Ante el aumento en los índices de violencia y criminalidad, los analistas no descartan que la situación se pueda agudizar en los próximos meses. Esto se debería, en parte, a las futuras disputas entre precandidatos presidenciales y otros políticos durante sus discursos en la palestra pública de cara a las elecciones generales de 2025
Tegucigalpa, Honduras. – La conflictividad política que está aflorando entre precandidatos presidenciales y de otros cargos que entran en proceso de elección popular este 2025, podría ser uno de los factores que desencadenarían una escalada en la violencia y criminalidad orquestada por grupos delictivos que actualmente mantienen de rodillas al pueblo hondureño, según analistas.
Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), explicó que los políticos, de manera involuntaria o deliberada en sus discursos, tienen la capacidad de generar odio hacia sus contrincantes, lo que en poco tiempo podría convertirse en una bomba de tiempo para que su militancia actúe con violencia física o verbal en contra de sus opositores.
Opinó, además, que la penetración del crimen organizado en diversos comercios e incluso en la política, sumado a la desigualdad social y al hecho de que Honduras sea uno de los países más violentos del mundo, es el caldo de cultivo que abonaría para desencadenar una escalada en el índice de violencia y criminalidad de cara a los próximos comicios electorales.
“Recordemos que vivimos en un país en una situación complicada y eso generalmente deteriora en violencia. Yo esperaría que no se desencadene más violencia porque se volvería un país invivible, en estos momentos hay más operatividad y acciones por parte de la Secretaría de Seguridad que esperemos logre reducir o frenar una próxima escalada”, mencionó el defensor de los derechos humanos.
Javier Acevedo destaca cómo los factores sociales y las diferencias políticas pueden impulsar a las personas hacia la violencia. Enfatiza la importancia de abordar estas condiciones subyacentes mediante la mejora de las condiciones de vida y la creación de más oportunidades de empleo. Su perspectiva resalta la necesidad de enfoques integrales que aborden tanto los desafíos sociales como políticos para reducir la incidencia de la criminalidad.
La muestra de los picos de violencia que se desencadenan entre políticos, y que termina repercutiendo en la militancia, podría verse reflejada en el incidente ocurrido el uno de noviembre de 2023. En esa fecha, se nombró al actual fiscal general, Johel Zelaya, de manera interina a través de una Comisión Permanente encabezada por el titular del Legislativo, Luis Redondo.
Ese día, un grupo de diputados se enfrentó contra parte de la militancia del partido de gobierno en los bajos del Congreso Nacional. Como consecuencia, el congresista nacionalista Antonio Rivera Callejas resultó herido por un golpe en la cabeza, mientras que el parlamentario de la misma agrupación política, Mario Pérez, sacó un arma de fuego para amenazar a la seguridad del Legislativo.
Pero años atrás, la realidad que atravesaba el país era aún peor. Por ejemplo, en 2017, el entonces presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en medio del fraude electoral, utilizó el poder para amedrentar a la población que exigía justicia. Según denuncias, la cúpula nacionalista de ese año habría pagado a presuntos criminales para desencadenar una ola de violencia y criminalidad en el país, con el objetivo de culpar y capturar a los opositores que se manifestaban en las calles.
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¿SON EFECTIVAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL GOBIERNO ACTUAL?
Para controlar los índices de violencia y criminalidad en Honduras, impulsados por diversas causas sociales, el actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro, ha impulsado el estado de excepción parcial en casi todo el país. Esto podría ser un factor a favor o en contra para menguar futuros conflictos violentos originados y desencadenados por la clase política que busca un cargo de elección popular.
El Doctor en derechos humanos y abogado constitucionalista, Joaquín Mejía, mencionó que podría ser a favor, porque si esta medida es acompañada de una estrategia integral, se podrían prevenir situaciones violentas causadas por aspirantes a cargos de elección popular. Sin embargo, también podría ser en contra, ya que, si continúa como con la misma dinámica, se mantendrá la misma falta de resultados efectivos que ha caracterizado a esta medida, la cual suspende varias garantías constitucionales.
“Un gobierno puede utilizar estrategias de seguridad pública, pero al hacerlo debe tener un plan claro. Deben establecer un tiempo limitado para su implementación, lo que podría ayudar a frenar o disminuir los futuros conflictos sociales. Sin embargo, si continúan prolongando una medida que ha dejado de ser excepcional, es probable que se obtengan los mismos resultados”, valoró el doctor en derechos humanos.
El estado de excepción ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores de la sociedad, principalmente debido a su falta de ratificación oportuna en el Congreso Nacional y a la escasa efectividad en los arrestos, dado que la mayoría de los detenidos recupera su libertad en menos de 24 horas. Para analistas políticos y expertos en seguridad, no sería sorprendente que, a pesar de los escasos resultados positivos obtenidos, el oficialismo utilice el estado de excepción como una plataforma electoral para abordar los conflictos criminales en las próximas elecciones generales programadas para el 2025.
