La operación, llevada a cabo por la Policía Nacional, no sólo dejó a las familias sin un techo al destruir sus viviendas improvisadas, sino que también resultó en agresiones físicas contra los campesinos y periodistas que cubrían el evento
Los desalojos resaltan el creciente peligro que representa la Comisión de Seguridad Agraria para los derechos y la seguridad de los campesinos en el país
Foto portada: cortesía de Radio Progreso
Tegucigalpa, Honduras. – La comunidad de La Guacamaya, ubicada al sur de El Progreso en el departamento de Yoro, Honduras, ha sido escenario de desalojos violentos contra el Movimiento Campesino Sin Tierra. Este grupo, que lucha por el acceso a la tierra, ha sido blanco de acciones policiales y judiciales que han dejado un rastro de incertidumbre y sufrimiento entre sus miembros.
La Policía Nacional, no sólo forzó la salida de los campesinos, sino que también emplearon maquinaria pesada para destruir plantaciones enteras, vitales para la subsistencia de estas familias.
Las imágenes, difundidas por Radio Progreso, evidencian cómo retroexcavadoras, que de acuerdo con los campesinos es propiedad de la empresa Azucarera del Norte (AZUNOSA), destruyeron los cultivos y las casas construidas con madera, laminas y pedazos de plásticos.
Durante el desalojo, un campesino que impedía que sacaran a su familia de la vivienda, expresó a los agentes policiales “mantente y ahí se termina todo, yo tengo mis hijos acá y de aquí no me salgo, mátenme. Yo no voy a levantar mano contra ustedes, porque ustedes son mandados, pero de aquí no me salgo”. Sin embargo, pese a la suplica del hombre de avanzada edad, su vivienda fue demolida y se conoció que varios miembros de su familia fueron agredidos físicamente.
El padre jesuita Ismael Moreno, ex director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ). A través de su cuenta de X, expresó que los desalojos de familias campesinas parecen ser una práctica recurrente favorecida por el alto empresariado, jueces, fiscales y la Policía Militar del Orden Público (PMOP). Moreno señaló que esta problemática sobre la tierra y las agresiones a los campesinos tiene raíces profundas en la historia del país.
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COMISIÓN DE SEGURIDAD AGRARIA: ¿COMISIÓN DE DESALOJOS?
La Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra fue implementada en junio de 2023 en el marco del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, con el objetivo aparente de revisar el estamento jurídico de las propiedades y adjudicarlas a quienes corresponda legalmente y además, de velar por la seguridad en el campo y garantizar la soberanía alimentaria del pueblo hondureño, sin embargo, esta protección solo ha quedado en esperanzas y en promesas incumplidas.
La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos (OACNUDH), contabilizó 38 desalojos forzosos –las organizaciones campesinas registran más—, sólo en el 2023, de estos, 24 fueron ejecutados tras la creación de la Comisión de Seguridad Agraria.
Yony Rivas, de la Plataforma Agraria del Aguan, en una entrevista a Criterio.hn en marzo de 2024 cuando junto al Movimiento de Campesinos y Campesinas sin Tierra, se presentaron al Ministerio público para denunciar la violencia ejercida en los desalojos violentos, señaló que la Comisión de Seguridad Agraria fue una buena iniciativa pero que careció de un reglamento. Razón por la cual, a criterio de Rivas, dicha figura se ha utilizado para ejecutar los desalojos violentos. “No cumplió el objetivo de investigar la legitimidad y la legalidad que tienen los compañeros sobre las tierras”.
En ese sentido, Rivas reprochó que únicamente con una resolución de un juez sin una previa investigación se ejecutan los desalojos violentos.
Según el reporte de la OACNUDH, los desalojos no sólo se realizaron sin el cumplimiento de los debidos procesos legales, sino que también estuvieron marcados por un uso desproporcionado de la fuerza. Las autoridades locales, en conjunto con fuerzas policiales, llevaron a cabo estos desalojos en múltiples ocasiones, afectando gravemente a las familias campesinas que habían ocupado las tierras.
Las acciones violentas no sólo violentan los derechos humanos básicos, sino que también contravienen el protocolo internacional para la ejecución de desalojos. Dicho protocolo, establecido por la ONU, subraya que cualquier desalojo debe ser llevado a cabo de manera legal, respetar los derechos humanos y asegurar que las personas afectadas no queden en una situación de mayor vulnerabilidad.
Entre los principios del protocolo se incluyen la obligación de proporcionar un aviso adecuado y razonable a los afectados, la asistencia legal y el ofrecimiento de alternativas adecuadas de vivienda y reasentamiento. Sin embargo, ninguno de estos procedimientos se ha respetado en durante el desalojo en La Guacamaya, ni en los otros campamentos campesinos que han sido sacados por la fuerza.
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AGRESIÓN A PERIODISTAS
Durante el desalojo violento perpetrado por agentes policiales, Radio Progreso denunció la agresión por parte de miembros de la Policía Nacional a comunicadores sociales de este medio de comunicación
El comunicador social Erick Pineda, mientras daba cobertura al desalojo en la zona sur de El Progreso, Yoro, denunció que un oficial de policía lo tomo del cuello seguido de empujones y fue escoltado a los límites del campamento.
Luego de la agresión física, en otro sector del desalojo, entre empujones y expresiones verbales, la Policía intentó impedirque César Obando Flores informara sobre el desalojo viento contra un grupo campesino.
El informe de la OACNUDH sobre la situación de los derechos humanos en Honduras en 2023, evidenció 145 ataques contra periodistas.
