Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional aprobó, la noche del miércoles 25 de septiembre, el pago del subsidio o bono compensatorio para el usuario del transporte urbano, correspondiente a los meses de enero a julio de 2024 que, en promedio, vendrían siendo unos 380 millones de lempiras.
El visto bueno del pleno de diputados de las bancadas políticas fue dado luego de consensuar y modificar los artículos 1, 5, 9 y 10 del decreto “Ampliación del Período de Pago de la Compensación Económica Provisional del Pasaje a los Usuarios del Transporte”, enviado por el Poder Ejecutivo hace varios meses, pero que no había sido agendado para su tercer debate por el presidente del Congreso Luis Redondo.
Se modificó el artículo 10 del decreto, que anteriormente, en su primer y segundo debate, establecía la cláusula que impedía a los transportistas manifestarse en caso de incumplimiento en el pago del subsidio por parte del gobierno. Con la nueva redacción, la restricción se limita a prohibir la paralización de las unidades de transporte por este motivo, dejando como única alternativa el diálogo con las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) en una mesa de negociación.
Aunque fue aprobado, varios diputados de la oposición manifestaron su desacuerdo con este artículo y solicitaron su exclusión del decreto. Uno de los más vocales fue Carlos Umaña, congresista del Partido Salvador de Honduras (PSH), quien argumentó que aprobar dicho artículo representaría una violación al derecho de libre manifestación, consagrado en el artículo 79 de la Constitución de la República.
Sin embargo, ante las críticas de los diputados opositores, el presidente del Congreso, Luis Redondo, aclaró que no se está restringiendo el derecho a la protesta. Redondo subrayó que lo que se prohíbe es la paralización de las unidades de transporte como medida de presión para exigir el pago de los subsidios, y que el mecanismo adecuado para resolver estos conflictos será a través de mesas de diálogo con las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).
“Las acciones de protesta se pueden realizar. Lo que se está pidiendo en ese artículo es que no haya paro del servicio público de transporte que termine afectando al usuario, ya que se han establecido los mecanismos. Esto ya estaba vigente desde el decreto aprobado el año pasado”, explicó Redondo.
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EL IHTT SE QUEDARÁ CON 20 MILLONES DE LEMPIRAS PARA “GASTOS”
Paradójicamente, además de aprobar 224,134,560 millones de lempiras solo para el pago del bono compensatorio a los usuarios correspondientes a los meses mencionados, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) será beneficiado con 20 millones de lempiras, supuestamente para gastos operativos y la contratación de «comisionados«. Estos comisionados serán los encargados de supervisar que las unidades de transporte cumplan con los requisitos necesarios para obtener el pago, que asciende a 1,080 lempiras diarios por unidad.
Este desembolso, establecido en el artículo dos del decreto, que con la inclusión de los 20 millones para el IHTT ascendería a 244,134,560 lempiras, fue igualmente cuestionado por los diputados opositores.
Argumentan que actualmente dicha institución, dirigida por el comisionado presidente Rafael Barahona, ya cuenta con el personal y la logística necesaria para supervisar la entrega del subsidio. De hecho, en el decreto aprobado durante 2023, se asignaron solo 3.5 millones para esta función. Ahora, con esta nueva aprobación, se le están otorgando 16.5 millones adicionales que no están debidamente justificados.
El diputado del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Bartolo Fuentes, quien preside la Comisión de Transporte, justificó que los 20 millones de lempiras adicionales están destinados a mejorar la rigurosidad en la supervisión de la entrega del subsidio. Argumentó que, en ocasiones anteriores, el bono se otorgaba a unidades que no cumplían con los requisitos establecidos, como realizar el número de viajes diarios exigidos.
En ese sentido, de alguna manera, Fuentes reconoció la existencia de posibles actos de corrupción entre los empleados del IHTT, encargados de supervisar y pagar el subsidio, y algunos transportistas.
«Antes, los pagos se hacían por el número de unidades reportadas. Por ejemplo, alguien podía tener 20 buses, pero solo 10 en funcionamiento, lo cual no era correcto. Ahora, hay inspectores en cada punto verificando que esas unidades estén operativas, para garantizar que la compensación sea justa, porque el subsidio no es para el bus, sino para las personas. Las estimaciones están hechas, y ese es el monto que corresponde», explicó Fuentes.
PENDIENTE LA MODERNIZACIÓN
En conclusión, aunque se asignarán 20 millones de lempiras al IHTT sin una justificación clara, el Congreso Nacional, tras diversas discusiones entre diputados oficialistas y opositores, aprobó el decreto enviado por el Poder Ejecutivo. Este decreto compromete, una vez más, a los empresarios del transporte urbano a modernizar sus unidades para ofrecer un servicio de calidad a la población.
Esta promesa de modernización no solo ha sido objeto de discusión durante el gobierno de Xiomara Castro, sino también durante las administraciones anteriores. Sin embargo, para la mala fortuna de los millones de usuarios de este servicio, nunca se ha cumplido o, de alguna manera, se ha intentado cumplir.
Esto, en consecuencia, mantiene al transporte urbano en Honduras no solo entre los más atrasados en términos de modernización dentro de Centroamérica, sino también en toda Latinoamérica. Además, persiste como un entorno altamente inseguro, frecuentado por criminales que diariamente cometen diversos delitos. A esto se suma el hecho de que muchas de las unidades están vinculadas al crimen organizado, lo que agrava aún más la situación.
