Los liderazgos de las tres principales fuerzas políticas de Honduras representadas en los partidos Liberal, Nacional y Libertad y Refundación (Libre), están salpicados por la corrupción y el narcotráfico.
Tanto los Hernández, como los Zelaya y los Rosenthal tienen algo en común: todos, según pruebas testimoniales y evidencias presentadas en tribunales de Estados Unidos, de alguna forma, establecieron estrechos vínculos con el cártel de “Los Cachiros”.
En el caso de los Hernández, la justicia de Estados Unidos los identificó como conspiradores para introducir a esa nación miles de toneladas de cocaína y de haber convertido a Honduras en un narcoestado, mientras los Rosenthal, lavaron dinero proveniente de las drogas y los Zelaya, se sabe hasta el momento que, supuestamente, recibieron sobornos para financiar la campaña de 2013.
Tegucigalpa, Honduras. – El conflicto que enfrenta el gobierno de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, configura nuevamente la existencia de la narcopolítica en este país centroamericano que se debate en una nueva crisis que ha develado que, por lo menos, las tres principales fuerzas políticas están salpicadas por el narcotráfico y la corrupción.
El involucramiento de los políticos en el narcotráfico cobró fuerza el pasado 28 de agosto, a raíz de la denuncia del tratado de extradición con los Estados Unidos por parte de la presidenta Castro.
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Este escenario ha generado señalamientos contra varios funcionarios y exfuncionarios, algunos con alto perfil mediático y otros más discretos que buscan continuar en el poder o retomarlo en las próximas contiendas electorales.
De acuerdo con un seguimiento y análisis de información realizado por Criterio.hn, entre los señalados se encuentra una larga lista de políticos de los partidos Libertad y Refundación (Libre), Liberal y Nacional, quienes conforman el tripartismo y son los que tienen mayor probabilidad de ser electos en los comicios de 2025.
Una figura que tiene connotación en la actualidad y que está resonando en los oídos de los hondureños es el expresidente (2006-2009), José Manuel Zelaya, (2006-2009), actual asesor y esposo de la presidenta Xiomara Castro. Aunque no ha sido procesado judicialmente por presunta falta de pruebas, históricamente se le ha vinculado con el supuesto uso de fondos del narcotráfico para llegar al poder.
En un video revelado por InSight Crime el martes 3 de septiembre, se observa cómo Carlos Zelaya, quien recientemente renunció al cargo de diputado y secretario del Congreso Nacional, hermano de José Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Castro, participa en una reunión en la que están presentes los narcotraficantes, Ramón Matta Waldurraga, Devis Rivera, líder del cártel «Los Cachiros«, Wilter Blanco, y Héctor Emilio Fernández Rosa alias “Don H”.
El video muestra cuando “Carlón”, como popularmente se le conoce a Carlos Zelaya, pacta en 2013 —durante la fallida campaña presidencial de Castro— recibir financiamiento de los narcotraficantes, para entregárselo al «Comandante«, supuestamente refiriéndose al expresidente Zelaya.
Esta sería la primera evidencia no testimonial que vincula literalmente lo que sectores de la actual oposición política han denunciado históricamente: el estrecho vínculo entre los Zelaya y el narcotráfico.
Además, el expresidente Zelaya también fue mencionado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en el juicio contra el exmandatario y narcotraficante Juan Orlando Hernández por José Sánchez, alias “El Contador”, quien afirmó en el estrado que “Mel” (como es conocido popularmente) recibió dinero ilegal de Graneros Nacionales, empresa donde se discutían asuntos sobre la protección para el tráfico de drogas.
De hecho, después de que el nombre del expresidente Zelaya fuera mencionado en el juicio de Juan Orlando Hernández, el Ministerio Público, dirigido por el fiscal general Johel Zelya —colocado estratégicamente por el oficialismo— lo citó para que rindiera cuentas. Esto fue cuestionado, ya que no hubo una investigación previa y solo sirvió como una muestra superficial de «justicia«.
