Expertos de la ONU pidieron a las autoridades hondureñas identificar patrones de violaciones de derechos humanos contra defensores y evitar que estos crímenes se repitan
Señalaron, además, que las empresas, incluidos sus inversores, están en el deber de garantizar que sus “acciones u omisiones” no den lugar a represalias contra las personas defensoras
Tegucigalpa, Honduras. – A dieciséis días del asesinato de Juan López, líder ambiental y regidor de Tocoa, continúa la exigencia por una investigación independiente que indague en la muerte y el rol que empresas y políticos podrían haber tenido en el crimen.
Así lo expresaron nueve expertas y expertos independientes de la ONU que condenaron el asesinato del defensor de derechos humanos. “Su asesinato representa una trágica pérdida no sólo para su familia y su comunidad, sino también para la actual lucha por la justicia y la rendición de cuentas corporativa en el mundo”, declararon.
López formó parte del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT), una organización de base que agrupa a personas y entidades en favor de la protección del agua y la preservación del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, amenazado por un megaproyecto minero del Grupo Emco Holding.
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Las y los expertos urgieron poner en marcha una investigación inmediata e independiente que establezca las causas y circunstancias en el asesinato de López, así como el papel que podrían haber desempeñado la empresa y los políticos locales, hasta llevar a las y los responsables ante la justicia.
Instaron a las autoridades hondureñas a cargo de la investigación a establecer los patrones de violaciones de derechos humanos contra las personas defensoras. Además de identificar las causas profundas de los homicidios y llevar a la justicia a los autores materiales, intelectuales y cómplices, con el objetivo de evitar que los crímenes se repitan.
La semana pasada las y los integrantes CMDBCPT demandaron una investigación independiente, sin la participación de la Fiscalía de Tocoa ni la Unidad de Investigación de Muertes Violentas en el Bajo Aguán (UMVIBA), por su rol en incrementar el riesgo de las personas defensoras en la zona.
En 2023, Alí Domínguez, junto a Jairo Bonilla, y Óscar Oquelí Domínguez, defensores del agua y el Parque Nacional Carlos Escaleras, fueron asesinados. Tanto Alí como Oquelí eran hermanos del presidente de la junta de agua de la comunidad de Guapinol, Reynaldo Domínguez, quien tras los crímenes sufrió desplazamiento forzado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) instaron al Estado hondureño a llevar a cabo una investigación “pronta y diligente” que considere la labor de López como defensor de derechos humanos como posible móvil del crimen.
CON ASESINATO DE JUAN LÓPEZ INTENTAN IMPLANTAR UNA CAMPAÑA DE TERROR, DENUNCIA ESLY BANEGAS
Las y los expertos de la ONU señalaron que el asesinato de Juan López ocurrió en un marco de ataques, intimidación y criminalización de quienes integran el Comité Municipal, que revelan las consecuencias negativas de las actividades de las empresas Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek, ambas del Grupo Emco Holding.
Para Esly Banegas, integrante del CMDBCPT, con el crimen de Juan López se intenta implantar una campaña de terror con mayor impacto de la que ya se venía desarrollando, que busca impactar psicológicamente de forma negativa a las personas defensores del ambiente de Tocoa.
Banegas detalló que, si bien hay miedo, también hay una disposición de continuar la lucha por la preservación de la reserva natural. Agregó que la disposición de la Corte de Apelaciones de La Ceiba de revocar el sobreseimiento definitivo de cinco defensores, entre ellos Juan López causó indignación.
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“[E]sa indignación nos está levantando, ese espíritu de Juan, ese espíritu que realmente él era tan coherente, tan suave, pero a la vez contundente en sus expresiones y en su razonamiento. Con todo eso, la lucha continúa en el Aguán”, compartió Banegas, quien también forma parte de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA).
La vivienda del alcalde Adán Fúnez fue allanada por la Policía Nacional la semana pasada. Fúnez fue señalado por la iglesia católica de la zona como uno de los responsables del asesinato de Juan López.
En relación con la anulación del sobreseimiento definitivo tras el asesinato de Juan López, las y los expertos de la ONU lamentaron la campaña de hostigamiento por parte de las empresas y autoridades locales en contra de las y los integrantes del Comité Municipal.
“Tales ataques contra personas defensoras constituyen una violación flagrante a su derecho inderogable a la vida y atentan gravemente contra el pleno disfrute de los derechos y un futuro sostenible para todos”, compartieron las y los expertos.
Agregaron que las empresas, incluidos sus inversores, están en el deber de garantizar que sus “acciones u omisiones” no den lugar a represalias contra las personas defensoras.
