A pesar de la orden gubernamental que prohíbe el incremento de la tarifa en las unidades de transporte urbano conocidas como “rapiditos” en cinco ciudades, y ante la falta de alternativas o el pago del subsidio que supuestamente se adeuda desde hace cinco meses, los empresarios del sector advierten que este jueves decidirán si aumentan el costo del pasaje de 13 a 16 lempiras.
Tegucigalpa, Honduras.- Que el Poder Ejecutivo no haya emitido un decreto para continuar la entrega del bono compensatorio al transporte urbano para que posteriormente el Congreso Nacional lo aprobara, ha agudizado la tensión entre el gobierno de la presidenta hondureña Xiomara Castro y la cúpula empresarial de transportistas, situación que podría concluir en un aumento de tres lempiras al pasaje.
La última vez que el Poder Ejecutivo emitió un decreto y posteriormente el Congreso Nacional lo aprobó para continuar con la entrega del bono compensatorio al sector del transporte urbano fue en junio de 2023, días antes de que los diputados tomaran sus vacaciones legislativas.
Durante una de las últimas sesiones legislativas de ese año, debido a la crisis desatada por la elección de las actuales autoridades del Ministerio Público, se aprobó el bono o subsidio para los usuarios hasta el 31 de diciembre de 2023. Por lo tanto, a principios de este año se debía decretar una ampliación, la cual no ha ocurrido hasta la fecha.
Lo anterior despertó incertidumbre entre la dirigencia del rubro, debido a que el Ejecutivo parece no tener la voluntad de continuar entregando el bono que, al final, es un subsidio directo al usuario, ya que el pasaje debería costar 16 lempiras, pero con ese apoyo pasó a costar 13 desde principios de 2022 como un acuerdo entre el gobierno y transportistas.
Por esa supuesta falta de voluntad, la dirigencia del transporte urbano, después de una reunión de emergencia que sostendrán en la Cooperativa de Transporte Colectivo de Pasajeros Limitada (Cotracopl) el miércoles 9 de agosto, determinará si incrementa el costo del pasaje al precio establecido de 16 lempiras, que solo aplicaría en los buses ejecutivos conocidos como “rapiditos”.
“Mañana tendremos una reunión de emergencia a nivel nacional. El gobierno lleva cinco meses sin pagar el bono compensatorio al usuario, y estamos por entrar al sexto mes. En total, casi 200 millones de lempiras no se han percibido en cuatro ciudades: Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca”, explicó el empresario Wilmer Cálix en conversación con Criterio.hn.
Cálix, propietario de algunos autobuses que forman parte de un proyecto para modernizar el rubro, mencionó que las 1,486 unidades de transporte urbano en Tegucigalpa no han recibido el bono compensatorio durante los últimos cinco meses. Por lo tanto, el gobierno les adeuda 80 millones de lempiras, lo que equivale al 40% del total de 200 millones.
“El bono compensatorio es crucial para nosotros y entendemos que es un beneficio para el usuario, pero estamos en un punto en el que no recibimos respuestas ni alternativas. Con ese subsidio, el Estado no nos está donando; está beneficiando al usuario. Si nos dijeran que cobremos la tarifa real, lo haríamos, porque esta situación representa una gran pérdida”, explicó.
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EL PRECIO DEL PASAJE SE MANTENDRÁ: GOBIERNO
Por su parte, el comisionado presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Rafael Barahona, aseguró que no serán complacientes ante las exigencias de la cúpula empresarial del transporte urbano, argumentando que no están cumpliendo con algunas de las condiciones establecidas en el convenio que creó este subsidio desde 2022, año en que asumió el gobierno de Xiomara Castro.
Rafael Barahona cuestiona que la cúpula empresarial, precisamente la de Distrito Central, no está cumpliendo con el convenio que incluye la modernización del rubro con nuevas unidades
“Por ningún motivo se aumentará ni siquiera un centavo al precio del pasaje. Si se detienen y no obstruyen el tráfico, no habrá problemas, pero siempre habrá sanciones legales por no prestar el servicio a la población”, advirtió Barahona, funcionario recientemente beneficiado legalmente gracias al decreto 04-2022, conocido como el nuevo pacto de impunidad, hizo esta declaración.
Además, Barahona explicó que la cúpula empresarial no está cumpliendo con su parte del convenio para obtener el subsidio, que, en pocas palabras, consiste en ofrecer un servicio moderno y seguro a la población. El principal objetivo es atraer más usuarios para que estas unidades no contribuyan al congestionamiento vehicular.
Barahona ha reiterado que la dirigencia empresarial del Distrito Central es la que menos se ha ajustado al proyecto de modernización del transporte urbano. Argumentan que no cuentan con capital para adquirir nuevos autobuses, por lo que continuarán utilizando unidades viejas, obsoletas e inseguras, lo que contribuye a que sean los segundos más implicados en accidentes viales.
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CRISIS DEL TRANSPORTE URBANO EN HONDURAS
En el epicentro de Honduras, el transporte urbano, fundamental para la movilidad diaria de miles de ciudadanos, se encuentra en una encrucijada crítica en el Distrito Central. El panorama es invariable: unidades desfasadas, interminables esperas en paradas improvisadas y, en muchos casos, trayectos peligrosos que comprometen la seguridad y la vida de los usuarios.
La situación actual pone en evidencia la falta de compromiso tanto del gobierno como de los empresarios del sector para abordar este problema de manera integral. La ausencia de inversión en la modernización del transporte ha dado lugar a una flota de vehículos envejecida y mal mantenida, incapaz de satisfacer las necesidades de la población, que paga 13 lempiras por trayecto.
Los residentes de la capital hondureña sufren las consecuencias de esta inacción. Los retrasos constantes, las condiciones de seguridad deficientes y las tarifas elevadas son solo algunas de las adversidades que enfrentan diariamente. La ciudadanía exige una reforma urgente y efectiva del sistema de transporte.
Además, un aspecto crucial que resalta en el control del sector de transporte en Honduras, especialmente en el Distrito Central y en el país en general, es la influencia del crimen organizado. Investigaciones realizadas por Criterio.hn han revelado que el crimen organizado ha infiltrado el sector, corrompiendo a ciertos actores para facilitar el cobro de extorsión.