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De igual manera, el principal responsable de los señalamientos contra el gobierno de Castro es Carlos Zelaya, por sus supuestos vínculos con el narcotráfico. Según el video de InSight Crime, en la reunión con los narcos también participó el actual alcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez y Carlos Muñoz, exdiputado suplente de Manuel Zelaya. Calos Zelaya actuaba como intermediario entre el expresidente “Mel” y los clanes del narcotráfico que financiaban campañas políticas a cambio de beneficios, como protección y obtención de cargos públicos.
Carlos Zelaya, quien presentó su renuncia como diputado por el departamento de Olancho ante el Consejo Nacional Electoral, formalizó dicho procedimiento, hasta el pasado martes 17 de septiembre, ante el pleno del Congreso Nacional, tal como lo establece el artículo 197 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional.
En febrero pasado, después de haber sido mencionado en el juicio de Juan Orlando Hernández, Carlos Zelaya, negó haber tenido cualquier vínculo con el narcotráfico.
“Niego rotundamente las falsas imputaciones contra mi persona, usadas como distractores en el juicio contra JOH [Juan Orlando Hernández], quien, sí es acusado por EE. UU., y señalado como narcotraficante. Organizó un cártel aprovechando sus cargos públicos y las instituciones del Estado”, escribió Zelaya el 28 de febrero de 2024 en su cuenta de X.
Sin embargo, paradójicamente, esa gallardía y entusiasmo de defensa desaparecieron el pasado sábado 31 de agosto, luego de declarar ante la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), cuando habló por primera vez con “la verdad” y confesó que en 2013 se reunió con narcotraficantes, pero que todo había sido una trampa, ya que fue grabado por uno de ellos.
“Hace 11 años, en 2013, se me invitó a participar en una reunión. Esta reunión fue coordinada por el abogado Carlos Muñoz y el abogado Rafael Sarmiento. Hoy quiero decir esto porque estoy convencido de que la reunión fue grabada; caí en una trampa. Aparentemente, existe un video (…) El único que pude reconocer fue al señor Ramón Matta, pero ahora entiendo que también estaban el señor Cachiro y Adán Fúnez”, confesó Zelaya.
Después de las declaraciones de Zelaya, el diputado Rafael Sarmiento negó haber participado en la reunión con los líderes del narcotráfico. De hecho, el video no mostró a Sarmiento durante la reunión.
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Carlos Zelaya y el abogado Carlos Muñoz, quienes comparten una amistad cercana que los ha convertido en compadres, desistieron de sus cargos y se pusieron a disposición de las autoridades nacionales e internacionales para ser investigados, una práctica que no siguió Adán Fúnez, actual alcalde de Tocoa, Colón.
Entonces, la declaración de Carlos Zelaya sólo reforzó el estrecho vínculo que el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, ha tenido con el narcotráfico. Fúnez confesó en 2016 que era amigo de Javier Rivera Maradiaga, uno de los líderes del clan criminal “Los Cachiros”, sentenciados en Estados Unidos por tráfico de drogas.
Fúnez, quien ganó la alcaldía con el apoyo de Libertad y Refundación, fue mencionado en 2017 durante el juicio de Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa. De igual manera, Devis Leonel Rivera, hermano de Javier Rivera, afirmó que el edil era uno de los políticos de Colón que había recibido más sobornos.
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El partido en el poder no sólo está integrado por algunas personas que han sido vinculadas con el narcotráfico, sino que también por algunos líderes políticos que, según el Departamento de Estado de EE. UU., se han encargado de participar en actos de corrupción y socavar la democracia, motivo por el que fueron incluidos en la Lista Engel, una herramienta que no es vinculante y que sólo se publica en los países del norte de Centroamérica.
En la lista en mención fue incluido, en 2023, el secretario de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, por encabezar grupos de Libre para crear conflicto e intimidar a diputados de oposición durante la sesión del 31 de octubre de 2023 y, supuestamente contribuir a cerrar esa legislatura con una estrategia política que favoreció al oficialismo para que sea creará una Comisión Permanente que al día siguiente nombró, de manera interina, a Johel Zelaya como fiscal general y a Mario Morazán como fiscal general adjunto del Ministerio Público.
