Recientes muertes violentas en el CPI-Nuevo Jalteva revelan fallas estructurales en el sistema penal juvenil, instando a reformas y fortalecimiento institucional
Tegucigalpa, Honduras. – En Honduras, más de un tercio de la población son menores de 18 años, de estos, una parte significativa enfrenta desafíos dentro del sistema penal juvenil ay que están en conflicto con la ley, en la mayoría de los casos obligados por la situación de pobreza o porque han sido cooptados por el crimen organizado.
La situación dentro del Sistema Especial de Justicia para la Niñez Infractora ha alcanzado niveles críticos, evidenciado por las muertes violentas que se registraron en el mes de junio en menos de una semana, al interior del CPI-Nuevo Jalteva.
De acuerdo con las organizaciones de sociedad civil que trabajan en la promoción, defensa y protección de los derechos humanos de la niñez, el alarmante deterioro no sólo pone en riesgo la seguridad de la niñez en conflicto con la ley, sino que también subraya la urgente necesidad de reformas estructurales y fortalecimiento institucional.
Para Grecia Moreno, coordinadora de Programa Global en Casa Alianza Honduras, las muertes violentas al interior de estos centros –que desde el 2010 hasta la fecha ya registra 25 muertes violentas de adolescentes bajo la custodia del Estado— se deben “al abandono” de las instituciones garantes de la protección y a la “poca” especialización del Estado en materia de niñez y adolescencia.
Datos recientes, indican que alrededor de 1,547 niñas, niños, adolescentes y jóvenes están vinculados al sistema penal juvenil, distribuidos entre medidas privativas y no privativas de libertad en los cinco Centros Pedagógicos de Internamiento (CPI).
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LLAMADO AL ESTADO
A través de un pronunciamiento público, organizaciones de la sociedad civil, dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos, han levantado la voz en un llamado a las autoridades estatales. Haciendo una apelación directa a la presidenta de la República Xiomara Castro. “Hacemos un llamado a la presidenta para que priorice en su agenda el recurso financiero y técnico a las instituciones responsables de garantizar la protección de los niños y niñas al interior de los centros de justicia juvenil”, instó Grecia Moreno
En ese sentido, señalan que el fortalecimiento técnico y financiero de instituciones clave como la Secretaría de Estado en los Despachos de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y el Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores (INAMI) es prioritario, así como el reforzamiento del Sistema Especial de Justicia para la Niñez Infractora en su totalidad, para garantizar la eficiencia de todos los actores involucrados en el proceso.
Dicho proceso de fortalecimiento, consideran, debe asegurar no sólo la rehabilitación y reeducación, sino también la reinserción social efectiva de los menores en conflicto con la ley.
De igual forma, solicitan al Congreso Nacional (CN) alinear la legislación nacional con los estándares internacionales, incluyendo la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y la observación general número 24 relativa a los derechos del Niño en el Sistema de Justicia Juvenil donde se recomienda que la edad mínima de responsabilidad penal no sea inferior a los 14 años de edad.
Asimismo, instan a las autoridades de la SENAF y del INAMI para que, en los procesos de selección del recurso humano sobre todo en los Centros Pedagógicos de Internamiento, se priorice la especialización y profesionalización en la atención a niñez en conflicto con la ley penal
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NO CUMPLEN ESTÁNDARES INTERNACIONALES
El Centro Pedagógico Nueva Jalteva –como los demás centros de internamiento juvenil—, no cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos porque posee características de una cárcel de máxima seguridad. Señalamientos que han hecho –en más de una ocasión la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT). Pero, pese a estas advertencias, el Estado de Honduras no ha mejorado las condiciones.
Evelyn Ramírez, coordinadora de proyecto del área de la niñez y adolescencia infractora de la ley del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), en una entrevista con Criterio.hn expresó su preocupación por las condiciones del Centro de Internamiento Nuevo Jalteva, el cual describió como “un laberinto de concreto”
Por su parte, Wilmer Vásquez, director ejecutivo de la Red Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), señaló que es prioritario que se adecuen los espacios de los centros de internamiento para que se puedan desarrollar los programas de orientación vocacional y de orientación que permitan la rehabilitación de los adolescentes.
Pese a que la protección integral de la niñez es una responsabilidad primordial del Estado, las organizaciones de la sociedad civil reafirman su compromiso de trabajar de la mano con las autoridades públicas para garantizar que cada niño y adolescente en Honduras tenga asegurados sus derechos, incluso aquellos en conflicto con la ley.
