Hasta la fecha, un estimado de 152 personas han sido beneficiadas por el decreto 4-2022, según informó el Cofadeh
Tegucigalpa, Honduras.- El comisionado del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Rafael Barahona, es el nuevo funcionario del gobierno de Xiomara Castro que ha sido beneficiado con el decreto 4-2022 de la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos No se Repitan.
Tras el cambio de autoridades en el poder ejecutivo y legislativo, una de las primeras acciones fue la aprobación de dicho decreto, el cual ya estaba aprobado en el Congreso Nacional para el 2 de febrero de 2022.
Esta legislación refiere, entre otras cosas, a liberar de cargos a personas que fueron acusadas entre 2006 y 2009, es decir, desde el inicio del periodo presidencial del expresidente Manuel Zelaya Rosales hasta el Golpe de Estado el 28 de junio del último año mencionado.
Se explica de manera clara que pueden ser beneficiados por dicha ley las personas y funcionarios que hayan sido injustamente acusados o procesados por la defensa de la soberanía, territorio y protesta social, entre otras.
Sin embargo, lo que ha causado dudas en la población hondureña es que varios de las personas beneficiadas con la ley fueron ex funcionarios del periodo de gobierno de Manuel Zelaya que se vieron envueltos en actos de corrupción.
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52 CERTIFICACIONES QUE ABARCA UN ESTIMADO DE 152 PERSONAS
Es importante mencionar que la ley establece en el artículo 4 que será la Secretaría de Derechos Humanos en coordinación con el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) la que se encargará de emitir las constancias que acrediten qué personas pueden ser beneficiadas.
Al respecto, Berta Oliva, directora del Cofadeh, informó a Criterio.hn que desde que se aprobó dicha ley, la organización que lidera ha emitido 52 certificaciones que incluyen un estimado de 152 personas. “Se comprobó, con base en denuncias, monitoreo y reportes, que fueron perseguidas políticamente”, expresó Oliva.
Berta Oliva enfatizó que Cofadeh no extiende certificaciones sobre casos de funcionarios del entonces poder ciudadano, sino que solamente puede brindar constancias que acrediten que la persona denunció con pruebas ser víctima de persecución política. Foto: Horacio Lorca-Criterio.hn
Oliva explicó que la mayoría de estos casos fueron por persecución política en el marco de la protesta social post Golpe de Estado, además de protestas estudiantiles, reelección, entre otros hechos. Estas procedieron por casos que ya conocía el Cofadeh y por casos que fueron expuestos por defensores o los propios afectados en todo el país.
En el caso de los funcionarios que han sido beneficiados por la ley, enfatizó que no es el Cofadeh quien da la certificación, sino que el proceso se lleva a través del defensor privado y es aprobado por el juzgado que lleva la causa..
Oliva apuntó que en el caso de los funcionarios, el Cofadeh únicamente puede emitir una constancia que acredite que la organización conoció denuncias de persecución. Ejemplifica en el caso de Enrique Flores Lanza y de Rafael Barahona, este último recientemente beneficiado, que «a ambos se les emitió una constancia porque se comprobó que fueron víctimas de persecución política previo al Golpe de Estado de 2009».
Al tiempo que mencionó que las personas que desacreditan la ley es porque no están analizando la memoria histórica y quieren que se reconstruya el país sin tener en cuenta el pasado impregnado de injusticias que como consecuencia resultó en muchos ciudadanos en prisión y otros murieron en la lucha.
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LOS EXFUNCIONARIOS BENEFICIADOS CON LA AMNISTÍA
Es importante señalar que desde la aprobación de la normativa conocida como «Ley de Amnistía Política», varios funcionarios actuales han sido beneficiados por la misma, siendo el caso más reciente el de Rafael Barahona, titular del IHTT.
El 06 de marzo del presente año, la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia aprobó la solicitud de su defensa para ser sobreseído amparado en el decreto 4-2022, que invoca la amnistía para la liberación de presos políticos y de conciencia, incluyendo a funcionarios, empleados o autoridades del periodo del 27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009.
Es importante recordar que Barahona tenía un proceso abierto por el delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública, cuando ejercía como gerente administrativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.
Es importante recordar que el primer hondureño en ser beneficiado por el decreto fue, Enrique Flores Lanza, el 25 de febrero de 2022, quien permaneció 12 años en el exilio en Nicaragua después de que el Ministerio Público lo acusara de malversación de caudales públicos.
La fiscalía aseguró que Flores Lanza desvió alrededor de 40 millones de lempiras de la bóveda del Banco Central (BCH) en 2009, cuando ejercía como secretario de la Presidencia, dinero que se destinó para financiar una consulta popular, para aplicar una constituyente en Honduras, conocida como cuarta urna, la cual finalmente no se llevó a cabo.
Otro exfuncionario del gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) beneficiado con la amnistía fue Marcelo Chimirri, exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), quien en 2018 fue acusado de abuso de autoridad, fraude y enriquecimiento ilícito.
Por otro lado, el 21 de abril de 2022, Germán Enrique Ayala, hermano de la diputada del Partido Libertad y Refundación, Silvia Ayala, fue beneficiado por la normativa. Ayala fue acusado en 2019 por el delito de incendio agravado en perjuicio de Hondutel, al ser encontrado responsable de incendiar un vehículo de dicha institución.
Estos son solo algunos de los personajes que han sido liberados de cargos, amparados en la normativa, la cual muchos sectores y organizaciones de la sociedad civil catalogan como un «Pacto de Impunidad», destinado a eximir de responsabilidad a personas que han cometido actos de corrupción aprovechando su condición de funcionarios de ese entonces.
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PODER LEGISLATIVO Y JUDICIAL RESPONSABLES DE LA MALA APLICACIÓN
En relación con este tema, el abogado constitucionalista y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, mencionó en una entrevista con Criterio.hn que es responsabilidad del Poder Legislativo y Judicial el hecho de que se esté aplicando la normativa en casos que no corresponden.
En cuanto al primero, señaló que es el responsable de legislar y aún no ha derogado el artículo 4, párrafo uno, del decreto 4-2022, lo cual está generando impunidad en casos que no están relacionados con asuntos para los cuales se creó la amnistía.
También, responsabilizó al Poder Judicial, ya que está emitiendo fallos en casos que no abarcan los parámetros establecidos, y parece hacerlo con ciertos funcionarios, ejemplifica en el caso del exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunceri, cuyo caso parece ser similar al de los beneficiados pero en él no fue aplicable.
Además, mencionó los recursos de inconstitucionalidad, relacionados con el tema, que se han presentado ante la Sala Constitucional y que aún no han sido resueltos. «El mensaje que se le envía a la ciudadanía es que parece estar garantizando la impunidad a personas cercanas al gobierno”, acotó Mejía.
Ante este panorama, señaló que una de las principales consecuencias de la no derogación del artículo 4 es que no se instalé la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), ya que entre las reformas solicitadas está la derogación de dicho artículo.
