La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció el grave riesgo que enfrentan las personas defensoras aglutinadas en el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de las comunidades de Guapinol, Sector San Pedro y la ciudad de Tocoa en el departamento de Colón
Tegucigalpa, Honduras.- El pasado 5 de octubre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 55/2023 donde otorga medidas cautelares de protección a favor de personas defensoras del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos y su equipo legal del Bufete Justicia para los Pueblos, luego de concluir que estas personas se encuentran en una situación de peligro grave y urgente debido a su rol de defensoras de los bienes comunes.
Estas medidas son otorgadas en el marco de un histórico contexto de violencia en el Bajo Aguan y tras el asesinato de tres personas defensoras del río Guapinol y de seis personas defensoras de comunidades en Honduras solo en lo que va del año. En los últimos meses, además, se ha denunciado el incremento de los ataques contra personas defensoras y el uso desproporcionado de la fuerza de parte de los agentes policiales en contra de defensores de la comunidad, como ha sido el caso de José Nenrro de la O, defensor del río Guapinol.
Esta es la segunda vez que la CIDH otorga medidas cautelares a personas defensoras en resistencia a un proyecto extractivista propiedad de Lenir Pérez del Grupo Emco (Resolución 13/2013. MC 195-13), demostrando un patrón de violencia y ataques sistemáticos con que opera la estructura empresarial con la complicidad del Estado hondureño.
En su resolución la Comisión observó que las personas defensoras de los recursos naturales y el ambiente comparten factores de riesgo que les exponen a violaciones de sus derechos. En el caso de las personas defensoras de las comunidades de Guapinol y sector San Pedro, la Comisión identificó eventos de riesgo como: amenazas de muerte; vigilancia a sus familiares; hostigamientos; seguimientos; actos de intimidación; planes para atentar con la vida de las personas defensoras; desplazamientos forzados; y asesinatos.
Así, las medidas de protección otorgadas por la Comisión son un mecanismo por el cual esta le solicita al Estado que proteja a estas personas ante una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable en sus derechos a la vida e integridad, así como que se les garantice que puedan desempeñar su labor de defensa libre de amenazas y hostigamientos.
El 20 de febrero de 2023, la CIDH recibió la solicitud de medidas cautelares presentada por el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, el Bufete Justicia para los Pueblos, Robert F. Kennedy Human Rights, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), el Comité Internacional del National Lawyers Guild, la Clínica de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Virginia y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Adicional a esta solicitud, en el marco de la visita in loco de la CIDH en Honduras durante el mes de abril del 2023, la Comisión se reunió con integrantes del Comité para dialogar sobre la situación de peligro que viven las personas defensoras y la urgencia de atención a su riesgo permanente en territorio.
El Comité Municipal ha denunciado públicamente y ante las instancias competentes las ilegalidades y transgresiones ambientales cometidas por el megaproyecto minero y energético de las empresas Inversiones Los Pinares y Ecotek, ambas parte del grupo EMCO, localizados en el Parque Nacional Montaña Botaderos “Carlos Escaleras Mejía” y comunidades aledañas a la zona protegida ubicado en el municipio de Tocoa, con el fin de exigir responsabilidades a los funcionarios locales y nacionales.
A raíz de estas denuncias en defensa de los derechos humanos, las personas defensoras han sido criminalizadas y víctimas de campañas de difamación, hostigamiento, amenazas, intimidaciones, detenciones arbitrarias y asesinatos.
La violencia perpetrada en contra de las comunidades y las personas defensoras tiene su raíz en la instalación de estos proyectos en connivencia con el Estado hondureño a través de procesos irregulares que no garantizaron el derecho a la consulta previa, libre e informada.
A la fecha, el Estado no ha tomado medidas categóricas de salvaguarda ambiental que respondan a la situación de violencia que viven las personas defensoras. En tanto continúen vigentes las concesiones de los proyectos extractivos, las personas defensoras de bienes comunes y las comunidades se encontrarán en peligro.
Ante la falta de respuesta del Estado hondureño frente a la situación de violencia que viven las personas defensoras de derechos en su territorio, la Comisión requirió a Honduras para que adopte medidas para proteger los derechos a la vida e integridad personal de las personas integrantes del Comité y el Bufete.
Sugiere además que adopte medidas de protección que resulten necesarias para que las personas beneficiarias puedan continuar realizando sus actividades de defensa de derechos humanos sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos y actos de violencia;
Tambien pide concertar con las personas beneficiarias y sus representantes las medidas a implementarse y presentar informes sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su resolución.