En 2022, el gobierno estadounidense incluyó en la extensa nómina de la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos, establecida bajo la sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte, al vicepresidente del Congreso Nacional y actual precandidato presidencial Rasel Tomé, así como al diputado Edgardo Casaña, líder magisterial y al asesor presidencial Enrique Flores Lanza.
Rasel Tomé fue señalado por malversar aproximadamente 327 mil dólares provenientes de fondos públicos mientras dirigía la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
Por su parte, Enrique Flores Lanza, actual asesor presidencial que, mientras fue secretario de la Presidencia (2006-2009), estuvo implicado en el desvío de 40 millones de lempiras del Banco Central de Honduras (BCH), en el denominado caso “el carretillazo”, mediante el cual el gobierno de Manuel Zelaya pretendía erogar los gastos para desarrollar una encuesta con la intención de instalar una Asamblea Nacional Constituyente, el 28 de junio de 2009, día en que se gestó el golpe de Estado en contra de Zelaya.
Además, Edgardo Antonio Casaña Mejía, diputado oficialista, reestructuró el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio para asignar más de cinco millones de lempiras en beneficios a los afiliados a esta institución buscando asegurar votos y consolidar el poder político, según EE. UU.
La mayoría de los funcionarios, tras enterarse de que formaban parte de esta lista, argumentaron que no han participado ni perpetrado actos de corrupción, y que la inclusión por parte del gobierno estadounidense busca, de alguna manera, desestabilizar el gobierno de la presidenta Castro.
En medio de la actual crisis, el fiscal general del Ministerio Público (MP), Johel Zelaya, alzó la voz y se comprometió a que todos los personajes políticos, sin excepciones, incluidos los del oficialismo, que han sido mencionados en tribunales de Estados Unidos, serán investigados.
De igual forma, sectores de la sociedad civil y abogados constitucionalistas solicitaron, por el bien de la democracia y la justicia hondureña, que la presidenta Xiomara Castro y sus familiares que ostentan cargos públicos desistan de sus cargos para someterse a investigaciones, replicando la práctica de Carlos Zelaya. Esta solicitud también se hizo al narco expresidente, Juan Orlando Hernández.
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EL NARCOGOBIERNO DE PARTIDO NACIONAL
Durante sus 12 años en el poder (2010-2022), el Partido Nacional sentó las bases para la formación de un narcoestado, comenzando con el expresidente Porfirio Lobo Sosa y consolidado y dirigido en los últimos ocho años por el expresidente Juan Orlando Hernández, quien en junio pasado fue sentenciado en Estados Unidos a 45 años de cárcel.
Sin embargo, al hacer una breve radiografía de los años anteriores, se observa que, para consolidar un narcoestado, los nacionalistas no sólo mantuvieron estrechos vínculos con líderes de clanes del narcotráfico, al igual que algunos funcionarios actuales, sino que también colocaron estratégicamente a personas clave en instituciones de seguridad pública y contaron con el respaldo de diputados que hoy están sentenciados por narcotráfico en Estados Unidos.
Uno de los primeros eslabones en romperse, que reveló algunos detalles sobre cómo operaban los funcionarios nacionalistas, fue Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo. Fabio fue capturado el 20 de mayo de 2015 en Puerto Príncipe, Haití, y en 2017 fue sentenciado a 24 años de prisión en una corte estadounidense por tráfico de drogas.
Aunque Fabio Lobo evitó implicar a su padre en sobornos del narcotráfico durante su propio juicio, no pudo mantener esa postura en el proceso legal de Juan Orlando Hernández, en el que sirvió como testigo de la Fiscalía, acción que quizás haya servido para quedar en libertad en los próximos días.
