Las víctimas, de 13 y 16 años, fallecieron de manera violenta en el Centro Pedagógico de Internamiento Nuevo Jalteva en incidentes separados
Además, el Conadeh pide al Estado la implementación de estrategias preventivas para evitar más muertes y mejorar la protección de los los adolescentes
Tegucigalpa, Honduras. – Luego del fallecimiento de dos adolescentes de manera violenta –en dos hechos distintos—, al interior del Centro Pedagógico de Internamiento Nuevo Jalteva, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), instó al Estado de Honduras a responder de manera integral en el ejercicio de su responsabilidad sobre la vida y la integridad de los menores de edad bajo su custodia.
En ese sentido, a través de un comunicado de prensa el organismo internacional que vela por los derechos de la niñez, recordó que los decesos de los adolescentes de 13 y 17 años ocurridos en el Centro Pedagógico de Internamiento (CPI) no pueden justificarse, pues es deber del Estado a través del Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores (INAMI), garantizar su derecho a la vida, integridad y seguridad.
Las muertes violentas a las que Unicef hace referencia, corresponden a la ocurrida el martes 18 de junio, cuando Moisés Daniel Cerrato Lazo, de 13 años de edad, fue encontrado colgado de una viga y con signos de tortura. Se conoció que el adolescente había alertado a las autoridades del centro ya que temía por su vida, sin embargo, hicieron caso omiso.
Y la otra muerte es la del adolescente Rony Josué Zúniga Amaya de 16 años de edad, ocurrida la noche del domingo 23 de junio.
INTERVENCIONES DEBEN FUNDAMENTARSE EN LEY
La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), después de los hechos suscitados, este lunes convocó una reunión interinstitucional de emergencia con los representantes de las instituciones relacionadas con la protección de niñez y adolescencia en los centros pedagógicos de internamiento.
A través de un comunicado, la Senaf, informó que a través del Consejo Directivo del Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores (INAMI), el cual preside, y frente a la muerte violenta de Moisés Daniel Cerrato Lazo, se instruyó a la dirección del INAMI la implementación de un Plan de Contingencia. El referido plan incluía identificar a los responsables de los hechos, reducir la tensión entre los adolescentes, revisar y fortalecer los protocolos de seguridad, intervenir con equipos multidisciplinarios para la atención y aumentar la presencia de personal capacitado en manejo de crisis, entre otras acciones.
En ese sentido, Bastiaan Van ’t Hoff, representante de UNICEF en Honduras, recordó que toda intervención del Estado, en aras de garantizar las condiciones de seguridad en el Centro Nuevo Jalteva debe fundamentarse en la ley.
De acuerdo con Van ’t Hoff, el apegarse a la ley, se evitará cualquier acto de represión o arbitrariedad y se asegurará que se cumplan los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos de la infancia.
Sobre la aplicación del plan de contingencias, Unicef urgió al Estado de Honduras a que se asigne a la brevedad equipos multidisciplinarios suficientes para asegurar la atención integral especializada de las y los adolescentes vinculados con el sistema de justicia penal, así como personal de custodia especial suficiente y debidamente capacitado para fortalecer la seguridad en todos los centros.
SE DEBEN APLICAR ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN
Del mismo modo, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) hizo un enérgico llamado a las autoridades hondureñas para que implementen estrategias preventivas encaminadas a evitar la situación de riesgo que viven los adolescentes en los centros de privación de libertad.
Además, el Conadeh detalló, que la muerte violenta de Rony Josué Zuniga, es la numero 25 que se registra desde el 2010 bajo la custodia del Estado.
Cándida Maradiaga, coordinadora de la Defensoría de la Niñez del Conadeh, hizo un llamado urgente al Estado de Honduras para que se implementen estrategias para revertir la situación de riesgo que viven los adolescentes en los centros de privación de libertad. “No sólo está en peligro su integridad física, sino que también su vida”, señaló Maradiaga.
Al tiempo que enfatizo que no se puede arriesgar la vida de los adolescentes privados de libertad al contratar personal sin ningún tipo de especialización, que no sepan implementar protocolos para la atención integral para los jóvenes mientras se encuentran cumpliendo una medida privativa de libertad.
Actualmente, en el sistema de justicia juvenil a nivel nacional hay 124 adolescentes que se encuentran privados de libertad en los centros pedagógicos de internamiento bajo la protección y custodia del Estado. 40 en Jalteva Viejo, 44 en Nuevo Jalteva, 13 en el Sagrado Corazón, 9 en El Carmen y 18 en el Carmen Intermedio.
