Las organizaciones defensoras de derechos humanos de las personas privadas de libertad han recibido 549 denuncias, que constituyen torturas, actos crueles e inhumanos o degradantes en contra de privados de libertad, abogados privados, defensores de derechos humanos y familiares
Tegucigalpa, Honduras. – Organizaciones de sociedad civil que trabajan en la prevención de la tortura, rehabilitación y reinserción de personas privadas de libertad señalan que en el sistema penitenciario –controlado por la Policía Militar Del Orden Público (PMOP)— persiste la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Rihanna Ferrera, coordinadora de Organización Cozumel Trans, señaló que las violaciones a los derechos humanos están evidenciadas en testimonios, videos, imágenes y audios, los cuales catalogo como “indignantes e impactantes”.
Históricamente se ha recurrido a la militarización de la seguridad ciudadana como un mecanismo de represión de la violencia, sin embargo, pese a no tener resultados positivos con la implementación de la estrategia de seguridad bajo el contexto de “mano dura”, a las Fuerzas Armadas se les ha dado un papel preponderante como “los salvadores”.
“En Honduras la injerencia militar de la seguridad pública se ha incrementado año con año”, lamentó Rihanna Ferrera.
Y es que, en la actualidad, los militares han tomado el control del sistema penitenciario y además tienen asignaciones en materia de seguridad ciudadana.
De interés: Presidenta Xiomara Castro acelera control de la Policía Militar en centros penales
SIN INFORMES DE INTERVENCIONES MILITARES
El sistema penitenciario, a lo largo de la historia, ha pasado por crisis debido a un abanico de problemas que van desde hacinamiento y gobierno de maras y pandillas, ante ello, los gobiernos han recurrido a ceder el control a los militares.
En este contexto, Rihanna Ferrera, recordó que el gobierno en turno, planteó desmilitarizar la sociedad y las cárceles como una propuesta de campaña, sin embargo, debido al asesinato de 46 mujeres al interior de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), la presidenta Xiomara Castro, dio marcha atrás y retomó la militarización el Sistema Nacional Penitenciario, hecho que de acuerdo con Ferrera, ha generado un aumento en las violaciones de los derechos humanos “nunca visto en la historia de centros penitenciarios”.
Pedro Joaquín Amador, asistente de la presidencia en atención a los presos políticos y sectores sociales, reconoció que el tema de los privados de libertad es “un tema muy difícil, muy delicado”.
Con relación a las violaciones de derechos humanos que se han generado en las intervenciones militares Pedro Joaquín Amador, indicó que no se ven porque “muchas veces el sistema se ha encargado de ocultar (…) muchas veces el mismo sistema judicial se presta”.
A criterio de la abogada Mildred Meléndez, electa como comisionada representante de sociedad civil ante el Mecanismo y Comité Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos crueles inhumanos o Degradantes (MNP-CONAPREV), la invisibilización de las violaciones a derechos humanos de las personas privadas de libertad, pasa porque “las intervenciones de la PMOP y militares han estado caracterizadas por el quebrantamiento del principio de legalidad, corrupción, impunidad y falta de rendición de cuentas”.
Además, señaló que esa caracterización ha imposibilitado que la sociedad conozca informes sobre la gestión de la institución castrense. “Hasta la fecha no hemos conocido ningún informe de rendición de cuentas de las intervenciones anteriores”, enfatizó Mildred Meléndez.
DENUNCIAS
El informe: Persistencia de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en la actual gestión penitenciaria por parte de la PMOP, señala que las organizaciones defensoras de derechos humanos de las personas privadas de libertad han recibido 549 denuncias, que constituyen torturas, actos crueles e inhumanos o degradantes en contra de privados de libertad, abogados privados, defensores de derechos humanos y familiares.
Las agresiones tuvieron lugar en nueve centros penitenciarios, entre ellos: Tamara, PNFAS, Morocelí, El paraíso; Ilama, Santa Barbara; Siria, El Porvenir; Olanchito, Yoro.
De igual manera, las denuncias se han registrado en los centros penitenciarios de Trujillo, Colón; Gracias, Lempira y en Comayagua.
Además, las organizaciones defensoras de derechos humanos, manifiestan que la PMOP les ha negado o condicionado el acceso a los centros penitenciarios del país, entre otras denuncias. “Hemos recibido una campaña de difamación a nuestras organizaciones y a nuestro noble quehacer” denunció Rihanna Ferrera.
Otro de los datos que llama la atención a las organizaciones, es la muerte indeterminada de siete personas bajo la custodia del Estado. Mismas que se han registrado en la actual administración a cargo de los militares.
En este contexto, Rihanna Ferrera, recordó que las convenciones y los tratados internacionales ratificados por el Estado de Honduras están por encima de la ley nacional, en ese sentido, llamó a “cumplir y no violentar”.
En consecuencia, las organizaciones defensoras de derechos humanos solicitan a la presidenta Xiomara Castro, desmilitarizar la seguridad ciudadana y el sistema penitenciario.
Por su parte, abogada Sandra Barahona, coordinadora de los jueces de ejecución, consideró que las quejas y denuncias deben ser conocidas por los jueces de ejecución a fin de ser tener el seguimiento respectivo enmarcados en la ley. “En la medida que tengamos jueces más comprometidos, responsables y vigilantes del sistema penitenciario, en esa medida vamos a evitar que se den violaciones a derechos humanos”.
De igual manera, señaló que inspeccionaran el traslado de las mujeres privadas de libertad, vinculadas a la Mara MS, a Ilama Santa Barbara. “No es Ilama una cárcel que tenga las condiciones para albergar mujeres”, expresó Sandra Barahona.
Ante esto el MNP-CONAPREV, recomienda a las autoridades garantizar el trato humano con perspectiva de género.
El sistema penitenciario hasta el 31 de agosto de 2023, tiene una población penitenciaria de 19,116 personas privadas de libertad, de los cuales 8127 son procesados y 9827 con una condena; con relación a las mujeres 581 están procesadas y 581 condenadas.
La preocupación de las organizaciones es con relación a la población privada de libertad que condición de procesados que representa el 45.55%, es decir, no tienen una sentencia firme.