En esa instancia, Fabio no sólo reconoció que había aceptado dinero del narcotráfico, sino que también afirmó que su padre, el expresidente «Pepe» Lobo, estaba al tanto de su participación en actividades ilegales y había utilizado su poder para facilitarlas.
A pesar de los múltiples señalamientos, denuncias y testimonios que vinculan al expresidente Porfirio Lobo con el narcotráfico, la Fiscalía hondureña nunca ha presentado cargos en su contra por este delito. Sin embargo, Lobo sí ha enfrentado acusaciones por su implicación en casos de corrupción, como el caso Pandora II, que involucra el desvío de fondos públicos.
Pero el 1 de febrero de 2024, un juez lo benefició con un sobreseimiento definitivo, eximiéndolo de cualquier responsabilidad penal en este caso.
Fabio Lobo no sólo reveló detalles de su padre, sino que también mencionó que Juan Orlando Hernández era literalmente “el cerebro” y “la carta de presentación” en los negocios que estuvo implicado su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández.
Juan Antonio «Tony» Hernández fue diputado durante el período 2014–2018, representando al departamento de Lempira bajo la bandera del Partido Nacional, luego de que el congresista en propiedad, Samuel Reyes Rendón, exdesignado presidencial en el gobierno de “Pepe” Lobo (2010-2014) fuera nombrado como secretario de Defensa durante el primer gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2018).
Seis meses después de haber asumido sus cargos públicos, ambos fueron acusados de ser propietarios de un narcohelicóptero que había sido incautado en el Río Plátano, en el sector de la Moskitia. Este hecho cobró fuerza hasta 2018, cuando el excapitán de las Fuerzas Armadas Santos Rodríguez Orellana confesó que se le ofreció un millón de dólares para no reportar el hallazgo de la aeronave.
De hecho, en una investigación publicada en 2022, Criterio.hn reveló cómo Samuel Reyes, aliado de los hermanos Hernández, siendo secretario de Defensa, se asoció con Kensy Ivette García Torres, conocida en el mundo delictivo como “La Muñeca de la Mafia”. La investigación reveló la conexión comercial que tuvo García Torres con cárteles de la droga y personajes sindicados en casos de corrupción.
Sin embargo, el vínculo entre poder, narcotráfico y lavado de activos de los Hernández y sus socios, comenzó a desmoronarse el 23 de noviembre de 2018, cuando, tras varios señalamientos, las autoridades estadounidenses capturaron a “Tony” por narcotráfico.
Tras un juicio en Nueva York, “Tony” fue declarado culpable en octubre de 2019 de varios cargos, incluyendo conspiración para traficar cocaína, posesión de armas y mentir a las autoridades. Finalmente, en marzo de 2021, fue sentenciado a cadena perpetua más 30 de reclusión.
Un año después, en Miami, agentes estadounidenses capturaron a la»La Muñeca de la Mafia«, tras confesar haber participado en el lavado de 1.8 millones de dólares provenientes del narcotráfico. García Torres fue condenada a la pena mínima de tres años de cárcel. De hecho, en los próximos meses estaría gozando de libertad.
En el contexto de este cálculo para consolidar el narcoestado bajo el Partido Nacional, también fueron piezas clave, los exsecretarios de Seguridad Óscar Álvarez (2010-2012) y Julián Pacheco Tinoco (2016-2022), el exdiputado Óscar Nájera, el exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos “El Tigre” Bonilla (sentenciado en EE. UU. por narcotráfico), entre otros.
Todos han sido mencionados, algunos hasta sentenciados, en diferentes juicios en EE. UU. por recibir sobornos del narcotráfico y utilizar la influencia de sus cargos para facilitar el tráfico de drogas.
Actualmente una facción nacionalista colocó a Ana García, esposa de Juan Orlando Hernández, en la ecuación de precandidatos presidenciales para buscar nuevamente el poder en las próximas contiendas electorales, a pesar de que fue cómplice y respaldó todas las acciones ilegales que perpetraron los hermanos Hernández en los 12 años de hegemonía (cuatro años en el Congreso y ocho en el Ejecutivo).
