La detención de cuatro militares por violación sexual, resalta la crítica situación de inseguridad para mujeres y niñas en Honduras. Organizaciones urgen una revisión profunda del sistema de seguridad.
Tegucigalpa, Honduras. – En los últimos días, el Ministerio Público informó sobre la captura de miembros de las fuerzas armadas como responsables de violación sexual en perjuicio de dos víctimas en diferentes zonas del país.
La primera captura fue contra tres miembros de las Fuerzas Armadas, uno asignado a la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y dos más al ejército. Los hechos ocurrieron en Tocoa, Colón.
En ese sentido, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) capturó a Omar Mauricio Padilla Gotas, Juan Carlos Duarte Aguilar y Josué Francisco Wichop, acusados por el delito de violación agravada en perjuicio de la joven de 20 años, que además es una persona con discapacidad mental. Los tres militares bajo la medida de detención judicial fueron enviados al centro penal de Támara, Francisco Morazán.
Posteriormente, la ATIC ejecutó otra orden de arresto para el soldado de infantería, Erly Maudiel Ramírez Alvarado, acusado por el delito de violación especial en perjuicio de una menor de edad en el municipio de San José, Intibucá.
De acuerdo con Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), en el primer año del estado de excepción, es decir, del 06 de diciembre de 2022 al 06 de diciembre de 2023, se registraron al menos 110 quejas contra miembros de los cuerpos de seguridad del Estado por violentar los derechos humanos de mujeres y niñas.
Las denuncias presentadas fueron con relación a casos de personas que expresaron las diferentes formas de violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres. De las 110 quejas analizadas, 72 de ellas presentaron violencia verbal, física e incluso sexual.
A criterio de Cristina Alvarado del Movimiento de Mujeres por la Paz «Visitación Padilla», es preocupante que miembros que forman parte de las fuerzas militares y de la policía, tengan un comportamiento “lesivo y dañino” a los derechos de las mujeres, particularmente ejerciendo violencia sexual en contra de las mujeres y niñas.
A razón de ello, insta a las autoridades a no callar y llevar a cabo procesos de judicialización y castigar a los agresores. “(…) No se pueden llamar al silencio, ni decir que son casos aislados”.
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FORTALECIMIENTO MILITAR PROMUVE IMPUNIDAD
El gobierno de la presidenta Xiomara Castro, ha generado fuertes cuestionamientos a nivel nacional e internacional, incluyendo de manera progresiva a los militares en tareas de seguridad ciudadana, cuando en campaña política prometió “enviarlos a sus cuarteles”. Pese a su promesa, además de mandarlos a las calles les ha cedido el control penitenciario.
Para Jessica Sánchez, directora ejecutiva del Grupo Sociedad Civil (GSC), el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y del ejército, como un eje fundamental del gobierno, “ha promovido que los abusos sexuales –de los que sabemos y de los que se denuncian— queden en la impunidad”.
En ese sentido, la defensora de derechos de la mujer, insta una investigación “profunda” en las Fuerzas Armadas, además, sugirió que los involucrados en los horrendos hechos sean vinculados al fuero civil y no al militar como común mente ocurre cuando hay casos de violencia sexual.
La impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos por parte de militares es un problema crítico. Cuando estos delitos no son investigados adecuadamente o los responsables no son castigados, se envía un mensaje de tolerancia y aceptación de la violencia. Esto puede resultar en un incremento de los abusos y una cultura de silencio y temor entre las víctimas.
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DEFINIR PROTOCOLOS
Cristina Alvarado, es de la opinión que las instituciones militares y policiales deben definir protocolos para prevenir este tipo de agresiones.
Además, señaló que dichas instituciones tienen la oportunidad de reflexionar y revisar los perfiles de quienes están siendo incorporadas a las fuerzas de seguridad del Estado.
Alvarado, del mimo modo, instó a las autoridades a incorporar en el proceso de formación, cátedras sobre los derechos humanos y la prevención de la violencia contra mujeres y niñas.
La defensora de derechos humanos, señaló que tanto hombres como mujeres “somos producto de una sociedad que enseña a ser violentos, a normalizar, legitimar y naturalizar la violencia como medio para resolver los conflictos”.
A finales de abril, el Conadeh publicó un boletín en el que señaló que atendió alrededor de 440 quejas contra miembros de los cuerpos de seguridad por supuestas violaciones a los derechos humanos, desde que el gobierno instauró el estado de excepción como una medida para hacerle frente a delitos como la extorsión.
