Representantes de sociedad civil y periodistas, señalan que el premio a la opacidad del Congreso Nacional y se debe a pago de favores, ya que dos de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) buscan ser electos como titulares de la Unidad de Política Limpia.
Tegucigalpa, Honduras. –Pese a la falta de transparencia con la que el Congreso Nacional maneja la entrega y liquidación de subvenciones y su negativa a entregar el listado de diputados que las gestionan, y la no rendición de cuentas de Casa Presidencial sobre los distintos viajes que ha realizado la presidenta Xiomara Castro y sus extensas comitivas de funcionarios, periodistas y particulares, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) otorgó un 100% por la, supuesta, rendición de cuentas en ambas instituciones del Estado.
Tanto Casa Presidencial como el Congreso Nacional se alzaron con el 100% de calificación durante la más reciente evaluación del IAIP, al igual que otras instituciones públicas, cuyas prácticas dejan en deuda la transparencia y rendición de cuentas.
Como muestra de las irregularidades de la sede del Poder Ejecutivo ponemos en relieve lo siguiente: Criterio.hn solicitó, el 13 de julio, a Casa de Gobierno una copia del contrato por servicios profesionales suscrito con el señor Jacobo Domínguez Gudini y de María Antonia Quiroz, ambos señalados por boicotear el funcionamiento de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), no obstante, la oficina de Transparencia no respondió a la interrogante. Ese mismo comportamiento se ha visto cuando se ha solicitado la información sobre los gastos de los viajes realizados por la mandataria al exterior, junto a numerosas comitivas de funcionarios y periodistas, pero no se ha obtenido respuesta.
Criterio.hn también ha solicitado información sobre los funcionarios y empleados de Casa Presidencial bajo todas las modalidades de contrato, pero tampoco ha obtenido respuesta. Sobre esta última petición, el 13 de abril de 2023, el IAIP declaró con lugar un recurso de revisión obligando a que se entregue dicha información, pero a más de siete meses la resolución sigue sin cumplirse.
Pese a los antes señalado, el pasado 27 de octubre el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) otorgó el reconocimiento al Congreso Nacional y a Casa Presidencial por cumplir supuestamente con el 100% de la publicación de la información en los portales de transparencia, junto a otras 360 instituciones que alcanzaron la excelencia en el cumplimiento de la ley.
La entrega de reconocimientos se realizó en el marco de la presentación del Informe de Información en portales de transparencia de las Instituciones Obligadas I Semestre 2023, en la que estuvieron presentes los comisionados Ivonne Ardón, Julio Vladimir Mendoza y Hermes Omar Moncada, y representantes de las distintas instituciones públicas.
En declaraciones a medios de comunicación el comisionado del IAIP, Vladimir Mendoza, justificó que la calificación otorgada al Congreso Nacional es de 100%, porque en el Portal de Transparencia “está determinado los items o líneas”. Sin embargo, al revisar y analizar la información cargada por la oficina de transparencia de este poder del Estado, se puede apreciar que no existe una verdadera rendición de cuentas.
Aunque Mendoza no haya cuestionado la información subida al Portal de Transparencia por parte del Congreso Nacional expuso su preocupación para que la ley sea revisada a fin de evitar este tipo de “limitaciones”.
Sin embargo, momentáneamente, la información que es publicada en los portales es suficiente para el IAIP para valorar que se ha cumplido con la Ley de Acceso a la Información Pública, porque en la actualidad no existe un proceso o parámetros de rigor para establecer qué tipo de información se publica en los portales.
En diversas ocasiones Criterio.hn ha solicitado información específica al Congreso Nacional. Un ejemplo de ello fue la petición realizada el 20 de septiembre sobre el uso de vehículos de lujo por parte de los integrantes de la Junta Directiva del Poder Legislativo, así como los contratos ya sea de renta o de compra, mantenimiento y el modelo y marca de dichos vehículos.
Sin embargo, la respuesta fue que “ningún diputado tiene asignados vehículos del Congreso Nacional”, situación que fue desmentida por este medio digital en la verificación ¿Dónde quedó la austeridad del diputado Rasel Tomé?
