La construcción de la cárcel de máxima seguridad en el Parque Marino de Islas del Cisne ha generado una fuerte oposición de diversos sectores, quienes ahora enfrentan una campaña de criminalización y estigmatización por parte de funcionarios gubernamentales
Defensores de derechos humanos y ambientalistas advierten sobre los riesgos y la vulnerabilidad que esta retórica agresiva podría desencadenar en la sociedad hondureña
Tegucigalpa, Honduras. – La construcción de una cárcel de máxima seguridad, con capacidad para unos 2000 privados de libertad en el área protegida de Islas del Cisne, un proyecto que ha generado controversia y oposición por parte de diversos sectores de la sociedad hondureña y que además ha traído consigo criminalización y estigmatización por parte de funcionarios gubernamentales.
El ministro de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Lucky Medina y el coronel Ramiro Muñoz, de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) –institución armada que está al frente del control penitenciario— defendieron vehementemente la construcción de una mega cárcel.
Tanto Medina como Muñoz, no sólo desestimaron las críticas, sino que también señalaron que quienes se oponen a esta iniciativa podrían estar involucrados con el crimen organizado, llevando de encuentro a profesionales y defensores de derechos humanos.
El coronel Ramiro Muñoz ha defendido el proyecto, argumentando que la construcción de la cárcel es una medida estratégica para el control del crimen en el país. Según él, la oposición a la mega cárcel proviene de aquellos que temen perder su influencia en actividades ilícitas. Por su parte, Lucky Medina ha subrayado que el proyecto servirá para fortalecer la seguridad nacional y combatir el crimen desde sus raíces.
Sin embargo, estas afirmaciones han sido fuertemente cuestionadas por defensores de derechos humanos, como Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación uy Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh). Acevedo expresó su preocupación por la falta de comprensión sobre los derechos humanos entre los funcionarios. “Yo creo que, en ambos casos, más que una cuestión de criminalización, es un asunto de ignorancia. Primero, porque no conocen los contenidos y alcances de los derechos humanos, a pesar de que son personas que en algún momento han recibido formación al respecto”, comentó.
Acevedo argumentó que los derechos humanos no deben ser utilizados para criminalizar o perseguir a las personas, sino para prevenir violaciones y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de su situación. “Muchas de estas reacciones son menos racionales y más viscerales”, añadió, señalando que las políticas de fuerza y control no siempre son compatibles con los principios de una sociedad democrática y justa.
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CRIMINALIZACIÓN REFLEJA INTOLERANCIA
En una entrevista con Criterio.hn, el doctor en derechos humanos Joaquín Mejía abordó la preocupante campaña de criminalización y estigmatización contra defensores de derechos humanos y organizaciones que se oponen a la construcción de la cárcel en Isla del Cisne. Mejía destacó cómo esta campaña refleja los altos niveles de intolerancia presentes en ciertos funcionarios del gobierno actual.
“Desafortunadamente, estos altos niveles de intolerancia demuestran que algunos funcionarios no han comprendido que una parte esencial de una sociedad democrática es el derecho a disentir y a tener opiniones distintas a las del gobierno,” señaló Mejía.
En ese sentido, Mejía recordó que, en una democracia, es fundamental reconocer que quienes ejercen el poder público lo hacen de manera temporal y, por ende, deben someterse al escrutinio social. “Las personas tenemos el derecho y la libertad de incomodar al poder a través de nuestras opiniones enmarcados, en nuestro derecho a la libertad de expresión”, enfatizó.
El respeto del derecho a la libertad de expresión, de acuerdo con Mejía es esencial para el funcionamiento saludable de una sociedad democrática, ya que garantiza que el poder no se ejerza de manera arbitraria y que las voces disidentes puedan contribuir al debate y la mejora continua de las políticas y acciones gubernamentales.
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OPINIONES ESTIGMATIZANTES GENERAN SITUACIÓN DE RIESGO
A raíz del discurso de los funcionarios, muchos profesionales que se oponen a la destrucción en Islas del Cisne, han optado por no referirse a titulo personal sino a través de sus colegios profesionales o de alguna organización de defensa ambiental.
Criterio.hn dialogó con una persona que forma parte de la Colisión Ambiental de Honduras (CAH) y confió que, debido al discurso de las autoridades gubernamentales y por temor a represalias han decidido expresar su rechazo a la construcción de la cárcel por el impacto ambiental que se va a generar.
En ese sentido, Joaquín Mejía enfatizó, que los funcionarios deberían comprender que tiene una posición de poder que les confiere un peso simbólico significativo. “Cuando emiten una opinión que es estigmatizante lo que hacen es generar una situación de riesgo”, advirtió el doctor en derechos humanos.
Además, señaló que como personas con autoridad tienen la capacidad de influir en la percepción pública y en las acciones de sus seguidores quienes pueden malinterpretar un mensaje de ese tipo y generar condiciones que puedan ser más riesgosas para las personas que se oponen a este o a cualquier otro proyecto que se considera que es contrario a los estándares internacionales o que puede reflejar daños al ambiente
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) resaltó que más del 54% de las 453 víctimas de los ataques registrados en 2023 son personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Esta alarmante cifra evidencia la peligrosa realidad a la que se enfrentan aquellos que protegen los recursos naturales y abogan por un desarrollo sostenible.
