Por: Joaquín Mejía Rivera
- Una policía manchada de sangre
El 30 de junio de este año, la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI Participa) y el Equipo Jurídico por los Derechos Humanos (EJDH) presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia internacional contra el Estado de Honduras por el asesinato del joven Wilfredo de Jesús Ramírez Moncada a manos de elementos de la Policía Nacional.
Wilfredo tenía 17 años y estudiaba 1° de bachillerato en el Instituto Tecnológico de Administración de Empresas en la ciudad de Choluteca y trabajaba para apoyar económicamente a su madre, Doris Moncada. Sus planes eran estudiar Informática y Derecho en la universidad. Al momento de su muerte, era líder del movimiento estudiantil, defensor de derechos humanos y miembro activo de “Bastión del Sur”.
Gracias a su juventud y activismo, era unas de las figuras más reconocidas del movimiento social en el departamento de Choluteca en contra del fraude electoral y la reelección ilegal del ex titular del Poder Ejecutivo hondureño, Juan Orlando Hernández. Además, su familia también era conocida por su activismo político en defensa de la democracia.
El 10 de abril de 2019 Wilfredo participaba en una de las manifestaciones convocadas por “Bastión del Sur”. Las personas estaban reunidas en la concha acústica de la Plaza de los Maestros en el centro de la ciudad y antes de que iniciara el recorrido de la marcha pacífica varios elementos de la Policía Nacional comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas.
Alrededor de las seis de la tarde hubo el acostumbrado corte de energía eléctrica que ocurría durante el tiempo que duraban las manifestaciones y que tenía el objetivo de que las fuerzas de seguridad del Estado pudieran acorralar, atemorizar y reprimir a las personas manifestantes en medio de la oscuridad.
Como parte de la represión desatada bajo el mando del Subcomisionado de Policía Milton Noé Obando Cardona, también llegaron elementos motorizados de la Policía Nacional haciendo ráfagas de disparos en unas cinco o seis ocasiones en contra de la humanidad de las personas manifestantes.
Wilfredo recibió dos disparos, uno de ellos le perforó la cabeza. La víctima fue ingresada a la sala de emergencia del Hospital General del Sur de la ciudad de Choluteca, pero el personal médico informó que debía ser trasladado de urgencia al Hospital Escuela Universitario de Tegucigalpa; sin embargo, no resistió y murió en el trayecto.
- La investigación de los hechos
Desde el 20 de junio de 2019, Doris, la madre de Wilfredo, denunció ante el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) el asesinato de su hijo. En agosto, ACI Participa, como representante legal de ella presentó un escrito ante la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida del Ministerio Público Regional Sur en el que se solicitó copia del dictamen médico forense preliminar realizado a la víctima.
Después de un silencio absoluto de los órganos de investigación del Estado, se solicitó información sobre los avances al respecto. Como respuesta, el 11 de enero de 2021, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) entregó un primer informe preliminar en el que se informó la realización de 4 diligencias consistentes en una solicitud de la autopsia, una inspección al lugar de los hechos, un decomiso de las armas de fuego del personal policial y una solicitud al laboratorio de balística forense.
En la práctica, estas diligencias no han incidido para que se haya alcanzado avances significativos en la investigación del asesinato de Wilfredo y pese a que los hechos indican que la línea de investigación debe orientarse a la responsabilidad de algunos miembros de la Policía Nacional, cuatro años después del crimen no hay ningún requerimiento fiscal presentado ni ninguna persona responsable sancionada.
Mientras el Subcomisionado, Milton Noé Obando Cardona, fue trasladado quince días después del asesinato de Wilfredo y nombrado jefe de la Fuerza de Tareas Conjuntas XATRUCH, la cual es responsable de graves violaciones a los derechos humanos en la región del Aguán, la madre de la víctima sigue esperando y exigiendo justicia cuatro años después del asesinato de su hijo.
- No es un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón histórico
El papel represivo y violento de las fuerzas policiales en la implementación forzada de los años 80, en el golpe de Estado de 2009 y la crisis postelectoral son una muestra de que en contextos de conflicto social o político existe un despliegue desproporcionado de la fuerza policial con sus consecuentes violaciones a los derechos humanos.
Incluso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó una sentencia contra el Estado de Honduras en el caso Servellón García y otros, por la violación de los derechos a la vida, a la integridad y a la libertad personal de Marco Antonio Servellón García (16 años), Rony Alexis Betancourt (17 años), Diómedes Obed García (19 años) y Orlando Álvarez Ríos (32 años) por parte de miembros policiales.
Los cuatro fueron detenidos en un operativo policial durante la celebración de la independencia de Honduras. Después de ser sometidos a golpizas y malos tratos por los agentes de la policía, fueron ejecutados el 17 de septiembre de 1995. Sus cuerpos fueron hallados ese mismo día en distintos sitios de la capital hondureña por lo que el caso es conocido como “Cuatro Puntos Cardinales”.
A estos hechos graves se suman, entre muchos otros, la ejecución de Rafael Alejandro Vargas Castellanos y Carlos Pineda, hijos de la ex rectora Julieta Castellanos y Aurora Pineda, Keyla Martínez, Wilson Ariel Pérez Hernández, tres aspirantes a la Academia Policial y el joven lenca Marcos Pineda.
Pese a los intentos de depuración policial, éstos no han logrado los resultados esperados, por eso el caso de Wilfredo presentado ante la CIDH es una oportunidad para que este órgano internacional vuelva a conocer un caso de brutalidad policial y para que reflexionemos sobre la necesidad de crear una agencia civil independiente que pueda investigar acciones de policías que resulten en la muerte, lesión o vulneración de los derechos y libertades.
Este mecanismo podría presentar recomendaciones en dos sentidos: por un lado, para que se inicien las investigaciones administrativas o penales que permitan sancionar a quienes estén involucrados en acciones ilícitas; y, por otro, para que se propongan reformas estructurales en la cultura, la formación y la rendición de cuentas de la Policía Nacional.
Se podría argumentar que ya existen instituciones que puedan realizar esas funciones; no obstante, es preciso recordar los altos niveles de desconfianza ciudadana que se reflejan en el más reciente sondeo de opinión pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ):
- El 76.2% tiene poca o ninguna confianza en la Corte Suprema de Justicia.
- El 75.7% tiene poca o ninguna confianza en el Ministerio Público.
- El 74% tiene poca o ninguna confianza en la Policía Nacional.
- El 65.2% tiene poca o ninguna confianza en el CONADEH.
- El 64.9% tiene poca o ninguna confianza en la Policía Militar.
- El 62.5% tiene poca o ninguna confianza en las Fuerzas Armadas.
