La implementación de mecanismos de control y rendición de cuentas es vista como una solución necesaria para verificar que las subvenciones entregadas a las y los diputados sean utilizadas de manera adecuada y evitar cualquier atisbo de corrupción, como ocurrió con el Fondo Departamental
Ante la entrega de subvenciones a diputados y diputadas en el Congreso Nacional, analistas sugieren implementar mecanismos o una ley para transparentar el uso de fondos y no repetir los vicios del pasado
Tegucigalpa, Honduras. -Analistas consideran que mientras no se implementen mecanismos efectivos de control y se garantice la rendición de cuentas, las dudas sobre el uso de subvenciones en el Congreso Nacional seguirán aumentando, y con ellas, la desconfianza de la población en el accionar de sus representantes.
Además, han puesto en duda la transparencia con la que el Congreso Nacional gestiona las subvenciones otorgadas a las y los diputados, ya que no existe una normativa que regule la entrega de fondos a los legisladores.
Según datos del Portal de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) desde 2022 hasta agosto de 2024, el Congreso Nacional ha erogado 386,678,029.42 millones de lempiras (USD 15,548,462.77) por concepto de subvenciones.
Estos fondos, que son sumas de dinero asignadas a los legisladores para apoyar a sus comunidades y proyectos sociales, han sido objeto de escrutinio por su manejo discrecional. El Poder Legislativo ha negado información sobre el monto exacto que es entregado, al igual que el listado de congresistas que han solicitado las subvenciones.
Diversos sectores han señalado que, sin un sistema adecuado de control, la entrega de subvenciones puede convertirse en una herramienta para el clientelismo político, donde los recursos se destinan más a asegurar lealtades electorales que a resolver problemas reales.
Jimena García Merino, directora de Honduras Resurge, lamentó que estos recursos públicos sean utilizados para el clientelismo político y obtener el beneplácito de la población.
En una entrevista brindada a Criterio.hn la representante de sociedad civil dijo que “los diputados están haciendo campaña durante su periodo legislativo, ellos deberían de estar ejerciendo funciones en el Congreso Nacional como lo estipula la Constitución”.
De igual manera, recordó que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, prometió que se habilitaría un Portal de Transparencia en el cual se publicaría toda la información del Poder Legislativo, pero “esto quedó en una promesa
Vea: Redondo incumple promesa de creación de portal para publicación de ejecución de subvenciones
NULA O ESCASA INFORMACIÓN SOBRE SUBVENCIONES GENERA INCERTIDUMBRE
Para el analista político, Luis León, la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas se ve agravada por la inexistencia de auditorías públicas regulares sobre el uso de las subvenciones por parte de las y los diputados del Congreso Nacional.
Sobre la negativa del Congreso Nacional a dar información sobre la entrega y ejecución de estos fondos, mencionó que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública obliga a las instituciones a publicar toda la información sobre la operatividad y los recursos que son destinados para su funcionamiento.
En ese sentido, mencionó que si se incumple o se niega la información que se solicita a través del Sistema de Información Electrónico de Honduras (Sielho) el siguiente paso es interponer un recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece en su artículo 4 que todas las instituciones obligadas deberán publicar la información relativa a su gestión o, en su caso brindar toda la información concerniente a la aplicación de los fondos públicos que administren o hayan sido garantizados por el Estado.
Mientras que el artículo 13 numeral 3 que literalmente ordena a las instituciones obligadas, a difundir de oficio la información de las políticas generales, los planes, programas y proyectos, informes, actividades, los estados financieros y las liquidaciones presupuestarias trimestrales por programas.
No obstante, señaló que “la ventaja que tienen ellos –el Congreso Nacional o cualquier institución– al negar solicitudes de información y que estas lleguen a recursos de revisión, es que los castigos o sanciones por incumplir la Ley de Transparencia son el pago de multas”.
Para el analista político los titulares de las instituciones prefieren pagar las multas a entregar la información y por ello es que en muchas casos se niega o se ignoran las peticiones de información.
