Según abogados, una ley de extradición sería ineficaz y carecería de propósito una vez que se haga efectiva la cancelación del tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos, prevista para el 28 de febrero de 2025
Tegucigalpa, Honduras.- Tras cumplirse un mes desde que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ordenara la cancelación del tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos, diversos sectores exigen que se revoque dicha decisión, mientras tanto, la bancada de Libertad y Refundación (Libre) ya considera la posibilidad de impulsar una nueva legislación.
El diputado de Libre, Juan Flores, comunicó a través de los medios que, como alternativa a la cancelación del tratado, se estudia la creación de una ley de extradición.
Sin embargo, esta iniciativa genera escepticismo entre algunos juristas, quienes señalan que una ley de este tipo sólo sería efectiva si previamente existiera un tratado de extradición entre ambas naciones, de lo contrario, advierten, la norma carecería de eficacia real.
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LEY NO TENDRÍA VIDA SIN TRATADO
El abogado y analista político Kenneth Madrid sostiene que una ley de extradición que complique el procedimiento en lugar de facilitar no sería efectiva para Honduras.
En su opinión, si se busca implementar una legislación que regule este proceso, como se ha propuesto en ocasiones anteriores, dicha ley debe estar alineada con un tratado de extradición vigente.
De forma similar, el jurista Oliver Erazo explicó que la ley de extradición es de carácter procedimental, lo que significa que, en lugar de seguir los procedimientos establecidos por el autoacordado, se seguirán los definidos por la ley.
Erazo subrayó: “para que una ley de extradición tenga validez, lo primero que se necesita es un tratado de extradición vigente. Si lo tuviéramos activo y no a punto de expirar en febrero, entonces podríamos hablar de una ley”.
En esta línea, Erazo criticó los discursos que promueven la creación de una ley como una señal de compromiso en la lucha contra el narcotráfico, describiéndolos como simples cortinas de humo diseñadas para aparentar un deseo de implementar mecanismos como la extradición.
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CONTINÚA OPOSICIÓN A CANCELACIÓN DE TRATADO
Desde que la presidenta Xiomara Castro ordenó la cancelación del tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos, vigente desde 1912, el gobierno no ha emitido un pronunciamiento oficial más allá de una cadena nacional, en la que se afirmó que los políticos y exfuncionarios involucrados en delitos de narcotráfico serían castigados por la justicia hondureña, como muestra que querer implementar justicia en Honduras.
Mientras tanto, la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, declaró ayer que se están haciendo esfuerzos para que el gobierno de Honduras revierta esta decisión.
De no lograrse, advirtió que sería una medida de graves consecuencias, ya que si un gobierno diferente al de Libre llegara al poder, podría tomar hasta una década restaurar el tratado.
Un hecho importante a destacar es que, fueron las declaraciones de Dogu el pasado 28 de agosto, donde condenaba la reunión del entonces secretario de Defensa, José Manuel Zelaya, con personas buscadas por narcotráfico en Venezuela, que la presidenta Castro habría tomado la decisión de cancelar el tratado como una muestra de rechazo a las injerencias extranjeras.
El tema de la cancelación de la extradición ha generado preocupación en el Congreso Nacional. Una de las voces que se ha pronunciado recientemente es la diputada Fátima Mena, quien afirmó que la cancelación del tratado representa un retroceso en la lucha contra el narcotráfico.
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EXTRADITADOS EN LIBERTAD
A pesar de que la extradición ha sido, hasta el momento, la herramienta más eficaz que ha tenido Honduras para castigar a narcotraficantes y exfuncionarios coludidos con el narcotráfico, según lo han manifestado expertos en seguridad y leyes.
Aún persisten algunas dudas sobre cómo Estados Unidos, una vez extraditados, vela únicamente por sus propios intereses. Un ejemplo de ello son las reducidas condenas de personas que fueron extraditadas a la nación norteamericana tras grandes operativos.
Uno de los casos que ha generado críticas es la que muchos consideran una condena reducida para el expresidente Juan Orlando Hernández, de 45 años; así como las del exjefe de la Policía Nacional, Mauricio Pineda Hernández a 15, y el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos «El Tigre» Bonilla a 19 años. Los últimos mencionados fueron sentenciados tras declararse culpables.
Sin embargo, dos de los casos que más sorpresa han causado son el de Roberto Concenza, exjefe de la Tasa de Seguridad, quien recibió libertad condicional tras pagar un millón de dólares.
El más reciente, la liberación de Fabio Lobo, hijo del expresidente nacionalista Porfirio Lobo Sosa, quien fue puesto en libertad después de cumplir nueve años de prisión en Estados Unidos, país donde fue capturado.
Este último caso generó controversia, ya que Lobo obtuvo su libertad debido a su supuesta colaboración en el juicio contra Juan Orlando Hernández.