Cinco días después de que Ana García oficializó su candidatura presidencial por el Partido Nacional, un medio argentino informó que el Ministerio Público de Honduras había iniciado una investigación en su contra por lavado de activos.
Criterio.hn consultó, en junio pasado, al vocero del Ministerio Público, Yuri Mora, quien no confirmó ni negó la supuesta investigación contra García. Sin embargo, en la cadena nacional brindada por la presidenta Xiomara Castro el pasado 28 de agosto, García fue mencionada como investigada por la Fiscalía por delitos ligados al narcotráfico.
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CORRUPCIÓN EN TIEMPO DE JOH
En el gobierno de Hernández Honduras pasó de ser un puente de tránsito de drogas hacia los Estados Unidos a productor de plantas de coca e instalación de narcolaboratorios.
Pero, más allá de un narco estado, en Honduras incrementó la corrupción a tal punto que, además de ser incluidos en la Lista Engel, los imputados por la justicia hondureña comenzaron a huir del país, convirtiéndose en prófugos y autodefiniéndose como “exiliados”.
Por ejemplo, el exsecretario de la Presidencia Ebal Díaz, tras no lograr una diputación en las elecciones pasadas y la captura de Hernández, huyó de Honduras y se refugió en Nicaragua, donde recibió la ciudadanía.
Díaz salió del país debido a su implicación en diversos casos de corrupción durante su gestión. Estos casos, por la incapacidad de la anterior Fiscalía, que también estaba dirigida por un aliado de Hernández, permanecen en la impunidad, a pesar de los requerimientos en su contra.
La misma dinámica la repitió Ricardo Cardona, exsecretario de la extinta Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), ahora Secretaría de Desarrollo Social (Sedasol); así como exsecretario privado y jefe de Gabinete Presidencial durante los dos periodos presidenciales de Hernández (2014-2022).
Además, entre los señalados y procesados judicialmente figuran nacionalistas que estarían buscando nuevamente una diputación en el Congreso Nacional, como Reinaldo Sánchez, extitular de Sedis que fue denunciado ante la Fiscalía por José Carlos Cardona, actual titular de Sedasol, por desviar dos mil millones de lempiras a Oenegés.
En 2020, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) señaló a Reinaldo Sánchez por su participación en la malversación de fondos públicos en el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, dirigido en ese entonces por Alejandra Hernández Quan. Esta última también se desempeñó como subsecretaria de Seguridad y, es pariente de Mario “Cubeta” Cálix, narcotraficante y exvicealcalde de Gracias, Lempiras, recientemente extraditado a EE. UU.
De igual manera, entre los señalados y procesados por corrupción se encuentran el actual jefe de la bancada, Tomás Zambrano, y Antonio Rivera Callejas. Ambos fueron implicados en el caso «Fe de Erratas» y beneficiados con un sobreseimiento definitivo por la anterior Corte, dirigida por Rolando Argueta, aliado de los Hernández.
Por su parte, el exalcalde del Distrito Central y precandidato presidencial nacionalista, Nasry Asfura, fue acusado en 2020 por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) por delitos de lavado de activos, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y uso de documentos falsos.
Sin embargo, en pocas palabras, en 2023 el Poder Judicial concluyó que la evidencia presentada por la Uferco no fue suficiente para sustentar las acusaciones contra Asfura, quien en 2021 fue incluido en los «Pandora Papers» por la constitución de empresas en paraísos fiscales durante ejercía su función de alcalde.
Mientras tanto, David Chávez Madison, excandidato a la alcaldía capitalina y mientras se desempeñaba como presidente del Partido Nacional huyó de Honduras a finales de noviembre de 2023. Actualmente se encuentra prófugo de la justicia luego de que el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada y Corrupción emitiera una orden de captura por supuestamente cometer los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios durante su gestión como director del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) entre 2010 y 2013.
