Tegucigalpa. – El asedio y la intimidación por parte de la Policía Nacional contra las y los Garífunas de Trujillo que realizan recuperación de su territorio ancestral se intensificó, cuando los agentes amenazaron con capturarles y acusarles de desplazamiento forzado.
A partir de una alerta emitida el pasado domingo 30 de junio a las 7:58 de la noche, la coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda, advirtió que la policía llegó a uno de los bienes incautados al canadiense Randy Jorgensen con el objetivo de realizar un desalojo violento.
A Jorgensen, junto a otros dos canadienses, el Ministerio Público les aseguró más de 233 bienes inmuebles por una denuncia por estafa y lavado de activos contra sus propios conciudadanos en abril de 2024.
En 2008, Jorgensen fue denunciado ante la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural por el delito de usurpación del territorio ancestral de las comunidades garífunas en la Bahía de Trujillo. Pese a que el Instituto Nacional Agrario (INA) concluyó que el canadiense usurpó territorio ancestral de la comunidad de Cristales y Río Negro, el canadiense fue sobreseído por el sistema de justicia hondureño. El canadiense también fue denunciado por la comunidad garífuna de Guadalupe, entre otras.
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Criterio.hn conversó con Mario Solorzano, uno de los líderes comunitarios en la zona, quien contó que en horas de la noche arribaron hasta el portón siete patrullas de la Policía Nacional, con los agentes policiales amenazándoles que iban a detenerlos.
Solorzano considera que la rapidez de la alerta emitida por Miranda hizo que los policías desistieran de sus amenazas y se marcharan al cabo de 10 minutos.
DENUNCIAN ACCIONES POLICIALES EN TRUJILLO
El líder Garífuna Rony Castillo deploró al accionar de la policía en favor de Jergensen, quien está acusado por estafa continuada y lavado de activos. Mientras que el abogado del Bufete Justicia para los Pueblos, Edy Tábora, señaló que la policía amenazó con capturar a los Garífunas por desplazamiento forzado, cuando lo que se realiza es la recuperación de tierra ancestral en Trujillo.
El amedrantamiento del domingo 30 de junio por parte de la policía, es la tercera de una serie de acciones realizadas a lo largo de la semana pasada. El lunes 24 de junio, los agentes de la policía les expresaron “que si ellos [la policía] regresaban, ya no iban a venir a hablar, que ellos iban a venir a actuar”.
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El abogado de la Ofraneh, Caleb Navarro, dijo a Criterio.hn que las acciones intimidatorias por parte de la policía hacia los Garífunas han incrementado en intensidad hasta llegar a la noche del domingo en que arribaron las siete patrullas y cerca de 60 agentes, entre policía y fuerzas especiales, algunos de los cuales llegaron encapuchados y con armas de grueso calibre.
El intento de desalojo nocturno fue acompañado de amenazas en los que la policía afirmó que los participantes en la acción de recuperación territorial serían capturados posteriormente por el delito de desplazamiento forzoso.
“Estuvo fuerte y bastante feas las amenazas que estuvieron recibiendo los compañeros. Se puede ver que la Policía Nacional de Trujillo pareciera que fuera guardia privada de Randy Jorgensen”, concluyó el abogado Navarro.
REACCIÓN INSTITUCIONAL
Desde la institucionalidad reaccionaron los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y la Secretaría de Derechos Humanos, Enrique Reina y Angélica Álvarez, respectivamente. Afirmaron que es responsabilidad del Estado respetar las tierras ancestrales Garífunas de conformidad a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de Punta Piedra, Triunfo de la Cruz y San Juan.
Tanto Reina como Álvarez hicieron alusión a la importancia de la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CIANCSI), indicando que el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Instituto de la Propiedad, el Instituto Nacional Agrario y la Secretaría de Seguridad tienen conocimiento sobre las instrucciones de la presidenta Xiomara Castro.
Desde su instalación, el 12 de abril de 2024, en los bajos del Congreso Nacional, en el marco del 227 aniversario de presencia Garífuna en Honduras, se desconoce cuál ha sido el impacto o los avances tras el establecimiento del CIANCSI.
