La cúpula policial, liderada por Gustavo Sánchez, que ha estado a cargo de los datos oficiales sobre muertes en Honduras durante casi un año, ha afirmado en varias ocasiones que la reducción de homicidios, en comparación con años anteriores, es uno de los logros alcanzados gracias a las diversas estrategias implementadas en materia de seguridad
Sin embargo, esta postura ha sido cuestionada, ya que, aunque evidentemente hay una reducción en la tasa de homicidios, algunas de estas estrategias han sido implementadas para reducir la extorsión. En lugar de disminuir, este delito ha proliferado y se ha extendido a zonas del país donde antes no se registraba incidencia criminal
Tegucigalpa, Honduras.- Entre el 15 de junio y el 4 de agosto de 2024, 51 días para ser específicos, ha estado en marcha la tercera fase del Plan Solución Contra el Crimen (SCC) y algunas de las acciones aprobadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) que supuestamente fortalecen la lucha contra la violencia y criminalidad. Aunque se han implementado estas estrategias, se ha registrado un promedio de seis asesinatos diarios en el país.
De acuerdo con el cotejo de información a los datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), se constató que, durante el período en que han estado vigentes las medidas de seguridad, que se suponía eran más rigurosas para frenar la violencia y criminalidad, se han registrado 300 asesinatos, en varios puntos del país, algunos con más incidencia que otros.
El común denominador indica que San Pedro Sula, en Cortés (extremo norte de Honduras), el Distrito Central en Francisco Morazán (en el centro), Comayagua, Juticalpa en Olancho, y varios municipios de Yoro continúan siendo los principales escenarios de violencia que han dejado 300 muertos durante el periodo mencionado.
Distrito Central es la zona del país en donde más se han perpetrado asesinatos desde que entró en vigencia la tercera fase de Plan Solución Contra el Crimen con 147, lo equivalente al 49%. En segundo lugar, se posiciona San Pedro Sula, en el norte, con 103 muertes violentas, lo que representa el 34%. Comayagua, Olancho y Yoro no superan las 50 víctimas respectivamente, pero es donde más se han registrado asesinatos múltiples.
Lo paradójico es que, aunque se han registrado 300 muertes en 51 días, lo que equivale a 6 muertes diarias, desde que entró en vigencia la tercera fase del Plan Solución Contra el Crimen, el análisis de la misma cantidad de días en el período anterior, es decir, entre el 26 de abril y el 15 de junio de 2024, muestra poca diferencia en el número de muertes.
Entre el 25 de abril y el 14 de junio de 2024, cuando la segunda fase del Plan Solución Contra el Crimen, aprobada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad en marzo de 2023, aún estaba vigente, se registraron 339 asesinatos en el país. Esto representa 39 muertes más que durante el período en que ha estado en vigor la tercera fase de esta estrategia en materia de seguridad.
La cúpula policial, liderada por Gustavo Sánchez, que ha estado a cargo de los datos oficiales sobre muertes en Honduras durante casi un año, ha afirmado en varias ocasiones que la reducción de homicidios, en comparación con años anteriores, es uno de los logros alcanzados gracias a las diversas estrategias implementadas en materia de seguridad.
De hecho, no solo Sánchez, quien, aunque no debería, muestra inclinación política hacia el oficialismo, se ha atribuido este logro en la reducción de homicidios, sino que varios funcionarios del actual gobierno han calificado estas estrategias como exitosas. Por ello, han sugerido continuar con su aplicación, a pesar de que algunos mecanismos pueden implicar violaciones a los derechos humanos y permitir el abuso de poder por parte de policías y militares.
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PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD
Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), reconoció que, aunque la reducción de homicidios es evidente, los asesinatos continúan ocurriendo de manera constante, lo que genera una percepción elevada de inseguridad.
Según Ayestas, socióloga de profesión, más del 90% de los ciudadanos se sienten vulnerables ante la criminalidad. Este punto de vista pone de relieve la discrepancia entre las estadísticas oficiales y la realidad vivida por los hondureños, donde la violencia sigue afectando la seguridad cotidiana a pesar de las estrategias implementadas para combatirla.
Según Migdonia Ayestas, una encuesta realizada por el Observatorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, reveló que la población no solo se siente insegura en su barrio o colonia, sino también a nivel municipal, departamental y nacional. Los resultados muestran un nivel de temor del 89.9% en la población encuestada.
«Al abordar el tema de la inseguridad, tanto desde una perspectiva objetiva, como el número de homicidios, como desde una perspectiva subjetiva, que es la percepción de la ciudadanía, es importante considerar varias aristas. El aumento del temor se ve exacerbado por homicidios múltiples registrados este año» analizó Migdonia Ayestas.
Lo expuesto por Ayestas, junto con el aumento de la criminalidad organizada y el narcotráfico en los últimos meses, hasta el punto de registrar acciones delictivas en las que supuestamente se utiliza indumentaria de la Policía Nacional, cuestiona la efectividad de las medidas de seguridad impulsadas por el gobierno.
Además, genera dudas sobre la eficiencia de las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal solicitadas al Congreso Nacional, que actualmente está más dividido que nunca debido a que varios diputados del oficialista Partido Libertad y Refundación se cambiaron al Partido Liberal. Este cambio es consecuencia del distanciamiento entre Jorge Cálix y el gobierno de Xiomara Castro.
