El violento desalojo en La Sarrosa expone la grave vulneración de derechos que enfrentan las comunidades campesinas en Honduras
Esta situación evidencia la urgente necesidad de detener los desalojos forzosos y garantizar la seguridad agraria y el derecho a la tierra de los pueblos campesinos
Portada: foto de archivo desalojo en Guacamaya
Tegucigalpa, Honduras. – En medio de un conflicto agrario en la zona sur de El Progreso, Yoro, una mujer campesina, identificada como María Munguía Betancourt de 46 años de edad, resultó herida de gravedad en horas de la mañana.
Desde la Red Nacional de Defensoras y Radio Progreso denunciaron que Munguía no había recibido atención médica, debido a que empleados de la empresa Azucarera del Norte S.A. (Azunosa) bloquearon el paso a la ambulancia del cuerpo de Bomberos de Honduras. Sin embargo se conoció que la campesina se recupera satisfactoriamente.
Ante la violencia ejercida y el impedimento para que los cuerpos de socorro ingresaran a auxiliar a María Munguía, quien recibió el golpe de una piedra en su frente, Ismael Moreno, exdirector del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) catalogó la situación como “extrema inhumanidad”. Destacando que más allá de cualquier tipo de conflicto, Munguía lleva varias horas inconsciente en el suelo y bajo el sol.
“No hay manera que salga de acá, han taponeado una entrada que es una vía pública”, recriminó el padre Melo. De acuerdo con los testimonios, los bomberos, dieron varias vueltas buscando una ruta alterna para auxiliar a Munguía.
El padre jesuita que se encontraba en el lugar del desalojo, responsabilizó tanto al Estado de Honduras como a Azunosa si le llegara a ocurrir algo peor a María Munguía.
Después de casi tres horas de permanecer en el suelo y ante la presión de organismos de defensa de derechos humanos, Munguía fue trasladada a un centro asistencial.
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POLICÍA Y SEGURIDAD PRIVADA DE AZUNOSA PERPETRARON VIOLENCIA CONTRA DEFENSORES EN DESALOJO
Según la denuncia de la Red Nacional de Defensoras, el desalojo violento de las comunidades en conflicto con Azunosa contó con la complicidad de la Policía Nacional, cuyos elementos estuvieron presentes desde temprano para garantizar que se llevara a cabo y asegurar que tanto empleados como guardias de seguridad privada de la empresa pudieran ejecutar el desalojo en que perpetraron actos de violencia en contra de las defensoras y defensores del territorio incluyendo menores de edad.
Esta situación evidencia una vez más la cooptación de las fuerzas de seguridad del Estado por parte de grupos de poder económico, que utilizan su influencia para reprimir las legítimas demandas de comunidades campesinas en conflictos agrarios. En los últimos años, la Policía Nacional ha sido el ejecutor de los desalojos violentos en los que la maquinaria pesada de la empresa privada destruye todos los cultivos.
De acuerdo con testimonios de los campesinos, en la Aldea La Sarrosa, la empresa azucarera destruyó aproximadamente 50 manzanas de cultivo de maíz de las familias campesinas.
Ante esta arbitrariedad, el padre Melo, advirtió que hay que darle una atención y cuidado a la población campesina a la que se le destruyeron los cultivos, mismos que son producto del trabajo de las organizaciones campesinas. Además, el sacerdote, hizo un llamado a los organismos de derechos humanos y al mismo Estado para darle protección al Movimiento de Campesinos Sin Tierras de Yoro ya que enfrentan “una clara situación de amenaza y de indefensión ante quienes están amenazando con terminar de cortar los cultivos”.
La falta de intervención por parte de las autoridades evidencia un patrón recurrente en Honduras, donde los conflictos agrarios se han agravado debido a la inacción gubernamental. Casos similares se han dado en el Valle del Aguán, donde a pesar de acuerdos firmados entre el gobierno y organizaciones campesinas, los asesinatos, desalojos violentos y la conflictividad continúan.
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EXIGEN DETENER DESALOJOS VIOLENTOS
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH) ha denunciado esta grave situación, señalando que las comunidades campesinas enfrentan una política de despojo, estigmatización y persecución judicial.
La organización hace un llamado urgente a las entidades de derechos humanos y al movimiento social para que se mantenga un seguimiento a la situación de los defensores campesinos.
La RNDDH exige al Estado que detenga los desalojos, la criminalización y el hostigamiento contra las organizaciones campesinas que luchan por su legítimo derecho a la tierra, a la alimentación y a una vida digna, libre de violencia.
Los desalojos violentos perpetrados contra los movimientos campesinos en Honduras no sólo representan una flagrante violación a los derechos humanos, sino que también perpetúan el ciclo de pobreza en las comunidades rurales del país. Al ser expulsados de manera forzosa de sus tierras, los campesinos no sólo pierden sus hogares, sino también sus medios de subsistencia, lo que agrava significativamente su situación económica y social.
Sin acceso a la tierra para cultivar y generar ingresos, estas familias quedan atrapadas en un ciclo de pobreza del que les resulta extremadamente difícil salir. Según la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, Isabel Albaladejo, estos desalojos violentos tienen un impacto directo en el goce de los derechos socioeconómicos de las comunidades campesinas, que continúan viéndose afectados por la desigualdad, la pobreza y la falta de acceso equitativo a la tierra y a los recursos naturales.
Esta situación pone de manifiesto la urgente necesidad de implementar políticas públicas que garanticen la seguridad agraria y el respeto a los derechos de los pueblos campesinos en Honduras.
La OACNUDH reportó que en 2023 se contabilizaron al menos 38 desalojos forzosos, aunque las organizaciones campesinas indican que esta cifra podría ser mayor.
