Según analistas, aunque los diputados de oposición sean mayoría en el Legislativo, lo que aprueben en las sesiones ordinarias no tendrá ningún efecto legal, ya que no cuentan con el apoyo de los poderes del Estado, por lo tanto, no se aplicaría.
Mientras el oficialismo denuncia que la oposición pretende asestar un “golpe blando” al Congreso para luego derrocar a la presidenta Xiomara Castro.
Tegucigalpa, Honduras. – El Congreso Nacional de Honduras sigue empantanado en una crisis que aparenta no tener salida y que se ha profundizado con el nombramiento de las autoridades interinas en el Ministerio Público (MP). Esta situación ha conllevado a que los diputados de las diferentes bancadas de oposición, aprobaran este miércoles, en sesión ordinaria, una iniciativa para dejar sin efecto el nombramiento interino de los abogados Johel Zelaya y Mario Morazán, como fiscal general y adjunto, respectivamente del ente de investigación.
Al cierre de la sesión de la facción opositora, celebrada en los bajos del Congreso Nacional, la diputada del Partido Liberal, Valeska Valenzuela, argumentó que la iniciativa discutida y aprobada por 71 diputados opositores, dejó sin efecto legal hasta el nombramiento de la Comisión Permanente que seleccionó a Johel Zelaya y Mario Morazán como titulares interinos del MP.
Según la diputada, originaria del departamento de Copán, la Comisión Permanente que encabeza el presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, fue nombrada e instalada de manera ilegal, porque los diputados opositores ya habían ampliado el periodo de sesiones ordinarias correspondiente a la segunda legislatura.
De igual manera, apegados a lo que establecen los artículos 233 de la Constitución de la República, 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y 18 de la Ley del Ministerio Público, mantienen la postura que el encargado de llevar la titularidad del ente investigador, es el abogado Daniel Arturo Sibrián, exfiscal adjunto (2018-2023). Sibrián formó de la impunidad que encabezó el fiscal Óscar Chinchilla, quien dejó el cargo el 1 de septiembre para integrarse como magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia.
Argumentando el marco legal antes establecido, los diputados Marlon Lara (liberal) y Suyapa Figueroa, del Partido Salvador de Honduras (PSH), presentarán a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el acta que contempla lo aprobado en la sesión de este miércoles y que entraría en vigor hasta que sea publicado en La Gaceta, algo que será imposible porque el control de las instituciones no está en sus manos.
La postura que ha adoptado la oposición, es porque de manera paralela, mientras ellos se auto convocaron para extender el periodo de sesiones el 31 de octubre pasado, la Junta Directiva que preside Luis Redondo nombró la Comisión Permanente, para que tome decisiones importantes durante el tiempo que los congresistas toman el periodo de vacaciones.
De acuerdo a la Constitución de la república el periodo ordinario de sesiones inicia cada 25 de enero y concluye el 31 de octubre. En caso de no ampliarse el periodo, las sesiones que se efectúen a partir del 1 de noviembre y hasta el 24 de enero, entran en periodo extraordinario, siendo esto último la determinación del oficialismo que, el mismo 31 de octubre, nombró una Comisión Permanente.
Posteriormente, la Comisión Permanente, integrada por nueve diputados seleccionó, de la nómina de cinco candidatos entregada por la extinta Junta Proponente, al abogado Johel Zelaya como fiscal general y a Mario Morazán como fiscal adjunto, respectivamente.
Para nombrar a las autoridades interinas, el oficialista partido Libertad y Refundación (Libre) se amparó en lo que manda el numeral 11 del artículo 208 de la Constitución, que faculta a las comisiones permanentes a nombrar autoridades interinas en instituciones que haya “falta absoluta” del titular.
Tanto el nombramiento de la Comisión Permanente y la elección de las nuevas autoridades interinas de MP, fueron sancionados por la mandataria Xiomara Castro y publicados en el diario oficial La Gaceta.
GOLPE BLANDO DE LA OPOSICIÓN
El jefe de la bancada del partido Libertad y Refundación, Rafael Sarmiento, sostuvo que las acciones de los partidos opositores podrían ser el camino para darle un golpe “blando” al Congreso Nacional, para después derrocar del poder a la presidenta Xiomara Castro.
“Alertamos al pueblo hondureño que se encuentra en desarrollo un golpe de Estado blando al Congreso Nacional, para luego derrocar al gobierno de la presidenta Castro (…) la bancada de Libre reitera su apoyo al presidente Luis Redondo”, dijo Sarmiento en medios de comunicación.
El Congreso Nacional, que entre el 1 de septiembre al 31 octubre no sesionó por falta de acuerdos para elegir a las autoridades del Ministerio Público, se encuentra dividido en dos bandos: el opositor con 74 diputados y el oficialista con 54 diputados de un total de 128.
Para la elección del fiscal general y adjunto del Ministerio Público se requiere de la mayoría calificada de los votos, es decir, 86. Sin embargo, dado a las condiciones actuales, es casi imposible que se llegue a un acuerdo, por lo que el interinato, cuya legalidad ha sido fuertemente debatida por varios sectores, podría prolongarse hasta que haya un nuevo Congreso.
De interés: Coalición Contra la Impunidad insta a fiscales interinos a reactivar Consejo Ciudadano del MP
ACTUACIONES DE LA OPOSICIÓN NO TENDRÍAN FUERZA LEGAL
Para el director de justicia y seguridad de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Kenneth Madrid, aunque la oposición deje sin efecto el nombramiento interino de Zelaya y Morazán en el MP, no tendrá ningún efecto legal porque no cuentan con el apoyo de la presidenta Xiomara Castro para sancionarlo y seguidamente publicarlo en La Gaceta.
“La oposición, sin lugar a dudas, está haciendo lo que deben hacer, ampliar la legislatura y dejar sin efecto a la Comisión y el nombramiento interino, el detalle está en que los decretos que aprueben no van a ser sancionados por la presidenta ni publicados en La Gaceta”, analizó el abogado Madrid.
“Nada de lo que puedan aprobar va a ser implementado por las autoridades a quienes deben ser aplicados estos decretos, en este caso a las autoridades interinas (…) al final hay una imposición por parte de la Comisión Permanente, lo que al final demuestra que no hay democracia”, agregó.
Ante la crisis legislativa que ha recaído en el interinato del Ministerio Público, Madrid planteó que la estrategia de la oposición debería pasar a la Corte Suprema de Justicia, a través de la presentación de recursos de amparo e inconstitucionalidad en contra de la instalación de la Comisión Permanente que nombró a los fiscales interinos.
“Lo que le queda a la oposición es presentar los recursos pertinentes de inconstitucionalidad, porque al no haber mayoría en la Sala de lo Constitucional el debate pasa al pleno de magistrados y, en pleno consenso del Partido Nacional y Liberal, podrían obtener un fallo favorable porque son mayoría”, planteó.
El planteamiento de Madrid podría ser viable, ya que la oposición suma nueve magistrados, tres más que el oficialismo. Sin embargo, la titularidad del Poder Judicial y la presidencia de la Sala de lo Constitucional la mantiene el partido Libertad y Refundación, con Rebeca Ráquel Obando y Sonia Marlina Dubón, respectivamente.
