Tegucigalpa, Honduras.- Respetar lo que establece la Constitución de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público y del Congreso Nacional y, bajo esos mandatos regirse para no dilatar por más tiempo el proceso de elección y elegir al nuevo fiscal general y fiscal adjunto de ente investigador, que tendrían que haber sido juramentados desde el pasado uno de septiembre, piden organizaciones de sociedad civil a los diputados.
“Hacemos un llamado al Congreso Nacional para no dilatar la elección del fiscal general y fiscal adjunto (…) los diputados tienen la obligación constitucional de elegir a la persona idónea, con los méritos y capacidades para dirigir nuestro Ministerio Público”, pidió Sofía Ochoa, representante de la Red para la Defensa de la Democracia (RDD).
Añadió que “la Constitución de la República, en armonía con la Ley Orgánica del Ministerio Público, establece con claridad el tiempo y los términos en que se debe llevar a cabo este proceso de elección, por eso incentivamos a tomar la responsabilidad con suficiente madurez”.
Referente a lo solicitado por sociedad civil, la Constitución de la República establece que el fiscal general y el fiscal adjunto deben ser electos antes del uno de septiembre, después de haber cumplido los cinco años constitucionales, con la posibilidad de ser reelectos por un período más y, la Ley Orgánica del Poder Legislativo, menciona que, si al terminar el periodo, todavía no han elegido a las nuevas autoridades, las anteriores deben continuar en los cargos, hasta que escojan a sus sucesores.
El Congreso Nacional tiene en sus manos la nómina de los mejores cinco evaluados por la extinta Junta Proponente desde el pasado uno de agosto, sin embargo, fue hasta el 29 de ese mismo mes, comenzaron los debates en el Poder Legislativo para escoger a las nuevas autoridades del Ministerio Público, que han carecido de éxito, ante la falta de consensos de los congresistas.
“(respetando la ley) pedimos a los diputados llevar a un dialogo que resulte en consensos y acuerdos que tengan legítimo interés de beneficiar a la sociedad y no sólo a un pequeño grupo, por eso decimos que ningún otro poder del Estado debe influir”, mencionó Ochoa.
Lo solicitud de la integrante de sociedad civil se ajusta con la realidad, pues pese a tener la nómina de los mejores abogados calificados desde inicios de agosto, comenzaron debates hasta finales de ese mes y, hasta la fecha, todavía no han logrado llegar a consensos para escoger una de las mociones nominativas presentadas por el oficialismo y la oposición ante el pleno.
La moción de la oposición (Partido Salvador de Honduras, Nacional y Liberal) está encabezada con Marcio Cabañas Cadillo como fiscal general y Jenny Gabriela Almendares como adjunta, pero no ha sido valorada por el pleno, ya que sólo ha alcanzado 72 votos.
Lo mismo pasó con la moción presentada por el jefe de bancada del partido Libertad y Refundación, Rafael Sarmiento, que deja al abogado Johel Zelaya, actual regidor de Reitoca, en Francisco Morazán y asesor del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), para el cargo de fiscal general y a Marcio Cabañas Cadillo como fiscal adjunto, pero tampoco ha sido valorada por el pleno.
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¿POR QUÉ ESTÁ EMPANTANADO EL PROCESO DE ELECCIÓN?
De acuerdo con la opinión de analistas políticos, el proceso de elección del fiscal general y fiscal adjunto se mantiene entrampado porque los diputados que han sido envueltos por la comisión de delitos relacionados con corrupción tienen temor que las nuevas autoridades los investiguen y presenten ante los tribunales.
“Está tan arraigada la corrupción en el país que la elección de un fiscal general se volvió tan compleja y con tantas aristas, lo único que nos refleja es que hay mucho interés de los políticos por escoger a alguien que sea un amigo complaciente total, que garantice la impunidad”, dijo el exministro de Transparencia en conversaciones con Criterio.hn.
De igual manera, Orellana Mercado, quien fue el primer fiscal general del Ministerio Público, precisó que la crisis legislativa puede derivar en la elección de un fiscal general y adjunto que vaya comprometido en no investigar posibles casos de corrupción que involucre políticos.
“Como esto es una elección política, cualquiera que escojan va a salir comprometido con las fuerzas políticas oscuras que están llevando el proceso (Congreso Nacional) porque se compromete a darles la seguridad que no los va a investigar ni perseguir”, analizó.
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Para Orellana el peor escenario que se pueda dar, es que la titularidad del ente investigar recaiga sobre un abogado que continúe con el manejo que le dio el exfiscal general Óscar Fernando Chinchilla durante diez años, en los que promovió la corrupción e impunidad, siendo gran aliado de exfuncionarios que hoy se encuentran privados de su libertad en Estados Unidos por tener relación con el narcotráfico.
“Está tan arraigada la corrupción en el país que la elección de un fiscal general se volvió tan compleja y con tantas aristas, lo único que nos refleja es que hay mucho interés de los políticos por escoger a alguien que sea un amigo complaciente total, que garantice la impunidad”, precisó Orellana.
De momento todavía no han convocado a sesiones legislativas y lo más cercano a continuar con el tema de la elección en el Poder Legislativo, es que el presidente Luis Redondo convocó a un diálogo este miércoles 20 de septiembre, entre los jefes de bancada de los distintos partidos políticos, en donde conocerá cómo avanzan los consensos.