Una investigación de Criterio.hn publicada en noviembre de 2021, refuerza la indagación de la Fiscalía, por la cual el Poder Judicial emitió la orden de captura. Durante su gestión como director del Infop, Chávez Madison, junto a sus socios, consolidó una red empresarial con las empresas Grupo Visión y Dynamic, a las que transfirió casi 60 millones de lempiras provenientes de las arcas de Infop.
No obstante, Chávez y la reducida facción de nacionalistas que defienden su inocencia sostienen que se encuentra en el exilio, evadiendo la justicia por ser víctima de un “plan político del oficialismo”, que ha instrumentalizado el engranaje legal del país a su favor.
Algunos políticos nacionalistas expuestos están incluidos en la Lista Engel, como Porfirio Lobo Sosa y su esposa, Rosa Elena Bonilla, quien actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario cumpliendo una pena por corrupción. Otros, como la precandidata presidencial Ana García, que le han suspendido su visa estadounidense debido a las irregularidades por las que ha sido señalada.
De igual manera, también figuran políticos que ostentaron el poder hace más de una década y continúan moviéndose estratégicamente y sigilosamente bajo la sombra del Partido Nacional, como Miguel Pastor Mejía, quien fue titular de la extinta Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda y en su cargo otorgó contratos a empresas constructoras propiedad del cártel de “Los Cachiros” con el propósito de lavar activos, razón por la cual fue incluido en el caso ‘Narcopolítica’ presentado por la Maccih e incluso en la Lista Engel, aunque está en libertad gracias a la impunidad.
Asimismo, Ricardo Álvarez, quien fue alcalde del Distrito Central, enfrentó cuestionamientos por la ejecución del monumento a la corrupción Trans-450, un sistema de transporte rápido que buscaba modernizar la capital.
Aunque la obra fue inaugurada por Álvarez, quedó inconclusa durante años y los altos costos generaron cuestionamientos sobre su gestión. El proyecto, que prometía ser un avance significativo para el transporte urbano, terminó siendo un símbolo de la ineficiencia en la administración de fondos públicos.
En 2021, durante un juicio en Nueva York, Leonel Rivera, implicó a Álvarez en un supuesto soborno de 500 mil dólares en 2012, a cambio de protección para sus hermanos. Además, su nombre apareció en los Papeles de Pandora, relacionado con una empresa en Panamá desde 2006, lo que suscitó nuevas especulaciones sobre posibles actividades ilícitas vinculadas al manejo de fondos y evasión fiscal.
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LIBERALES IMPLICADOS EN ACTOS ILEGALES, CON HAMBRE DE PODER
El Partido Liberal de Honduras (PLH), a pesar de no haber logrado la presidencia en las elecciones generales pasadas de la mano del exconvicto Yani Benjamín Rosenthal, cuestionado por no saldar la deuda con los exempleados del extinto Diario Tiempo en su versión impresa bajo el argumento de estar en bancarrota, nuevamente busca el poder con dos nuevos integrantes. Estos mantienen discursos anticorrupción y antidrogas, pero se inscribieron en un partido manchado por esos delitos.
Para comprender el vínculo del narcotráfico con esta casa política, basta con examinar detenidamente que el actual presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Yani Rosenthal, quien recientemente juramentó a Salvador Nasralla y Jorge Cálix como nuevos inquilinos, confesó en 2017 haber sido culpable de blanquear dinero proveniente del clan del narcotráfico “Los Cachiros”.
Yani Rosenthal, quien está decidido a ascender al poder que dejó vacante su fallecido padre Jaime Rosenthal, después de 36 meses de prisión en Nueva York por lavar dinero a “Los Cachiros” entre 2004 y 2015, regresó a Honduras no sólo para intentar conquistar la presidencia, lo cual no tuvo éxito en 2021, sino también para negociar acuerdos en los que se pactó la impunidad para elegir a los 15 magistrados que actualmente integran la Corte Suprema de Justicia.