PAGO DE FAVORES
Para representantes de sociedad civil y periodistas que realizan trabajos de investigación y constante veeduría, las calificaciones otorgadas por los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) se debe al pago de favores, ya que dos de los tres comisionados del IAIP buscan ser electos en la dirección de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF).
El 22 de agosto, día en el que supuestamente estaba acordado, entre los tres principales fuerzas políticas [partidos Libre, Nacional y Liberal], realizar la elección de los comisionados de la Unidad de Política Limpia, Criterio.hn conoció que los cargos para el nuevo periodo de seis años en esta institución recaerían en Ivonne Lizeth Ardón Andino, del Partido Liberal, Emilio Hernández Hércules, Partido Nacional y Vladimir Mendoza del Partido Libertad y Refundación (Libre).
Pero la insurrección legislativa ejercida por la bancada nacionalista, concluyó en la suspensión de la sesión y con ello la elección de las nuevas autoridades de la UFTF quedó en suspenso.
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El director de Justicia y Seguridad de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Kenneth Madrid, cuestiona el criterio que utiliza el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para otorgar calificaciones de 100% a instituciones que no cumplen con la rendición de cuentas.
Según Madrid las calificaciones que hacen los funcionarios del IAIP están supeditadas al pago de favores, “porque uno ve que dos miembros del IAIP están listos para ser nombrados en la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos. Ellos -Ivonne Ardón y Vladimir Mendoza– son candidatos fuertes para irse a la UFTF”.
Ambos funcionarios señalados por Madrid han estado al frente del IAIP durante los últimos años y son, casualmente, los mejores evaluados, junto a Emilio Hernández, del Partido Nacional, por la comisión especial nombrada en el Congreso Nacional.
En una entrevista brindada a Criterio.hn, el representante de la ASJ expresó que estas acciones ponen en evidencia que los informes del IAIP no son realizados de manera imparcial, pues al final están a expensas de los políticos y “responden a sus propios intereses”.
La opinión de Madrid es compartida por, Dina Meza, directora del medio digital Pasos de Animal Grande, al manifestar que el IAIP no está exento de la intervención de los políticos.
“No puedo asegurar que los comisionados actúan por favores políticos, pero si se nota que hay una tendencia de hacerse de la vista gorda en algunos momentos para no hablar de situaciones que están pasando y que las instituciones no están dando acceso a cierta información”, declaró Meza en entrevista con este medio digital.
Añadió que “cuando usted ingresa o hace uso de la información en el Portal de Transparencia y hace solicitudes por medio del Sistema de Información Electrónico de Honduras (Sielho), estas tardan en ser respondidas y en algunos casos no le dan la información solicitada o responden a medias, entonces es muy probable que se pueden dar a favores políticos para que algunos comisionados se puedan hacer de la vista gorda en algunas situaciones”.
INSTITUCIONES OBLIGADAS NO ENTREGAN INFORMACIÓN COMPLETA
Durante una entrevista brindada hace unas semanas a Criterio.hn, el analista político, Lester Ramírez, se quejó que algunos portales de información institucionales pasan caídos o las instituciones obligadas no dan la información completa a las solicitudes de información que se hacen por medio de la plataforma SIELHO. Del mismo modo, señaló que en algunos casos ni siquiera suben los informes que por ley compete a cada institución obligada.
“Hace algunos días estuve buscando información sobre el año 2023 y no hay, entonces lo que se debería hacer es crear una red de monitoreo de portales de transparencia y de solicitudes de información y sacar informes periódicos sobre esto”, comentó.
Aseguró que el incumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública es algo que se sabe que está sucediendo, pero como sociedad “no lo estamos documentando”.
En ese mismo orden, consideró necesario se aplique las sanciones que la misma ley establece para aquellas instituciones y secretarías que no brindan la información sobre su gestión en sus páginas oficiales o en el mismo portal del IAIP.
Criticó que las autoridades de algunas secretarías de esta administración y de la anterior, malgasten su tiempo y esfuerzos en estar defendiendo al gobierno de turno en vez de poner atención a los sitios de sus instituciones que pasan caídos
“Los portales institucionales eso no les interesa. Hay una conversación pendiente de cómo podemos tener un monitoreo independiente y periódicamente producir informes sobre esto”, dijo.
