Integrantes de la Mesa para el Seguimiento a la Supervisión del Cumplimiento de las Sentencias ante la Corte-IDH sostuvieron una reunión con las actuales autoridades del Ministerio Público y expresaron que, contrario a otras administraciones, existe una voluntad expresada para avanzar en las investigaciones
Tegucigalpa. – Han trascurrido más de 30 años desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) falló por primera vez un caso concerniente al Estado de Honduras, y desde entonces las reparaciones concernientes a las investigaciones por desapariciones forzadas y asesinatos, entre otros, continúan sin avances.
Así lo explicaron integrantes de dos de las diez organizaciones que forman parte de la Mesa para el Seguimiento a la Supervisión del Cumplimiento de las Sentencias ante la Corte-IDH, durante el Foro Centroamericano de Intercambio para Sociedad Civil de Derechos Humanos realizado en Tegucigalpa entre el 15 y 16 de mayo.
“La mayoría de los casos tienen una reparación relacionada con las investigaciones y el común denominador de las sentencias es que esta reparación no ha sido cumplida”, explicó Carlos Paz, abogado y defensor de derechos humanos para Caritas, Arquidiócesis de San Pedro Sula.
Esto es motivo de preocupación señaló Paz, debido a que no solo involucra la ausencia de investigación, sino también la implementación de medidas para garantizar que los hechos no se repitan. Agregó que con excepción de la sentencia López Lonne, el resto de los fallos continúan pendientes de cumplimiento en cuanto al tema de investigación.
María José Araya, abogada del Centro de Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, por sus siglas en inglés) en el Programa para Mesoamérica, comentó que la mayoría de los casos involucran a “personas defensoras de derechos humanos, que, por su labor, precisamente de defensa de la tierra, de los recursos, del territorio, han sufrido atroces hechos como asesinatos, por ejemplo, Carlos Escaleras y Jeanette Kawas”.
“Los perpetradores y los autores intelectuales son personas de alto rango, que están relacionadas, que tienen vínculos cercanos, tanto políticos como económicos, con esferas del poder, imposibilitando que exista una debida investigación de todas las líneas relacionadas con los crímenes, pero además que se investiguen a todos los autores, tanto materiales como intelectuales de los hechos”, explicó.
Apuntó que a lo largo de los años han visto investigaciones plagadas de irregularidades y negligencia por parte de las autoridades para esclarecer los hechos.
“Existe una demanda permanente de las víctimas, pero también de la sociedad hondureña en general, por justicia y porque se acabe la impunidad en la mayoría de estos casos, pero lamentablemente no hemos logrado grandes avances en este sentido”, relató Araya.
Tanto Paz como Arayá son parte de organizaciones que conforman la Mesa para el Seguimiento a la Supervisión del Cumplimiento de las Sentencias ante la Corte-IDH.
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Además de Cáritas San Pedro Sula y Cejil, la Mesa está integrada por el Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT), Pastoral Penitenciaria, Casa Alianza, la Comunidad Lésbica Feminista Cattrachas, Equipo Jurídico por los Derechos Humanos (EJDH) y la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD).
REUNIÓN CON AUTORIDADES DEL MP
Araya y Paz compartieron con Criterio.hn que el pasado jueves 16 de mayo sostuvieron una reunión con las nuevas autoridades del Ministerio Público, entre ellas el fiscal general, Johel Zelaya, en la que observaron apertura.
“Creemos que hay una actitud renovada, o por lo menos eso nos expresaron, y un interés renovado en poder adelantar las investigaciones y esclarecer los hechos, y valoramos positivamente esta apertura. Pero, igual, como mesa y co representante de los casos vamos a seguir impulsando y poniendo el dedo en el renglón para que efectivamente se avance con estos temas”, compartió Araya, abogada de Cejil.
De igual forma, Paz, de Cáritas San Pedro Sula, sostuvo que al menos hay una voluntad expresada para avanzar en las investigaciones, y esperan pasar a la fase operativa en la que esperan tener una segunda reunión con los investigadores y fiscales a cargo, con el objetivo de trazar una ruta de tiempo.
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Con relación a la apertura mostrada por las autoridades del Ministerio Público, liderado por Johel Zelaya, y la diferencia respecto a otras administraciones, Paz señaló que anteriormente no se había logrado un espacio de apertura al diálogo.
El abogado afirmó que estos espacios de interlocución para llevar a término las investigaciones y cumplir a cabalidad las sentencias, son necesarios para garantizar la no repetición. Remarcó que las prácticas que llevaron estos casos ante la Corte IDH se siguen repitiendo, ejemplificando este extremo en relación con las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Paz remarcó que el hecho que continúen casos en completa impunidad alienta la repetición de los hechos delictivos y violaciones de derechos humanos por parte del Estado. “Creo que es muy importante el paso que hemos dado hoy. Y, como digo, tenemos el desafío de materializar esa voluntad política”, concluyó.
