Dos años han transcurrido desde que se prometió la instalación de la CICIH. Durante ese tiempo, el Congreso Nacional se ha convertido en el principal obstáculo para que el mecanismo anticorrupción cuente con un marco legal mínimo para su funcionamiento
Tegucigalpa, Honduras.- Desde que prometió la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) al país, el Gobierno ha modificado su discurso en diversas ocasiones con el paso de los meses y años. Ante las críticas por la falta de instalación del mecanismo, han culpado a sectores de la oposición y a la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El 6 de julio de 2024, la ONU emitió un comunicado en el que recordó que sigue vigente un memorando de entendimiento que, en su primera fase, establece que la Secretaría General y el Gobierno deben acordar los requisitos legales para la instalación de la CICIH.
«Como ya se acordó, la Secretaría y el Gobierno deberán convenir, por escrito, en la existencia de garantías y requisitos legales mínimos para el establecimiento y funcionamiento del mecanismo anticorrupción antes de concluir el acuerdo bilateral», indicó la ONU.
El pronunciamiento de la ONU llega después de que algunos líderes del oficialismo, incluido el presidente y secretario del Congreso Nacional, Luis Redondo y Carlos Zelaya, y el secretario de Relaciones Exteriores, Enrique Reina, expresaran que el convenio entre la ONU y el Gobierno, que daría vida a la instalación de la CICIH, puede firmarse antes de establecerse las reformas legales.
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Antes de asumir la presidencia en 2022, Xiomara Castro, en su discurso de campaña, prometió abogar por la llegada de la CICIH, dos años después de que el Congreso Nacional, con votos de los partidos Nacional y Liberal, decidiera no renovar el convenio de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
El oficialismo ha aprovechado las acciones de los partidos Nacional y Liberal, hoy en la oposición, respecto a la MACCIH, para utilizar como excusa la falta de instalación del mecanismo anticorrupción.
Cuando la MACCIH estuvo en el país, entre 2016 y 2020, presentó junto a la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) diversos casos de corrupción que involucraron a varios diputados del Congreso Nacional y al círculo cercano del entonces presidente Juan Orlando Hernández.
Entre los casos de corrupción presentados se encuentran Red de Diputados, Caja Chica de la Primera Dama, Pacto de Impunidad, Pandora, Arca Abierta y Fraude sobre el Gualcarque. Sin embargo, la mayoría de estos casos terminaron en sobreseimientos definitivos o provisionales para los imputados, por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), juzgados de primera instancia y cortes de apelaciones.
FALTA DE ACCIÓN ACTUAL
No obstante, con Libertad y Refundación (Libre) al mando de los poderes Ejecutivo y Legislativo, tampoco han existido acciones encaminadas a agilizar la llegada de la CICIH. Por un lado, el Gobierno tardó 10 meses en suscribir el memorando de entendimiento de la CICIH, hasta el 15 de diciembre de 2022. Por otro, el oficialismo en el Congreso Nacional ha sido incapaz de alcanzar los acuerdos mínimos para establecer el marco normativo legal necesario.
Dentro del diagnóstico que efectuó el equipo de expertos de la ONU en 2023, se incluye la aprobación de una Ley de Colaboración Eficaz, la reforma del decreto 4-2022, que contiene una amnistía para delitos contra la administración pública cometidos entre 2006 y 2009, así como la derogación del decreto 117-2019, que otorga inmunidad a diputados.
Asimismo, se contemplan reformas al Código Penal en los delitos contra la administración pública y al Código Procesal Penal para permitir que los altos funcionarios del Estado sean juzgados por tribunales anticorrupción y no por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
RETRASOS MÁS QUE OTRA COSA
Por el contrario, el oficialismo ha promovido normativas que, según analistas consultados por Criterio.hn, más bien obstaculizan la instalación de la CICIH en un plazo cercano.
Por ejemplo, el 1 de noviembre de 2022, la diputada del Partido Libre, Xiomara Zelaya, planteó una reforma al artículo 232 de la Constitución de la República, que busca quitarle al Ministerio Público la exclusividad de ejercer la acción penal pública. Sin embargo, otros sectores manifestaron que únicamente es necesario reformar el Código Procesal Penal para garantizar el adecuado funcionamiento de la CICIH. Esta última reforma solo necesitaría 65 votos.
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Tiempo después, el 17 de abril de 2024, la misma diputada Zelaya presentó una iniciativa denominada Ley Especial para la instalación de la CICIH, que busca otorgar al mecanismo anticorrupción facultades adicionales, como la capacidad de actuar como querellante autónomo y acusador privado. Sin embargo, también delimita el período de la CICIH a cinco años y establece que el fiscal general de la República acreditará a sus miembros.
Según Jimena García, integrante de la organización Honduras Resurge, el oficialismo se ha caracterizado por la manipulación de su discurso en cuanto a la CICIH, llegando a responsabilizar a la ONU de considerar las reformas legales como un pretexto para comenzar a trabajar.
«Quienes se oponen a hacer todas las reformas establecidas por la ONU, necesarias para fortalecer el sistema de justicia, y que las califican como caprichos de Naciones Unidas y la sociedad civil, están defendiendo su incompetencia para lograr estas reformas o, en el peor de los casos, defendiendo la impunidad», manifestó García a Criterio.hn.
La instalación de la CICIH deberá pasar por el establecimiento de un convenio entre la ONU y el Gobierno, el cual deberá ser aprobado por el Congreso Nacional con un mínimo de 65 votos. No obstante, en caso de que se requieran reformas constitucionales, se necesitarían 86 votos legislativos.