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DEROGACIÓN DE LEY DE SECRETOS NO ES SUFICIENTE
Una de las promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro fue la derogación de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, más conocida como la “ley de secretos”. No obstante, aunque la referida normativa fue derogada en el Congreso Nacional el 1 de marzo de 2022, la transparencia en la administración pública sigue siendo una deuda.
El jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco) Luis Javier Santos, reflexiona que, aunque la derogación de la ley de secretos sea un logro importante, eso no significa que se haya avanzado en materia de transparencia.
A su juicio la transparencia en la gestión pública parte también por la derogación de algunas leyes o decretos como el “pacto de impunidad” y porque se fortalezcan oficinas del Estado como las de la Uferco.
Entre tanto, el analista político, Lester Ramírez dijo que él no veía ninguna contradicción en el gobierno porque “lo que ellos prometieron fue derogar la ley de secretos, no prometieron ser transparentes”.
La ley de secretos, aprobada en 2013, blindó la información de al menos 17 instituciones estatales y declaró secreto los asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones de la administración pública, propiciando una ley que fomentó y ocultó los actos de corrupción.
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COMPRAS DIRECTAS UN MAL QUE CONTINUA
Si bien, la ley de secretos fue derogada en marzo de 2022, la falta de transparencia sigue siendo un fantasma, pues el 17 de noviembre de 2022, fue publicado en el diario oficial La Gaceta el Decreto Ejecutivo 04-2022 que declaró como información reservada toda aquella que se desprenda de compras y contrataciones que se realizan en Casa Presidencial.
Llama la atención que el referido Decreto Ejecutivo fue aprobado desde el 14 de febrero, un mes y medio antes de que se derogara la ley de secretos, lo que se podría interpretar como un blindaje previo del entonces recién estrenado gobierno de Xiomara Castro, pues por un lado deroga una normativa que promovió la opacidad, pero por el otro creó una legislación que tiene similares características, con la diferencia que es exclusiva para la primera magistratura del país.
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Sobre la opacidad que se está promoviendo en la sede del Poder Ejecutivo, el jefe de la, Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) del Ministerio Público, Luis Javier Santos, dijo que el problema en sí no son las compras directas, sino que estas sean amañadas.
“Creo que ahí se debe avanzar y también que todas las instituciones publiquen realmente la información que están obligados de acuerdo a la Ley de Acceso de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, comentó Luis Javier Santos en una entrevista con Criterio.hn.
Por otro lado, señaló que los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) deben sancionar a las personas encargadas de publicar la información de cada dependencia del Estado que estén incumpliendo con la ley.
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EL GOBIERNO ESTÁ OBLIGADO A SER TRANSPARENTE
Por su parte, el abogado y analista político, Raúl Pineda, dice que no se puede decir que este es un buen gobierno, pero tampoco se puede calificar como un mal gobierno, habrá que esperar su desempeño particularmente este año, sugiere.
“Hay que entender que el futuro del Partido Libertad y Refundación (Libre) depende del manejo de la administración pública, es decir, si usted va a ver que el actual gobierno no tiene grandes escándalos del perfil del desfalco al Seguro Social o del caso de los hospitales móviles, ojalá que no lleguemos a eso”, dijo.
Seguidamente expuso que la transparencia de la administración de la presidenta, Xiomara Castro, implica el futuro del Partido Libre como partido y como opción para el electorado en los próximos comicios electorales, sino actúan con transparencia “estarían cometiendo un acto de suicidio político”.
“De ahí que cometería un suicidio político el partido de gobierno sino conserva niveles mínimos de transparencia, creo que hasta ahora lo han estado haciendo más o menos bien”, aseveró.
El exdirector de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Ismael Moreno, aseguró tener información de sectores que están queriendo hacer las cosas bien. Sin embargo, externó que hay otros que no quieren actuar con transparencia.
Pese a su mediana confianza en el actual gobierno, Moreno asegura que el IAIP está amarrado pues no tiene capacidad para tomar decisiones o decir una palabra oportuna e independiente sobre la falta de información y transparencia en algunas instituciones.