Quizás, gracias a este acuerdo en el que participaron líderes del tripartidismo, Rosenthal logró que la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, en junio de este año, le devolviera la totalidad de los bienes distribuidos en 12 cuentas bancarias, 32 inmuebles, dos aeronaves, más de 20 millones de lempiras en efectivo y 130 vehículos, que habían sido confiscados en 2019 durante el mandato de Juan Orlando Hernández.
Algo que llama la atención es que, dentro de los bienes devueltos a la familia Rosenthal, se encuentran los activos del Banco Continental S.A. y Empacadora Continental S.A. de C.V., ambas empresas vinculadas a Inversiones Continental, que fueron utilizadas para lavar el dinero proveniente de los narcotraficantes “Los Cachiros”.
Entonces, tras una breve exposición del estrecho vínculo que el actual presidente del Partido Liberal tuvo con el narcotráfico, se podría entender por qué algunas figuras, una vez alcanzado un cargo público, encontraron tan fácil utilizar su posición no para beneficiar al pueblo, como lo prometieron, sino para continuar con la hegemonía de corrupción y tráfico de drogas, similar a la de los partidos políticos anteriormente expuestos.
Por ejemplo, Fredy Nájera, exdiputado del Partido Liberal durante el período 2010-2014. Fue implicado en varios casos relacionados con el narcotráfico. En 2018, lo arrestaron en Honduras y posteriormente extraditado a los Estados Unidos. En 2019, fue condenado a 20 años de prisión por cargos de narcotráfico y conspiración para distribuir drogas.
Para detallar el rol de Fredy Nájera, según documentos de la Fiscalía estadounidense, en 2013 recibió un millón de dólares del Cártel de Sinaloa para apoyar la campaña presidencial de Yani Rosenthal. Sin embargo, Rosenthal perdió contra Juan Orlando Hernández, quien también fue acusado de financiar su campaña con dinero ilícito.
Por su parte, Midence Oquelí Martínez Turcios, exdiputado del Partido Liberal durante dos períodos (2010-2014 y 2014-2018), fue capturado el 3 de diciembre de 2022 en Colón, departamento ubicado en el Caribe hondureño. Posteriormente, fue extraditado el 30 de marzo de 2023 a Estados Unidos por utilizar su cargo para traficar con drogas.
La dinámica delictiva del exdiputado es similar a la de los antes mencionados. De acuerdo con documentos de la Fiscalía estadounidense, en 2004 Martínez Turcios se unió al clan “Los Cachiros”, donde colaboró con protección, facilitación de rutas para evadir retenes policiales y militares, y el tráfico de drogas, a cambio de millonarios sobornos que debían ser repartidos entre los líderes de la casa política a la que perteneció.
Otro lazo que vinculó a los liberales con el crimen organizado es el supuesto financiamiento otorgado en 2013 al entonces candidato presidencial Mauricio Villeda. En el juicio a Juan Orlando Hernández, el jefe del cártel de “Los Cachiros”, Devis Leonel Rivera Maradiaga, aseguró que su grupo criminal le otorgó a Villeda entre 200 a 250 dólares para financiar la campaña electoral en 2013.
Esta es sólo una muestra del vínculo de los liberales con el narcotráfico, pero también hay personajes que, mientras ostentaban un cargo público, perpetraron delitos de corrupción.
Uno de ellos fue Elvin Ernesto Santos Ordoñez, quien en junio de 2018 fue señalado, junto a otras personas, por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), de desviar 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, para financiar campañas políticas.
La lista expuesta en este artículo podría ser mucho más extensa, debido a que también hay liberales incluidos en la Lista Engel, pero el principal propósito de Criterio.hn es evidenciar, una vez más, cómo las figuras del tripartidismo han mantenido vínculos directos con el narcotráfico y han perpetrado la corrupción desde el poder. El objetivo es despertar una conciencia crítica y fomentar el cuestionamiento en un gran sector de la población que, hasta ahora, continúa apoyando a estos aspirantes a cargos públicos, ya sea con conocimiento o ignorancia del daño que han causado estas personas a Honduras cada vez que han logrado obtener un poco de poder.
