas asesinadas en el país son jóvenes entre 14 y35 años, lo que equivale a un 84% de las víctimas.

Lo que está demostrado por los hechos, es que en los últimos años la Universidad dejó de ser la solución, para convertirse en un instrumento más del mercado que ve a los seres humanos como simples números y se ha concentrado en la formación de profesionales sin la calidad y sin el mínimo respeto a la persona humana y las libertades fundamentales que hablan los tratados internacionales como el PIDESC.

Quienes tratan de cambiar esa situación son inmediatamente perseguidos y estigmatizados, en otras ocasiones las autoridades desempolvan inmediatamente el cuento de la autonomía, cuando ellas mismas son violadoras constantes de la misma, al permitir el manoseo político que les permite permanecer en el poder de la UNAH y al autorizar el ingreso de militares a las instalaciones universitarias para perseguir estudiantes.

La tan cacareada calidad educativa y la supuesta subida de los índices en la UNAH hasta ahora ha sido a costa de la exclusión y no del esfuerzo de las autoridades, a pesar de los miles de millones que se le asignan anualmente. Solo el año 2015 el presupuesto es de 4,593 millones sin contar los otros ingresos que tiene.

Con esa cantidad de presupuesto, la institución está obligada permanentemente a elevar sus niveles de calidad y a rendir cuentas de cómo se gasta el dinero que le cuesta sudor a todo un pueblo.

Con la propuesta del Diputado Rasel Tomé, de poner fin a la exclusión en la Universidad, se comprueba que las autoridades son ineficientes para administrar bien los recursos y tratan de tumbar la reforma, con argumentos desfasados y alejados completamente de la verdad, como que se va afectar la autonomía, cuando esas mismas autoridades la han violado flagrantemente, al permitir el ingreso de militares.

Cuando el Congreso Nacional aprobó la reforma para permitir la reelección y beneficiar a una persona, no fue calificada como violatoria de la autonomía, pero hoy que se pretende beneficiar a miles de jóvenes, se desempolva el discurso.

El más influyente educador latinoamericano Paulo Freire, dice que “El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas”.

Un examen no define cuánto sabe o cuánto deja de conocer una persona, si eso se hace, debe ser en función de contribuir a mejorar el conocimiento que tienen las personas, no para negarles los derechos a compatriotas que merecen mejores oportunidades, como actualmente ocurre en nuestra Universidad.