Tegucigalpa, Honduras. – De más de 50 expedientes enviados por la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) al Ministerio Público (MP) durante 2024, este último solo presentó 10 requerimientos fiscales contra policías acusados de cometer fechorías. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) los“benefició” con sobreseimientos provisionales.
De acuerdo con información proporcionada por el Ministerio Público a este medio de comunicación, durante 2024, el ente investigador requirió a 10 elementos policiales luego de que la Dirección de Asuntos Policiales enviara sus expedientes por haber participado en ilegalidades de índole penal, y no solo administrativas.
Los 10 uniformados, de los cuales no se detalló el rango alcanzado dentro de la institución policial, posiblemente se aprovecharon del estado de excepción para perpetrar diversas fechorías, ya que la mayoría fueron procesados judicialmente por delitos de tortura, abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios, falsificación de documentos y vejámenes.
Por ejemplo, en la información proporcionada por el MP mediante una solicitud de información, se comprobó que la edad de los policías procesados oscila entre los 23 y 29 años, lo que sugiere que no ocupan altos niveles jerárquicos dentro de la institución.
De hecho, entre los policías investigados por cometer ilegalidades, solo hay uno de 40 años, quien utilizó su rango en la institución para perpetrar el delito de vejámenes en perjuicio de un subalterno y abuso de autoridad en contra de ciudadanos, violando los derechos humanos, según indica el expediente.
Sin embargo, aunque estos elementos policiales cometieron delitos durante el estado de excepción vigente, que podría aumentar la gravedad porque es un abuso a las facultades que poseen, el Poder Judicial los premió con sobreseimientos provisionales debido a factores como la falta de evidencias suficientes presentadas por el Ministerio Público para demostrar la culpabilidad de los imputados.
Un acto ilegal cometido por miembros de la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público (PMOP) entre diciembre de 2022 y octubre de 2024 debería considerarse de grave envergadura, ya que se llevó a cabo en el contexto de un estado de excepción inconstitucional que, en teoría, busca defender a la sociedad de maras, pandillas y narcotráfico.
De hecho, estos 10 elementos policiales representan solo una parte del iceberg de las ilegalidades cometidas por miembros de la Policía Nacional, ya que este total solo incluye faltas investigadas por la misma institución, y no las fechorías denunciadas ante el Ministerio Público que ocurrieron y continúan registrándose durante el estado de excepción.
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¿BENEFICIA EL SOBRESEIMINETO PROVICIONAL?
Para el abogado penalista Fernando Ávila, el sobreseimiento provisional actúa como un beneficio para los policías procesados, ya que implica que el caso queda en pausa debido a la falta de suficientes pruebas para dictar una sentencia. En esencia, se le está indicando a la Fiscalía que, sin evidencias suficientes, el proceso se detiene, permitiendo que los acusados queden en libertad o continúen sin enfrentar una condena inmediata.
Ávila también explicó que, debido a la ineficiencia histórica del Poder Judicial bajo la dirección de la magistrada Rebeca Ráquel Obando, es probable que, a pesar de que el Ministerio Público haya apelado la decisión inicial de sobreseimiento provisional, estos casos sean archivados y contribuyan a la extensa mora judicial.
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De hecho, la mora judicial no solo retrasa los procesos judiciales contra miembros de los cuerpos de seguridad pública, sino que también afecta a casos de personas privadas de libertad que llevan más de 10 años en prisión sin haber iniciado un juicio. Peor aún, esta impunidad permite que algunos criminales sean liberados debido a la lentitud del sistema judicial.
ILEGALIDADES DURANTE EL ESTADO DE EXCEPCIÓN
Durante el estado de excepción en Honduras, que ha estado en vigor desde diciembre de 2022, se ha observado un incremento en las ilegalidades cometidas por miembros de la Policía Nacional y de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
Este régimen especial, diseñado para enfrentar la violencia y el crimen organizado, ha otorgado amplias atribuciones a las fuerzas de seguridad, incluyendo la capacidad de realizar arrestos y allanamientos sin necesidad de órdenes judiciales. Sin embargo, estas facultades ampliadas han resultado en un aumento de abusos y fechorías.
Información cotejada por Criterio.hn indica que, en el período de vigencia del estado de excepción, se han registrado numerosos casos de violaciones a los derechos humanos y delitos cometidos por agentes de seguridad. La falta de supervisión y la posibilidad de actuar sin restricciones legales han permitido que muchos policías se involucren en prácticas ilícitas como extorsión, tortura y abuso de autoridad.
Las denuncias de ciudadanos afectados han puesto de manifiesto cómo algunos elementos policiales han utilizado el estado de excepción para perpetuar abusos y cometer delitos, lejos de la misión original de proteger a la población.
Además, la incapacidad de las autoridades para sancionar adecuadamente a los infractores ha exacerbado el problema. La falta de una supervisión efectiva y la impunidad que rodea a estos casos han permitido que los abusos persistan sin consecuencias significativas.
Mientras el estado de excepción continúa en vigor, el desafío para la justicia y los organismos de control será asegurar que el poder conferido a las fuerzas de seguridad no se convierta en una carta blanca para la violación de derechos y la posible corrupción.
