El propio Luis Redondo ha hecho de la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz y la derogación del decreto 117-2019 dos de sus principales luchas como legislador, y ahora, en la tercera legislatura, está obligado a agendar ambas acciones
Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, está obligado a agendar durante la tercera legislatura del período 2022-2026 la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz y la derogación del fuero contenido en el decreto 117-2019.
Ahora, que en el Congreso Nacional existen mayores condiciones de gobernabilidad, al haberse conformado una mayoría simple de 65 votos, el titular del Legislativo debe cumplir con dos de sus principales promesas.
Tanto la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz como la derogación del decreto 117-2019 son, según diputados del Frente Parlamentario de Apoyo a la CICIH, algunos de los requisitos para que en el país se instale una misión internacional contra la corrupción y la impunidad auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La Ley de Colaboración Eficaz buscará regular las reglas y procedimientos para la aplicación de beneficios que el Estado establecerá a personas que brinden información y evidencia para la eficacia de la investigación penal.
Por su lado, el decreto 117-2019 es cuestionado debido a que concede inmunidad a los diputados, considerando la función legislativa como “inviolable e indelegable”, al estimar que la única acción legal disponible contra la función legislativa es la acción de inconstitucionalidad, según el artículo 185 de la Constitución de la República.
Por lo tanto, la derogación de este decreto permitiría responsabilizar legalmente a los congresistas por las leyes que aprueben o deroguen, en caso de que un órgano jurisdiccional determine que han causado perjuicio al Estado hondureño.
LUIS REDONDO, OBLIGADO
Además de la importancia que representará llevar ambas acciones a la agenda legislativa, con miras a la instalación de un mecanismo anticorrupción, también es necesario destacar que ha sido el propio Luis Redondo uno de los diputados que ha abanderado tanto la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz como la eliminación del decreto 117-2019.
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Cuando inició la primera legislatura del período legislativo 2022-2026, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, presentó el anteproyecto de decreto de la Ley de Colaboración Eficaz y el 15 de noviembre de 2022 una comisión multipartidaria, encabezada por el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon Herrera, emitió un dictamen favorable.
A pesar de lo anterior, ha pasado más de un año sin que el presidente del Legislativo agende su votación y aprobación, pese a que desde el Frente Parlamentario de Apoyo a la CICIH, uno de sus integrantes, el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, aseguró en una reciente entrevista con Criterio.hn que ya tenían acordados los votos necesarios.
A consideración del analista político y exdiputado del Partido Anticorrupción (PAC), Aníbal Cálix, es “lamentable” e “inexplicable” que no se haya aprobado la Ley de Colaboración Eficaz, tomando en cuenta que tanto Luis Redondo como otros diputados se han denominado “anticorrupción”.
El artículo 22, numeral 15, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo indica que “el presidente del Congreso Nacional es quien establece la agenda para las sesiones del pleno, pudiéndola modificar cuando sea conveniente”, por lo que someter a votación la Ley de Colaboración Eficaz o la derogatoria del 117-2019 es su responsabilidad.
“Conociendo el poder que tiene el presidente del Congreso Nacional para colocar un tema como este en la agenda, aquí lo único que pudiera ser una razón es que Luis (Redondo) no tenga el poder total para determinar qué se coloca en la agenda, lo cual sería preocupante”, añadió Cálix en su entrevista con Criterio.hn.
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El 15 de septiembre de 2023, en medio de la falta de acuerdos para elegir al fiscal general y fiscal general adjunto, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, aseguró que antes de que terminara la segunda legislatura del período legislativo 2022-2026, agendaría la derogación del decreto 117-2019. Sin embargo, ello no ocurrió tras la instalación de la Comisión Permanente, el 31 de octubre.
CONGRESO Y LA CICIH
En caso de que el Gobierno y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establezcan un convenio para instalar un mecanismo anticorrupción en Honduras, el Congreso Nacional, con 65 votos como mínimo, deberá aprobarlo.
Además, deberá llevar a cabo algunas reformas legales que requieren también de la mayoría simple, como en el caso de las reformas requeridas en la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código Procesal Penal, o bien, 86 votos, en caso de que se modifique el artículo 232 de la Constitución de la República.
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